jueves, 4 de febrero de 2021

Desmantelada red de falsas víctimas de maltrato doméstico.

Desmantelada una red que tramitaba permisos de residencia y rentas mensuales a falsas víctimas de maltrato.

Los delincuentes pedían 4.000 euros a mujeres extranjeras en situación irregular en El Ejido y daban 1.000 a un hombre para que les pegara en público.
JAVIER ARROYO, Granada - 03 FEB 2021
6 personas han sido detenidas y 40 son investigadas en El Ejido (Almería) por pertenecer a una trama criminal que conseguía permisos de residencia en España y rentas mensuales a mujeres que simulaban ser víctimas de violencia machista. El fraude comenzó a detectarse en marzo del año pasado y la Policía Nacional estima que puede haber algo más de 20 parejas creadas artificialmente para conseguir estas ayudas.
El modus operandi era simple: localizar mujeres sin documentación para vivir en España y ofrecerles, a cambio de 4.000 euros, una pareja ficticia. Con el hombre provocarían una actuación en la que este le pegaría en público y, si todo iba bien, un juzgado dictaminaría que tenían derecho al permiso de residencia. En el mejor de los casos, podrían optar a una renta de 460 € que podría durar entre 11 meses y 3 años.
La Policía Nacional percibió en marzo del año pasado que se estaban dando numerosos casos de malos tratos en una misma zona de El Ejido. Siempre eran, además, en sitios públicos, con testigos —ajenos a la trama— y con cierta regularidad en el tiempo. Las agresiones eran reales aunque, según la policía, siempre estaban medidas para no hacer daños irreparables. Los agentes descubrieron finalmente que esa repetición era realmente un negocio organizado por 2 hermanos que se embolsaban 3.000 € por pareja: 4.000 recibían de cada una de las mujeres y pagaban 1.000 al hombre que les infligía los malos tratos. 
Al hacerlo en lugares públicos y con testigos, estos aportaban en el juicio posterior una credibilidad añadida.
La trama ha sido desmantelada a final de enero y la investigación ha descubierto que había conseguido ya 4 permisos de residencia y 2 rentas de inserción. En ambos casos, informa la policía, se ha informado a la administración competente para extinguir esos beneficios. 
Las 6 personas detenidas y las 40 investigadas se enfrentan a delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, simulación de delito y denuncia falsa. 
Fuentes de la investigación en Almería han explicado que la operación se mantiene abierta y están convencidos de que habrá nuevas detenciones en un futuro próximo, a medida que vayan descubriendo nuevas falsas parejas.
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la Ley de Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género prevé que cuando una mujer es víctima de una situación de violencia pueda beneficiarse de la denominada Renta Activa de Reinserción que, en 2020 estaba fijada en 430 €.
Esa renta se puede cobrar, en casos de violencia de género, 11 meses iniciales y, si se dan una serie de requisitos, ampliarse a 3 años. Pero para que se pueda conseguir es necesaria una sentencia judicial, un informe de la Fiscalía o una orden de protección, por lo que la trama desarticulada montaba su operación siempre en un sitio público. 
La Ley de extranjería, además, prevé que cuando se trate de víctimas extranjeras y sin permiso de residencia válido se les conceda, como medida de protección, una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales desde el mismo momento de presentar la denuncia en la Policía Nacional.
Las causas judiciales por denuncia falsa por violencia de género son prácticamente anecdóticas respecto a las investigaciones por agresiones machistas. En el año 2019 se interpusieron 168.057 denuncias por violencia de género, mientras que solo se abrieron 7 causas por denuncia falsa y otras 17 causas estaban pendientes de incoación, según la última memoria de la Fiscalía. La proporción entre los procedimientos por denuncia falsa desde 2009 –121 en total– en relación con los procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria es del 0,0069%, según el ministerio público

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