Después de 3 años de negociación:El Gobierno vasco reforma la Justicia gratuita con la oposición de los abogados.
Rebaja los honorarios el 7% de forma general, si bien mejoran el turno de oficio, los divorcios y los pleitos laborales.
El Gobierno vasco aprobará a finales de este mes, en las postrimerías de la legislatura, el nuevo decreto sobre la Justicia gratuita después de 3 años de negociaciones infructuosas con los 3 colegios de abogados de la comunidad autónoma y a pesar de que ha sido frontalmente rechazado por estos.
El texto recortará los honorarios de los letrados que atienden a personas de escasos recursos en un 7%, de forma general, en consonancia con los recortes aplicados a la renta de garantía de ingresos y a los salarios de funcionarios y altos cargos de la Administración autonómica. No obstante, los letrados verán mejoradas sustancialmente 2 minutas: la de los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo y la de los pleitos en la jurisdicción laboral.
Igualmente, se pagará más por el turno de oficio, al que se apuntan cada vez más abogados y que será atendido por 41 profesionales en Euskadi durante los 365 días del año (21 en Bizkaia, 15 en Gipuzkoa y 6 en Álava). La consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Idoia Mendia, informó ayer en la Cámara vasca de que cobrarán 228 euros por turno.
La Justicia gratuita, que este año ha sido dotada por el Ejecutivo autónomo con 15,1 millones de euros, abrirá el abanico de posibles demandantes a los menores extranjeros para que puedan recurrir órdenes forales. Y las personas que reúnan los requisitos de la ayuda podrán elegir el letrado que quieran, aunque existirá un tope de designaciones para cada profesional.
Qué pleitos y dónde.
Respecto a los requisitos para acceder a la ayuda, seguirán igual.
Podrán solicitarla quienes acrediten unos ingresos no superiores al doble del salario mínimo interprofesional (641 euros mensuales en 14 pagas).
En ocasiones bastará la percepción de los abogados de que el demandante tiene pocos ingresos. Las solicitudes serán aprobadas o denegadas como siempre, por una comisión en la que figuran colegios, Fiscalía, jueces y Gobierno vasco.
Ahora bien, para abonar los honorarios a los abogados, en plazos semestrales, el Ejecutivo autónomo exigirá a los colegios que especifiquen qué pleitos han llevado y en qué juzgados. La viceconsejería de Justicia ya dispone de una aplicación informática para traducir las estadísticas de las organizaciones profesionales, con las que el Gobierno vasco no se aclaraba.
Idoia Mendia reiteró ayer, en una respuesta a la parlamentaria vasca del PP Nerea Llanos, que el empeño del Ejecutivo autónomo en que le detallen los procedimientos costeados por la Justicia gratuita -una cuestión que ha sido imposible desbloquear por 2 viceconsejeros de Justicia, ambos jueces de profesión- obedece a criterios de “transparencia” que son los normales en la Administración pública.
La consejera criticó la actitud de los colegios y el Consejo Vasco de la Abogacía, que aglutina a los 3 anteriores. Todos ellos han acusado a su departamento de inmiscuirse en sus asuntos; y de querer endosarles la tramitación de procedimientos que pueden quedar sin pagar, bien porque al final no superan la criba de la comisión de Justicia gratuita, bien porque el beneficiario 'pasa' de hacer el papeleo o está ilocalizable.
Tampoco están de acuerdo con los honorarios vigentes, que no se han movido desde 2008. La parlamentaria Nerea Llanos dijo ayer que no se ajustan a la realidad.
Mendia, por su parte, no escatimó reproches a los órganos de representación de los letrados. Se quejó de que se ha encontrado con “4 interlocutores” que no parecían estar de acuerdo entre ellos.
En la viceconsejería de Justicia creen que han dado largas en las negociaciones para que el decreto no llegara a aprobarse y todo continuara igual.
Resaltan que Euskadi paga por la Justicia gratuita las minutas más altas de España y que no ha dejado ni un procedimiento sin abonar, mientras que otras autonomías adeudan grandes sumas a los colegios.
También avisan de que el Gobierno central es partidario de una reforma que deje fuera pleitos que hoy se subvencionan y que unifique “a la baja” los honorarios en todas las comunidades.
El Gobierno vasco aprobará a finales de este mes, en las postrimerías de la legislatura, el nuevo decreto sobre la Justicia gratuita después de 3 años de negociaciones infructuosas con los 3 colegios de abogados de la comunidad autónoma y a pesar de que ha sido frontalmente rechazado por estos.
El texto recortará los honorarios de los letrados que atienden a personas de escasos recursos en un 7%, de forma general, en consonancia con los recortes aplicados a la renta de garantía de ingresos y a los salarios de funcionarios y altos cargos de la Administración autonómica. No obstante, los letrados verán mejoradas sustancialmente 2 minutas: la de los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo y la de los pleitos en la jurisdicción laboral.
Igualmente, se pagará más por el turno de oficio, al que se apuntan cada vez más abogados y que será atendido por 41 profesionales en Euskadi durante los 365 días del año (21 en Bizkaia, 15 en Gipuzkoa y 6 en Álava). La consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Idoia Mendia, informó ayer en la Cámara vasca de que cobrarán 228 euros por turno.
La Justicia gratuita, que este año ha sido dotada por el Ejecutivo autónomo con 15,1 millones de euros, abrirá el abanico de posibles demandantes a los menores extranjeros para que puedan recurrir órdenes forales. Y las personas que reúnan los requisitos de la ayuda podrán elegir el letrado que quieran, aunque existirá un tope de designaciones para cada profesional.
Qué pleitos y dónde.
Respecto a los requisitos para acceder a la ayuda, seguirán igual.
Podrán solicitarla quienes acrediten unos ingresos no superiores al doble del salario mínimo interprofesional (641 euros mensuales en 14 pagas).
En ocasiones bastará la percepción de los abogados de que el demandante tiene pocos ingresos. Las solicitudes serán aprobadas o denegadas como siempre, por una comisión en la que figuran colegios, Fiscalía, jueces y Gobierno vasco.
Ahora bien, para abonar los honorarios a los abogados, en plazos semestrales, el Ejecutivo autónomo exigirá a los colegios que especifiquen qué pleitos han llevado y en qué juzgados. La viceconsejería de Justicia ya dispone de una aplicación informática para traducir las estadísticas de las organizaciones profesionales, con las que el Gobierno vasco no se aclaraba.
Idoia Mendia reiteró ayer, en una respuesta a la parlamentaria vasca del PP Nerea Llanos, que el empeño del Ejecutivo autónomo en que le detallen los procedimientos costeados por la Justicia gratuita -una cuestión que ha sido imposible desbloquear por 2 viceconsejeros de Justicia, ambos jueces de profesión- obedece a criterios de “transparencia” que son los normales en la Administración pública.
La consejera criticó la actitud de los colegios y el Consejo Vasco de la Abogacía, que aglutina a los 3 anteriores. Todos ellos han acusado a su departamento de inmiscuirse en sus asuntos; y de querer endosarles la tramitación de procedimientos que pueden quedar sin pagar, bien porque al final no superan la criba de la comisión de Justicia gratuita, bien porque el beneficiario 'pasa' de hacer el papeleo o está ilocalizable.
Tampoco están de acuerdo con los honorarios vigentes, que no se han movido desde 2008. La parlamentaria Nerea Llanos dijo ayer que no se ajustan a la realidad.
Mendia, por su parte, no escatimó reproches a los órganos de representación de los letrados. Se quejó de que se ha encontrado con “4 interlocutores” que no parecían estar de acuerdo entre ellos.
En la viceconsejería de Justicia creen que han dado largas en las negociaciones para que el decreto no llegara a aprobarse y todo continuara igual.
Resaltan que Euskadi paga por la Justicia gratuita las minutas más altas de España y que no ha dejado ni un procedimiento sin abonar, mientras que otras autonomías adeudan grandes sumas a los colegios.
También avisan de que el Gobierno central es partidario de una reforma que deje fuera pleitos que hoy se subvencionan y que unifique “a la baja” los honorarios en todas las comunidades.
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