Patricia del Aguila Barbero,Madrid, 25 NOV 2019
Las reformas en materia de justicia parece que siguen guardadas en el baúl de los recuerdos. Las últimas elecciones siguieron la tónica de las anteriores. Poco o nada hablaron los partidos de cómo mejorar el funcionamiento de juzgados y tribunales, y las propuestas de los operadores jurídicos para mejorar el funcionamiento de una Administración clave en el Estado de derecho y la economía fueron relegadas a un 2º plano. A la vista del escaso interés durante la campaña y las negociaciones para la investidura, parece que España seguirá condenada a tener un sistema judicial lento y colapsado.
La cruda realidad del día a día de los juzgados es que hay que esperar muchos meses a que se admita a trámite una demanda, algunos años para recibir la sentencia y, finalmente, hasta un lustro para que se ejecute. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 2018 acabó con los tribunales un 2,7% más congestionados que el año anterior. Los asuntos resueltos bajaron un 1,4%, mientras que entraron en el sistema un 1,7% más.
Los casos pendientes de resolver ascendieron más de un 9%.
A la clásica cita “la justicia tardía no es justicia”, hay que añadir una 2ª derivada: el impacto negativo que esta lentitud tiene en la economía. Juan S. Mora-Sanguinetti, economista, abogado e investigador del Banco de España, ha constatado en numerosos informes el efecto económico del funcionamiento de la justicia. Una de las conclusiones de su último estudio (Quality of enforcement and investment decisions. Firm-level evidence from Spain) fue que la congestión judicial tiene un impacto negativo en la tasa de inversión de las empresas. En concreto, explica, junto a Daniel Dejuán, coautor del texto, que “una disminución de 10 puntos porcentuales en la congestión aumentaría, en promedio, las decisiones de inversión en aproximadamente un 0,1%”. Leer más ......
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La mediación, el antídoto contra el atasco judicial
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