miércoles, 14 de diciembre de 2022

La UE emitirá un certificado de paternidad

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 para luchar contra los secuestros de niños mientras España los indulta.
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Pretende diseñar un control parental para evitar que uno de los padres pueda cruzar la frontera sin control ni permiso de su cónyuge.
Carlos Cuesta,14/12/2022 
El Gobierno no deja de regalar leyes a Podemos en materia de ideología de género. Y no sólo leyes, sino hasta indultos a condenadas por el secuestro de hijos con el fin de alejarlos de los padres. Y, en medio de todo ello, la Unión Europea va a emitir un certificado de paternidad, precisa-mente, para luchar contra los secuestros de los menores.

"Los ciudadanos de la UE pueden vivir y trabajar en diferentes países de la UE. Viajan, se mudan por trabajo, compran casas y hacen familias. Sin embargo, la paternidad establecida en un Estado miembro de la UE no siempre se reconoce actualmente en todos los demás Estados miembros, lo que afecta a los niños y sus derechos", señala la comunicación de la UE. Tras esa fórmula, claramente diplomática, se prepara un sistema que diseñará un control parental para evitar que uno de los padres pueda cruzar la frontera sin control ni permiso de su cónyuge y para que el padre o madre afectados puedan ser reconocidos de inmediato en el país de huida para actuar en defensa de sus derechos y los de los menores.

La comunicación de la UE señala que la normativa europea "ya requiere que los Estados miembros reconozcan la paternidad de un niño establecida en otro Estado miembro a los efectos de los derechos que el niño tiene en virtud de la legislación de la UE". Pero que, "sin embargo, la legislación de la UE aún no requiere que los Estados miembros reconozcan la paternidad de un niño establecido en otro Estado miembro a los efectos de los derechos que un niño tiene en virtud de la legislación nacional". Y esto significa que "a un niño se le puede negar la paternidad en algunos Estados miembros, privándolo de los derechos derivados de la paternidad en virtud de la legislación nacional, como la sucesión, el mantenimiento, la custodia o la responsabilidad de los padres de actuar como representante legal del niño para asuntos como tratamientos médicos, escolarización, etc".

Protección de los derechos de los niños
Las familias pueden tener que iniciar procedimientos administrativos o incluso judiciales para que se reconozca la paternidad, pero estos son costosos y lentos. Y por ello, surge la nueva norma: "La propuesta presentada por la Comisión tiene como objetivo cerrar las lagunas existentes, proporcionar seguridad jurídica a las familias, reducir los costos y la carga legales y, lo que es más importante, proteger los derechos fundamentales de los niños".

La propuesta tiene 3 objetivos. El 1º, "fortalecer la protección de los derechos fundamentales y otros derechos de los niños en situaciones transfronterizas, incluido su derecho a una identidad, a la no discriminación y a una vida privada y familiar, o a la sucesión y el mantenimiento en otro Estado miembro, teniendo en cuenta el interés superior del niño como consideración principal". 
En 2º lugar, la UE quiere "proporcionar seguridad jurídica y previsibilidad sobre las normas que los Estados miembros deben aplicar al establecer la paternidad de un niño en una situación transfronteriza o al reconocer la paternidad de un niño como ya establecida en otro Estado miembro".
Y, por último, Bruselas quiere "reducir los costes y las cargas legales para las familias y los sistemas administrativos y judiciales de los Estados miembros en relación con los procedimientos judiciales iniciados por las familias para que la paternidad de sus hijos sea reconocida en otro Estado miembro".

Mientras, la actitud del Gobierno español es la contraria. Pedro Sánchez ha concedido ya el indulto a la expresidenta de la asociación Infancia Libre, María Sevilla, condenada en 2020 a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de sustracción de menores, en concreto de su hijo. 
E, igualmente, el Consejo de Ministros ha concedido el indulto parcial a Juana Rivas, condenada a 2 años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido, el italiano Francesco Arcuri.

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