ONG de Mujeres trasladan preocupación a Justicia por el papel del 'Coordinador Parental' en separaciones y divorcios.
@Diario SigloXXI, Agencias, 24 abril 2020,
Más de 80 organizaciones de Mujeres y de derechos de infancia se han dirigido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para trasladarle su preocupación "por el impulso que se está dando" al papel del 'Coordinador Parental' como figura habilitada para intermediar en conflictos entre los progenitores tras la separación o el divorcio.
En un documento remitido al Ministerio de Justicia, las ONG han destacado que el Coordinador Parental "carece de regulación" y han calificado de "muy grave" que personas con una "insuficiente y dudosa" formación pasen a engrosar el registro de mediadores del Ministerio.
Según han argumentado, el Coordinador Parental "no cuenta con límite alguno para intervenir, ni siquiera en posibles contextos de violencia", al contrario de lo que sucede en el caso de la mediación, cuya función "está plenamente regulada".
De este modo, las organizaciones firmantes han manifestado su preocupación ante el hecho de que la alta litigiosidad de los juzgados de familia pueda llegar a mitigarse "depositando la resolución de conflictos en manos de personas que pasan a ostentar un poder similar al de los jueces sobre la vida de los miembros de familias en litigio".
Tal y como han explicado, la implantación de los Coordinadores Parentales está activándose de forma experimental en Comunidades Autónomas como Galicia. De hecho, la misiva dirigida a Justicia surge tras la formación propuesta por la Universidad a Distancia de Pontevedra. Al respecto, las firmantes han denunciado que para ese curso de 6 días lectivos "no se exige ningún perfil profesional concreto".
FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU FORMACIÓN
En general, las ONG firmantes han criticado los contenidos de cursos impartidos en diferentes universidades porque, según sostienen, evidencian "la falta de la exigible perspectiva de género" y el "desprecio al conocimiento y consenso conceptual en esta materia". Para las feministas, "los contenidos muestran un sesgo ideológico contrario a los derechos más básicos en materia de igualdad".
Así, ha hecho hincapié en que el coordinador parental "tan solo" tiene acreditado un "breve curso de formación con contenidos que ya están siendo cuestionados por profesionales del derecho y la psicología".
De esta forma, han expresado su rechazo a este y otros cursos similares que, a su juicio, "alientan el uso en el peritaje forense de sintomatología clínica inexistente y desaconsejada hasta por el Consejo General del Poder Judicial", en referencia al llamado 'Síndrome de Alienación Parental' y a la conocida como terapia de la amenaza.
En esta reivindicación especifica dirigida al ministro, las ONG informan sobre la situación y solicitan una reunión de trabajo, al tiempo que reclaman que los "titulados a través de esos cursos no pasen a engrosar el Registro de mediadores Ministerio de Justicia". Para las firmantes, eso generaría "un contexto de enorme vulnerabilidad para las mujeres, niños y niñas víctimas violencia de género y sexual".
Las firmantes concluyen su misiva animando al ministro Campos a mantener "una lucha decidida contra toda práctica que socave derechos de las víctimas y que se base en prejuicios vinculados a la pertinencia a un determinado sexo o grupo de edad y que suponga privarles de un acceso pleno a la tutela judicial efectiva, generando nuevos escenarios de vulnerabilidad".
Entre las organizaciones firmantes está la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Plataforma 7N contra las violencias machistas.
@Diario SigloXXI, Agencias, 24 abril 2020,
Más de 80 organizaciones de Mujeres y de derechos de infancia se han dirigido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para trasladarle su preocupación "por el impulso que se está dando" al papel del 'Coordinador Parental' como figura habilitada para intermediar en conflictos entre los progenitores tras la separación o el divorcio.
En un documento remitido al Ministerio de Justicia, las ONG han destacado que el Coordinador Parental "carece de regulación" y han calificado de "muy grave" que personas con una "insuficiente y dudosa" formación pasen a engrosar el registro de mediadores del Ministerio.
Según han argumentado, el Coordinador Parental "no cuenta con límite alguno para intervenir, ni siquiera en posibles contextos de violencia", al contrario de lo que sucede en el caso de la mediación, cuya función "está plenamente regulada".
De este modo, las organizaciones firmantes han manifestado su preocupación ante el hecho de que la alta litigiosidad de los juzgados de familia pueda llegar a mitigarse "depositando la resolución de conflictos en manos de personas que pasan a ostentar un poder similar al de los jueces sobre la vida de los miembros de familias en litigio".
Tal y como han explicado, la implantación de los Coordinadores Parentales está activándose de forma experimental en Comunidades Autónomas como Galicia. De hecho, la misiva dirigida a Justicia surge tras la formación propuesta por la Universidad a Distancia de Pontevedra. Al respecto, las firmantes han denunciado que para ese curso de 6 días lectivos "no se exige ningún perfil profesional concreto".
FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU FORMACIÓN
En general, las ONG firmantes han criticado los contenidos de cursos impartidos en diferentes universidades porque, según sostienen, evidencian "la falta de la exigible perspectiva de género" y el "desprecio al conocimiento y consenso conceptual en esta materia". Para las feministas, "los contenidos muestran un sesgo ideológico contrario a los derechos más básicos en materia de igualdad".
Así, ha hecho hincapié en que el coordinador parental "tan solo" tiene acreditado un "breve curso de formación con contenidos que ya están siendo cuestionados por profesionales del derecho y la psicología".
De esta forma, han expresado su rechazo a este y otros cursos similares que, a su juicio, "alientan el uso en el peritaje forense de sintomatología clínica inexistente y desaconsejada hasta por el Consejo General del Poder Judicial", en referencia al llamado 'Síndrome de Alienación Parental' y a la conocida como terapia de la amenaza.
En esta reivindicación especifica dirigida al ministro, las ONG informan sobre la situación y solicitan una reunión de trabajo, al tiempo que reclaman que los "titulados a través de esos cursos no pasen a engrosar el Registro de mediadores Ministerio de Justicia". Para las firmantes, eso generaría "un contexto de enorme vulnerabilidad para las mujeres, niños y niñas víctimas violencia de género y sexual".
Las firmantes concluyen su misiva animando al ministro Campos a mantener "una lucha decidida contra toda práctica que socave derechos de las víctimas y que se base en prejuicios vinculados a la pertinencia a un determinado sexo o grupo de edad y que suponga privarles de un acceso pleno a la tutela judicial efectiva, generando nuevos escenarios de vulnerabilidad".
Entre las organizaciones firmantes está la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Plataforma 7N contra las violencias machistas.
Nota: Asociaciones feministas ligadas directamente al PSE.
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