Mª González Villasevil, E&J, 29/11/2024
Análisis de la Ley de Violencia de Género en el 20º aniversario de su aprobación.
Expertas penalistas y en violencia de género señalan los puntos fuertes y débiles de la norma.
El 29 de diciembre de 2004, a punto de acabarse el año, España se convertía en el país europeo pionero en impulsar una ley que protegiera a las víctimas de violencia de género.
Análisis de la Ley de Violencia de Género en el 20º aniversario de su aprobación.
Expertas penalistas y en violencia de género señalan los puntos fuertes y débiles de la norma.
El 29 de diciembre de 2004, a punto de acabarse el año, España se convertía en el país europeo pionero en impulsar una ley que protegiera a las víctimas de violencia de género.
Ese día, hace ya 20 años atrás, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual no entraría en vigor hasta el siguiente mes.
En la exposición de motivos de la Ley de Violencia de Género se explicaba que “la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado”, sino que, por el contrario, “se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”. Una violencia que se proyecta contra las mujeres por el simple hecho de serlo, y por ser consideradas, por sus agresores, “carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
Años atrás, en 1995, en la IV Conferencia Mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya reconoció que la violencia dirigida contra las mujeres era un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y violaba y menoscababa el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el caso de España, en la Ley de Protección de Medidas Integral contra la Violencia de Género se dejaba claro que en nuestro país existía una gran conciencia sobre este tipo de agresiones, las cuales eran causa de alarma social y se rechazaban colectivamente; y que la violencia de género ya no era un “delito invisible”.
La violencia de género a la que se refería la citada Ley española comprendía todo acto de violencia física o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad; pero también entendía como violencia de género aquella que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejercía sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Por ello, con esta norma se pretendía actuar contra la violencia que se ejercía contra las mujeres, brindando la protección y ayuda necesaria a estas víctimas y a sus hijos menores a través de medidas que les protegiesen y, al mismo tiempo, que permitieran prevenir, sancionar y erradicar esta violencia.
En su día la norma suscitó gran debate por quienes consideraban que la misma era inconstitucional. En una entrevista realizada en 2022 en el plato de TV de Economist & Jurist a María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, la jurista reconoció que la Ley —la cual fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional cuando ella presidía este órgano— “debería haber sido más efectiva”; no obstante, la jurista aclaró que el hecho de que la norma no haya sido efectiva no significaba que “la Ley no haya sido necesaria”.
A fecha de hoy, 20 años más tarde de que se aprobara la ya conocida como ‘Ley de Violencia de Género’, el debate sobre la misma aún no ha cesado.
En la exposición de motivos de la Ley de Violencia de Género se explicaba que “la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado”, sino que, por el contrario, “se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”. Una violencia que se proyecta contra las mujeres por el simple hecho de serlo, y por ser consideradas, por sus agresores, “carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
Años atrás, en 1995, en la IV Conferencia Mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya reconoció que la violencia dirigida contra las mujeres era un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y violaba y menoscababa el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En el caso de España, en la Ley de Protección de Medidas Integral contra la Violencia de Género se dejaba claro que en nuestro país existía una gran conciencia sobre este tipo de agresiones, las cuales eran causa de alarma social y se rechazaban colectivamente; y que la violencia de género ya no era un “delito invisible”.
La violencia de género a la que se refería la citada Ley española comprendía todo acto de violencia física o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad; pero también entendía como violencia de género aquella que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejercía sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Por ello, con esta norma se pretendía actuar contra la violencia que se ejercía contra las mujeres, brindando la protección y ayuda necesaria a estas víctimas y a sus hijos menores a través de medidas que les protegiesen y, al mismo tiempo, que permitieran prevenir, sancionar y erradicar esta violencia.
En su día la norma suscitó gran debate por quienes consideraban que la misma era inconstitucional. En una entrevista realizada en 2022 en el plato de TV de Economist & Jurist a María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, la jurista reconoció que la Ley —la cual fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional cuando ella presidía este órgano— “debería haber sido más efectiva”; no obstante, la jurista aclaró que el hecho de que la norma no haya sido efectiva no significaba que “la Ley no haya sido necesaria”.
A fecha de hoy, 20 años más tarde de que se aprobara la ya conocida como ‘Ley de Violencia de Género’, el debate sobre la misma aún no ha cesado.
Aunque es cierto que, en comparación desde el 2004 las muertes por violencia de género han disminuido, los casos continúan persistiendo.
Según datos del Ministerio de Igualdad, desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy, el número de mujeres víctimas mortales de Violencia de Género asciende a 1.287, de las cuales 42 de esas muertes corresponden al año 2024.
Esos datos evidencian que aunque la Ley ha permitido visibilizar el problema y prestar mayor protección y ayuda a las víctimas, así como a hijos menores de estas víctimas, sigue existiendo un problema grave en la sociedad.
Esos datos evidencian que aunque la Ley ha permitido visibilizar el problema y prestar mayor protección y ayuda a las víctimas, así como a hijos menores de estas víctimas, sigue existiendo un problema grave en la sociedad.
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