Un tercio de las sentencias no retiran la patria potestad a los padres violadores

Un 8% de las absoluciones en procesos por delitos sexuales contra niños se basan en el Síndrome de Alienación Parental (SAP).
Un 64% de los menores violados lo son antes de los 12 años, según un estudio de 455 resoluciones judiciales de los últimos 9 años.
Patricia Martín, MADRID, 20/11/2020 
El ‘caso Maristas’, destapado por EL PERIÓDICO, puso de manifiesto que la prescripción de los delitos de pederastia impide condenar a los violadores de niños: de los 13 profesores denunciados, sólo 1 fue a juicio y por 4 de las 17 denuncias. Pero no sólo hay un problema con la prescripción, un estudio financiado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género y presentado este viernes revela que hay muchas más anomalías judiciales en la ‘Respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas’, que es como se denomina la investigación realizada por la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Por ejemplo, el 33% de los padres condenados por abusar sexualmente de sus hijos y que estos no se encuentran próximos a cumplir la mayoría de edad sigue manteniendo la patria potestad después de la condena, lo que les permite decidir sobre varios aspectos de sus vidas (aunque se haya suspendido el régimen de visitas), como por ejemplo sobre a qué colegio asisten.
Además, la inhabilitación para ejercer profesiones que conlleven el contacto con menores y que es obligatoria desde la reforma penal del 2015 no se aplica en un 74% de las sentencias condenatorias, lo que supone un claro “fallo” detectado por la investigación que sus autoras esperan que se corrija, según ha expuesto Ángela Alemany, del colectivo Themis.
Falta de informes psicológicos.
También es llamativo que las sentencias establecen una indemnización media de 33.000 euros, pero en muchas resoluciones no se establece compensación alguna y otras fijan cuantías ínfimas. Y es que únicamente el 18,6% de los fallos analizados consta que se haya practicado un informe psicológico para valorar el daño que ha sufrido el menor debido a los delitos sexuales. Además, peses a las previsiones legales sobre asistencia psicológica especializada en las testificales de menores, su práctica no está generalizada. Y la prueba preconstituida, aquella que impide que la víctima tenga que relatar varias veces durante el proceso judicial lo sufrido, sólo se usa en el 14% de los supuestos.
En este contexto, aunque la mayoría de las 455 sentencias analizadas y dictadas entre 2010 y 2019 son condenatorias, el 75%, se ha detectado que un 8% de las absoluciones se basan en que la víctima ha tardado en denunciar (algo frecuente) y otro 8% en que un adulto ha manipulado al menor para que declare en contra de su otro progenitor, lo que se engloba en el Síndrome de Alienación Parental (SAP), que los colectivos feministas quieren desde hace años desterrar de los tribunales españoles.
Antes de los 12 años.
La investigación, que da cumplimiento a una de las medidas del pacto de Estado contra la violencia machista, pone de manifiesto además que las víctimas son mayoritariamente niñas, en un 71% de los casos, y casi el 64% de los abusos se producen antes de los 12 años. 

Asimismo, un 74% de los agresores son del ámbito familiar o del entorno cercano a las víctimas, pese a la falsa creencia de que la mayoría de violaciones se cometen por desconocidos.