http://www.thefamilywatch.org/tfw/tfw-0064-es.php
La ruptura perjudica seriamente la salud
Carlos Martínez de Aguirre - La Gaceta, 19 de junio 2010.
Desde hace algunos años, por razones entendibles y en general convincentes, estamos asistiendo a una suerte de cruzada pública contra el tabaco.
En efecto, estudios suficientemente solventes parecen demostrar, más allá de toda duda razonable, que el uso del tabaco está asociado con importantes problemas de salud, tanto para los fumadores activos como para los pasivos.
Estos problemas generan costes personales (a los fumadores activos y pasivos) y económicos (a la sociedad) excesivamente elevados, en términos tanto de mortalidad, como de incidencia no mortal de diversas patologías, como de gasto sanitario público, como de costes asociados e indirectos.
Todo ello ha provocado una contundente reacción por parte de los poderes públicos, concretada en la legislación antitabaco puesta en vigor en los últimos años: así, se ha limitado la publicidad del tabaco, se ha aumentado su precio, se ha prohibido fumar progresivamente en espacios públicos, se han puesto en marcha campañas de formación e información dirigidas a consumidores actuales o potenciales de tabaco, etc.
Todo lo cual, discusiones aparte, parece en términos generales muy razonable.
A partir de aquí, lo que no acabo de entender es que esos mismos criterios no se apliquen en otros ámbitos (y pienso en el de las crisis familiares), cuando estudios tan numerosos y solventes como los referidos a los efectos perjudiciales del tabaco, demuestran las consecuencias en muchos casos devastadoras de las rupturas familiares, tanto en términos personales como económicos.
Todo esto me venía a la cabeza leyendo 2 recientes informes de la Relationships Foundation inglesa:
a.-uno referido a los costes de las rupturas familiares (Counting the cost of family failure) y
b.-otro complementario, referido a los beneficios derivados del matrimonio (Why does marriage matters?); ambos de 2010.
Así, el primero de estos informes cifra en 41.700 millones de libras el coste anual de las familias rotas en Gran Bretaña, es decir, 1.350 libras por contribuyente y año.
El informe alude tangencialmente a los costes no económicos de las rupturas, que son también conocidos de sobra, como son conocidos los estudios que afirman los beneficios que reporta la estabilidad familiar (estabilidad que, de acuerdo con esos mismos estudios, está unida al matrimonio); sobre esto, me remito al Informe 2009-La familia sostenible, elaborado por The Family Watch; por citar algún dato de los allí recogidos:
1.- los hijos de familias monoparentales tienen una probabilidad del 15% de padecer una enfermedad mental y los de divorciados de un 11%, frente al 7% de la media total;
2.- en comparación con los hijos de matrimonios estables, el riesgo de mortalidad infantil aumenta un 25%-30% en el caso de padres que conviven pero no están casados y un 45%-68% en el de familias monoparentales;
3.- un último dato, elegido algo arbitrariamente: el número de embarazos adolescentes es aproximadamente el doble en las adolescentes cuyos padres no están casados que en las que sí lo están.
Y como éstos, muchos más estudios y datos, fácilmente accesibles a quienes tengan interés. Ahora bien, ante estos estudios, y las conclusiones a las que llegan, ¿cuál es la reacción de los poderes públicos, al menos en nuestro país?
Es llamativa: facilitar legalmente las rupturas matrimoniales, a través del llamado divorcio express (es decir, hacer el matrimonio menos estable), y, desde el punto de vista de la formación e información, transmitir machaconamente el mensaje, desmentido por los estudios a los que me refiero, de que todos los llamados modelos familiares son iguales.
Es decir, algo así como si, en el caso del tabaco, a la vista de los problemas de salud que provoca, se decidiera facilitar su consumo, y transmitir el mensaje de que da igual fumar que no fumar. ¿No sería mucho más lógico reaccionar en este campo, como se ha hecho en relación con el tabaco, respetando la libertad de los ciudadanos, pero informándoles de todo lo que sabemos? ¿No sería razonable, al menos incentivar que los ciudadanos opten por el modelo más estable (el matrimonio), que es el que mejores resultados da?
¿No sería oportuno poner en marcha campañas de formación e información que dejaran claro a los ciudadanos todos esos extremos?
¿No sería conveniente establecer recursos que ayudaran a los ciudadanos a mantener su relación, en lugar de facilitarles la ruptura?
¿No sería exigible de los poderes públicos que actuaran en este campo, al menos, con el mismo sentido común que demuestran en otros?
Vuelvo al título, que confío que ahora se entienda mucho mejor:
¿y si hacemos con las rupturas familiares como con el tabaco?
Carlos Martínez de Aguirre es catedrático de Derecho Civil y presidente de The Family Watch.
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