UP: Perez del Campo se queda sin subvenciones del Estado

El 1º centro de recuperación integral para víctimas de violencia machista, abocado al cierre por la falta de financiación.
La presidenta de la Federación ha lamentado que es inviable poder seguir con el programa.
NATALIA CABO, 11 mayo 2022
La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD), presidida por Ana María Pérez del Campo, se encuentra en una situación dramática por la falta de apoyo por parte del Gobierno. Los fondos que la sustentan y hacen posible su labor como un centro de recuperación integral de mujeres maltratadas han caído en picado este año.
El centro, con más de 3.000 m2 para atender a las mujeres y sus hijos que llaman a la Federación, se ve abocado al cierre al llevar meses sin poder pagar a sus profesionales y recibir una subvención notablemente inferior a lo que necesitan para funcionar. El 1º problema ha llegado por el retraso en el recibo de la subvención que reciben por parte del Gobierno central, ya que en lugar de llegar en el mes de diciembre para poder afrontar el nuevo año, la han recibido en el mes de mayo. A ello hay que sumar que la cantidad que han recibido este año se ha visto recibida en un 75%, recibiendo únicamente 260.641 €, frente a los 800.000 que necesitan para su correcto funcionamiento. La cantidad que reciben por parte de la Comunidad de Madrid es notablemente menor, son unos 60.000 euros, pero han llegado para poder usarse desde principio de año.
Tal como explica la propia Pérez del Campo en declaraciones a ElPlural.com, estos meses de penuria han podido salir adelante gracias al compromiso de los profesionales que trabajan en ella y los proveedores, que se han ofrecido a trabajar sin cobrar. La labor del centro es de vital importancia para muchas mujeres, más de 40 personas hay en la actualidad siendo atendidas, y otras muchas están en lista de espera. Pérez del Campo es contundente al definir la labor de la Federación: “No se trata de una casa de acogida, refugio o un espacio cualquiera, es un centro de recuperación integral. El objetivo es extinguir los restos de violencia que anidan en las vidas de las víctimas, entender a las mujeres y sus hijos, ganar su confianza, darles hogar y nuevas oportunidades para que comiencen desde cero”. Además, señala que también funciona como un centro de recogida de datos para poder fundamentar que la violencia se transmite de padres a hijos, y un niño o niña que ha visto violencia en su casa lo va sufrir.
El origen del problema
Tal como ha detallado la presidenta de la Federación, “nunca, gobernara quien gobernara”, han tenido problema para recibir la subvención. En la actualidad, lamenta que “es inviable seguir con el programa”. El ingreso que ha recibido la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas desde la Comunidad de Madrid es de 66.117 €, 29.206 € por parte del Instituto de las Mujeres, y los recién recibidos 260.641 € del Gobierno, que han servido para saldar los retrasos y, tal como señala la presidenta, servirán para aproximadamente 1 mes más.
El origen del problema se sitúa en 2014, cuando la Generalitat de Cataluña reclamó que las comunidades autónomas tuvieran el poder para repartir la asignación tributaria del IRPF destinada a los programas de interés general. Fue en 2017 cuando el Tribunal Constitucional falló al respecto y lo hizo en contra del reparto estatal de estos fondos. No obstante, pese a suceder esto en 2017, la Federación no ha tenido problema hasta este último año, en 2021, cuando han recibido la subvención 5 meses tarde y han visto reducida la cantidad en un 75%.
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales señala que fue en 2021 cuando firmó un acuerdo con las comunidades autónomas y la Plataforma del 3º Sector para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, a través del cual se ha conseguido llegar a un consenso entre las partes implicadas. Así, se aprobó que a las comunidades les corresponde un 80% de esos fondos y al Estado un 20%.
Es por ello que señalan que la necesidad de firmar este acuerdo, que se selló el pasado mes de julio, ha llevado a la prolongación de los plazos con respecto a años anteriores. También recalcan que con este 20% el Estado puede financiar investigaciones, redes estatales, internacionalización de las entidades… pero no atención directa, salvo en casos excepcionales.
Además, las mismas fuentes señalan que, para hacer frente a la preocupación de entidades feministas por cómo va a repercutir la sentencia en su financiación, el Ministerio de Igualdad propuso en noviembre de 2021, en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que las entidades feministas con atención a víctimas reciban un porcentaje de los fondos del Pacto. “Todas las entidades eran conscientes de que había que resolver esta cuestión desde 2017 y dar cumplimento al mandato del Tribunal Constitucional que es muy claro: la asistencia social directa la regulan las comunidades autónomas y es una competencia exclusiva de ellas”, rematan.

Nota: El Negocio de las Feministas:De las Subvenciones estatales se vive estupendamente.