Un Juez de Familia exige una Fianza

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Un juez exige fianza a una separada para poder cobrar la pensión de su ex marido
La cantidad solicitada asciende a 1.632.000 pesetas

BONIFACIO DE LA CUADRA, - Madrid - 03/01/1990
Un juzgado de familia de Madrid ha exigido una fianza de 1.632.000 pesetas a una mujer que solicitó la ejecución provisional de su sentencia de separación.
La entrega de dicha fianza es requisito previo a la percepción de las 68.000 pesetas mensuales fijadas como pensión compensatoria y que, según la mujer separada, necesita para subsistir.

Al no poder pagar la fianza, la mujer ha pedido al juzgado que le permita disponer de los bienes gananciales que administra el esposo.
El origen de este caso es la sentencia de separación de 27 de abril de 1989 por la que el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Madrid fijó, entre otras medidas, que Mercedes Mella Mazo, ama de casa y madre de tres hijos, debía recibir de su ex marido, José Manuel Núñez Barroso, ingeniero de Renfe con una nómina de 5 millones de pesetas anuales, la cantidad de 68.000 pesetas mensuales en concepto de pensión compensatoria.

El marido apeló la sentencia ante la Sección VIIIª de la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que el fallo no ha sido ejecutado.

La letrada Consuelo Abril, abogada de Mercedes Mella, solicitó la ejecución provisional de la sentencia respecto a la pensión compensatoria, "por ser necesaria para la subsistencia de mi representada, no pudiendo prestar aval según marca la ley", advertía, "dado que no se han liquidado los bienes gananciales y Mercedes Mella no tiene bienes propios".

Los bienes gananciales son 2 pisos en Madrid, 1 en Torremolinos y acciones por más de 10 millones de pesetas, todo ello administrado por el marido.
La abogada expuso al juzgado "el grave perjuicio que representa para Mercedes Mella Mazo el no ejecutarse [la sentencia] durante la tramitación de la apelación".

Falta de medios
El juzgado inició los trámites de la ejecución provisional de la sentencia, para lo que pidió a Mella fianza o aval bancario por la cantidad de 1.632.000 pesetas, equivalente a 2 años de la pensión fijada, tiempo que probablemente tardará en resolverse la apelación.
Ante la falta de medios para prestar la fianza, Mella ha intentado, sin éxito, recuperar uno de los pisos de propiedad ganancial, alquilado por el marido, y ha pedido al juzgado que le permita disponer de bienes gananciales, ya que su esposo está "ocasionándole graves perjuicios" con la administración que hace.

Fuentes de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, consultadas por este periódico, han considerado este caso como uno más de los que continúan produciéndose en nuestro país.
Esta incidencia demuestra que "son inoperantes las medidas aprobadas en el Código Penal sobre el incumplimiento de pensiones de separación, divorcio o nulidad".

Como señaló en su momento el mencionado colectivo, "lo que se ha penalizado es el impago de pensiones acordadas por resolución Judicial Firme, con lo que queda sin resolver, entre otros muchos problemas, la subsistencia de la mujer mientras se tramita la apelación".