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Coordinador parental por orden judicial: un negocio creciente con facturas de hasta 12.000 euros por familia.
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Madrid financia con dinero público una asociación que introduce el Síndrome de Alienación Parental en los juzgados.
La Fundación Filia de Amparo al Menor, una organización ultraderechista, recibe fondos del Gobierno de Madrid para ofrecer de forma "gratuita" asistencia de coordinadores parentales, una figura innecesaria para diversas expertas y que sirve para introducir el SAP en los juzgados de Familia.MARISA KOHAN, MADRID, 04/11/2020
La Comunidad de Madrid financia con dinero público a la Fundación Filia de Amparo al Menor, para que los madrileños accedan de forma "gratuita" al servicio de coordinación de parentalidad que esta organización intenta implantar en nuestro país desde hace varios años. Se trata de una figura que no está regulada en ninguna ley, que no tiene funciones definidas, ni un programa homologado de formación de los profesionales que la practican, pero que cada día se utiliza más en juzgados españoles en procesos de separaciones conflictivas. Específicamente en los procesos judiciales en los que existe un reiterado incumplimiento de las sentencias y en las que están involucrados los hijos menores.
Según denuncian diversas asociaciones de juristas y expertas en infancia, la figura del coordinador parental es una forma de introducir en los juzgados el mal llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una patología que no está reconocida por ninguna organización médica o psiquiátrica internacional y que en nuestro país rechazan tanto el Consejo General del Poder Judicial, o el Colegio Oficial del Trabajo Social, entre otras.
El SAP entra en los procesos judiciales culpando a las madres de alienar a sus hijos para que no quieran ver a su progenitor, aduciendo que son ellas las que interfieren en la relación paterno-filial, en la mayoría de ocasiones sin tener en cuenta el testimonio del menor y los motivos por los que rechaza la figura paterna.
Este supuesto síndrome se aplica muy a menudo en procesos en los que hay denuncia por violencia de género o de abusos sexuales a menores.
Según un reciente informe de la Asociación de Jurista Themis, la Fundación Filia de Amparo al Menor, ha sido la punta de lanza para introducir el SAP en los procesos judiciales en nuestro país y desde el año 2011 comenzó a introducir la figura del coordinador de parentalidad en España. Unos años después Filia también creó los primeros cursos universitarios para formar a profesionales en esta supuesta especialidad. Unos títulos que no están reconocidos por ninguna institución, excepto por la propia Filia, que creó la Asociación Española de Coordinadores Parentales (ASECOP).
Entre los profesores del curso sobre coordinación parental puesto en marcha en la Universidad Rey Juan Carlos en 2018, figuraba el conocido como Juez Francisco Serrano, un negacionista de la violencia de género que poco después se convertiría en el cabeza de lista de Vox en Andalucía.
La presidenta de la Fundación Filia, Lucía del Prado del Castillo, tampoco es una desconocida. En diversas intervenciones, como la que realizó ante la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados en Octubre de 2018, se explaya sobre la existencia de infinidad de denuncias falsas en relación a la violencia de género y en el hecho de que los menores mienten.
"Es inconcebible", afirma Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea, "que el Gobierno de Madrid esté financiando a esta organización negacionista de la violencia de género y pro SAP, considerándola como de interés social. 1º porque la coordinación de parentalidad no es de interés social y 2º porque la propia organización y los postulados que defiende, van contra las mujeres y los niños".
Fondos del 0,7% del IRPF
La financiación de Filia para la contratación de coordinadores parentales proviene de los fondos que Madrid gestiona de la casilla para asuntos sociales del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF), el conocido como 0,7%. Según los datos recogidos en el Portal Ciudadano de la Comunidad de Madrid, la organización recibió para 2020 algo más de 43.000 euros de los más de 163.000 que solicitó. Este es el único dato disponible hasta la fecha.
Entre los profesores del curso sobre coordinación parental puesto en marcha en la Universidad Rey Juan Carlos en 2018, figuraba el conocido como Juez Francisco Serrano, un negacionista de la violencia de género que poco después se convertiría en el cabeza de lista de Vox en Andalucía.
La presidenta de la Fundación Filia, Lucía del Prado del Castillo, tampoco es una desconocida. En diversas intervenciones, como la que realizó ante la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados en Octubre de 2018, se explaya sobre la existencia de infinidad de denuncias falsas en relación a la violencia de género y en el hecho de que los menores mienten.
"Es inconcebible", afirma Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea, "que el Gobierno de Madrid esté financiando a esta organización negacionista de la violencia de género y pro SAP, considerándola como de interés social. 1º porque la coordinación de parentalidad no es de interés social y 2º porque la propia organización y los postulados que defiende, van contra las mujeres y los niños".
Fondos del 0,7% del IRPF
La financiación de Filia para la contratación de coordinadores parentales proviene de los fondos que Madrid gestiona de la casilla para asuntos sociales del Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF), el conocido como 0,7%. Según los datos recogidos en el Portal Ciudadano de la Comunidad de Madrid, la organización recibió para 2020 algo más de 43.000 euros de los más de 163.000 que solicitó. Este es el único dato disponible hasta la fecha.
Más allá de estas cifras, la información es opaca. El pasado mes de junio Lorena Morales solicitó información sobre esta subvención. Pedía conocer el expediente completo relativo a la Protección al menor desde la intervención del coordinador parental 2020, presentado por Filia a la Consejería de Políticas Sociales y Familia. 4 meses después no había obtenido ninguna respuesta.
"La pregunta la registré en la mesa de la Asamblea y tras publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tenían 2 meses para contestar, pero no recibí nada. A principios de octubre solicité y obtuve un amparo, que significa que si no hay impedimentos para desvelar una determinada información, están obligados a responder", afirma Morales. De esto hace ya más de 1 mes y todavía no ha recibido ninguna respuesta.
"La pregunta la registré en la mesa de la Asamblea y tras publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tenían 2 meses para contestar, pero no recibí nada. A principios de octubre solicité y obtuve un amparo, que significa que si no hay impedimentos para desvelar una determinada información, están obligados a responder", afirma Morales. De esto hace ya más de 1 mes y todavía no ha recibido ninguna respuesta.
Este periódico solicitó a la Consejería de Políticas Sociales y Familia información sobre el tema, pero hasta el momento de cerrar esta información, no había respuesta.
Si nos atenemos a los que afirma la presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor, su asociación lleva recibiendo estos fondos de la Comunidad de Madrid para financiar a los coordinadores parentales desde 2018. Un servicio, afirma, del que ya están haciendo uso los juzgados de Familia 24, 27 y 66 de la capital y de un buen número de Juzgados Mixtos de ciudades que rodean Madrid, como El Escorial, Móstoles, Majadahonda, entre otros. Continúa el artículo AQUI .....
Si nos atenemos a los que afirma la presidenta de la Fundación Filia de Amparo al Menor, su asociación lleva recibiendo estos fondos de la Comunidad de Madrid para financiar a los coordinadores parentales desde 2018. Un servicio, afirma, del que ya están haciendo uso los juzgados de Familia 24, 27 y 66 de la capital y de un buen número de Juzgados Mixtos de ciudades que rodean Madrid, como El Escorial, Móstoles, Majadahonda, entre otros. Continúa el artículo AQUI .....
Nota: Un ejemplo más de un medio de comunicación defendiendo a un grupo político (PSE/UP), gracias a las subvenciones que reciben.
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