REFORMA DEL ORGANISMO DE JUSTICIA: Tras la dimisión de Dívar, Gallardón está dispuesto a negociar con el PSOE el sistema de elección de los vocales para que tenga perdurabilidad en el tiempo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha llevado este viernes al Consejo de Ministros una propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en
la que solo el presidente tenga dedicación exclusiva, mientras que los
20 vocales continúen con su actividad en los tribunales y solo cobren
dietas por su asistencia a los plenos o su participación en comisiones.
La propuesta está basada en las
conclusiones de la comisión de expertos juristas nombrada a propuesta
del Gobierno en marzo para que estudien la reforma de la ley orgánica
del poder judicial.
La intención de Gallardón
es trasladar este informe a los grupos parlamentarios "esta misma
tarde" para buscar el "máximo consenso posible" y presentar antes de que
concluya en septiembre de 2013 el mandato del actual Consejo una
reforma legal que tenga continuidad en el tiempo.
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El
objetivo del Gobierno es fortalecer la imagen del órgano de gobierno de
los jueces, que ha quedado muy dañada tras la dimisión de su
expresidente, Carlos Dívar,
por sus viajes privados a Marbella a cargo del presupuesto del Consejo.
Por ello, el Ejecutivo está dispuesto a negociar con el PSOE la fórmula
de elección de los vocales.
En un principio, Gallardón
apostaba por que 12 de los 20 vocales fueran nombrados por los propios
jueces, cambio al que el Partido Socialista se oponía radicalemente.
El
ministro sigue considerando, según fuentes de su equipo, que esta es la
mejor fórmula pero está dispuesto a negociar con el PSOE un sistema de
elección que satisfaga tanto a PP como al principal grupo de la
oposición con el fin de que la reforma del Consejo esté consensuada y
por tanto la institución recupere la credibilidad perdida.
La
propuesta de la comisión de expertos designada por el Gobierno para
elaborar esta reforma plantea también delimitar las competencias del
CGPJ a asuntos relacionados con nombramientos, inspección y régimen
disciplinario, y que otras funciones, como la actividad internacional,
sean coordinadas previamente con el Ministerio de Exteriores.
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