Los secuestros parentales baten todos los récords en España

...... desde que Irene Montero es ministra de Igualdad.
Tras el escándalo destapado en junio por LD, Interior se ve obligado a ofrecer las cifras, aunque sigue ocultando el género del secuestrador.
Sandra León, 25/10/2022 
El pasado mes de junio, Libertad Digital destapó que, por 1ª vez, España oculta en las estadísticas oficiales el número de secuestros parentales que se perpetran en nuestro país, suprimiendo este dato del informe anual que publica el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES). Ya entonces, la Asociación Niños sin Derechos (NISDE) dejó entrever que la "opacidad total" del Gobierno de Pedro Sánchez podría responder al interés por ocultar la realidad en plena campaña de indultos a secuestradoras como Juana Rivas o María Sevilla, a las que la ministra de Igualdad califica como "madres protectoras".

Tres meses después, el Ministerio de Interior corrobora las sospechas de tal vergonzosa maniobra, al reconocer que en el año 2021 se abrieron hasta 434 diligencias policiales por sustracción de menores, nombre con el que jurídicamente se conoce a los secuestros parentales. Según las estadísticas publicadas por el CNDES, en 2019 -último año en el que los datos se hicieron públicos-, el número de casos se situó en 369, siendo la cifra más alta hasta ese momento, por lo que la información facilitada ahora por el Gobierno viene a demostrar que, tras la llegada de Irene Montero al ministerio de Igualdad, las cifras habrían batido todos los récords. Lo que sigue sin aclarar es el género del secuestrador.

Histórico de sustracción de menores del CNDES

Los datos de este 2022
En cuanto a este 2022, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reconocen que, hasta el pasado mes de agosto, ya habían registrado 283 casos, incluyendo 14 en el extranjero, lo que significa que en España se produce al menos 1 secuestro de 1 menor al día por parte de su padre o madre. En el desglose por comunidades, Cataluña se situaría a la cabeza, con 53 casos hasta este verano.

Le seguirían la Comunidad Valenciana, con 46 casos, Andalucía, con 44 y la Comunidad de Madrid, con 40. 

Mientras tanto, en las Islas Baleares se habrían abierto 32 diligencias, en Canarias, 25, en Galicia, 19 y en el País Vasco, 18. Fuera de España, las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de 26 denuncias.

La opacidad del Gobierno
Los datos fueron facilitados este domingo a la agencia Europa Press y corroborados a este periódico por el Ministerio del Interior, que, sin embargo, sigue sin incluirlos en ningún informe oficial. "No están publicados en la web. Son los datos recogidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se vuelcan en el Sistema Estadístico de Criminalidad y que se facilitan a los medios de comunicación que así lo solicitan", esgrimen a Libertad Digital fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska.

A pesar de que el Centro Nacional de Personas Desaparecidas venía publicando anualmente las cifras, por 1ª vez el informe de 2021 suprimió la categoría de sustracción de menores, limitándose a distinguir entre desaparición "forzosa", "involuntaria", "voluntaria" o "sin catalogar". "Antes, el Centro Nacional de Desaparecidos nos daba todo tipo de datos: género del secuestrador, datos por provincia, por regiones, por rangos de edad... La información era buenísima y exhaustiva, y nos servía como herramienta de prevención, pero ahora mismo la opacidad es total", denunciaba en junio en LD el presidente de NISDE, Javier Somoza.

Ahora, el Gobierno se ha visto obligado a reconocer el imparable aumento de este delito. Sin embargo, siguen haciéndolo por la puerta de atrás. "Hacen lo mismo que la Dirección General de Cooperación Jurídica del Ministerio de Justicia: tienen los datos pero no los hacen públicos", lamenta Somoza, que no entiende por qué se da las cifras a un medio y, sin embargo, no aparecen reflejadas en un informe oficial, dada su gravedad.

El rapapolvo internacional
De la misma manera, llama la atención que se oculte el género del secuestrador, algo de lo que ya alertó en 2018 el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, según sus siglas en inglés). Hace 4 años, este organismo ubicado en La Haya publicó un informe en el que revelaba que 7 de cada 10 secuestros parentales son perpetrados por mujeres. La cifra había sido extraída de un pormenorizado análisis de los datos aportados por los distintos países, en el que, sin embargo, ya se abroncaba a España precisamente por su opacidad.

"El Gobierno central español fue incapaz de proporcionar información sobre la relación entre el secuestrador y el niño. En informes anteriores, la mayoría de las personas secuestradoras eran madres, representando el 67% en 2008, el 71% en 2003 y el 61% en 1999", rezaba el documento (página 116).

De acuerdo con los reproches del ICMEC, el género del secuestrador habría desaparecido así de los informes españoles, al menos, desde 2009, época en la que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Somoza asegura que el resto de datos (edad del menor, lugar de procedencia, etc) se empezaron a ocultar hace 3 años, ya con Pedro Sánchez en el poder.

"Si uno tiene una enfermedad, lo mejor es conocer los síntomas y analizar todo para poder dar con la mejor solución, pero en este país parece que lo que se quiere es tapar esa enfermedad y así nunca la vas a curar", advertía el presidente de NISDE, que insistía en que "es evidente", que la mayor parte de los secuestros son perpetrados por la madre. Es más, en NISDE, el porcentaje de casos en los que la secuestradora es la mujer se eleva al 92%.