Los servicios sociales italianos piden que Juana Rivas trate sus trastornos

 y que la Justicia limite el contacto con sus hijos.
Quico Alsedo, Madrid, 11 octubre 2019
Los servicios sociales quieren que sus visitas sean monitorizadas y la mediadora judicial pide esperar a que supere sus trastornos.
Los servicios sociales de Carloforte (Cerdeña, Italia) han solicitado, según ha podido saber este periódico, que se restrinjan aún más las visitas de la española Juana Rivas a sus 2 hijos en Italia, que dichas visitas sean supervisadas y que se limiten también los viajes vacacionales de la madre con sus hijos a España, dados los desórdenes de comportamiento de la madre española de Maracena (Granada) con respeto a sus vástagos.
Apenas 1 día después de que EL MUNDO destapara que la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, intercedió en favor de Rivas escribiéndole una carta a su homólogo italiano el pasado 9 de agosto, la casualidad quiso que los servicios sociales de Carloforte, donde viven los niños con su padre, tuvieran que pronunciarse precisamente sobre la situación de los menores.
Y su parecer, a cuyo detalle ha tenido acceso este periódico y que tuvo en consideración ayer un juez de Menores de Cerdeña, es demoledor: Juana Rivas, que intentó de nuevo el verano pasado por todos los medios legales que sus hijos no volvieran a Italia de su mes de vacaciones en España con ella, sigue sin estar en condiciones de cuidar de sus hijos, por lo que debe ser supervisada en todas las ocasiones en que los visita (1 fin de semana de cada 2, si ella se encuentra en Italia), y es necesario que se limiten sus visitas a España para prevenir posibles situaciones problemáticas para los 2 menores en su entorno familiar. 

Es ella la que pone en riesgo a los niños, según Italia, y no su estancia con su padre en Carloforte, como creía posible la ministra en su carta.
La petición de los servicios sociales públicos de Carloforte se producía después de que, durante la pasada primavera, y luego de que la custodia de los críos fuera asignada en exclusiva al padre en Italia y la madre fuera condenada en España a 5 años de cárcel por secuestrarlos, Rivas denunciara repetidas veces en Cerdeña, sin pruebas en opinión de la Fiscalía italiana, que su ex marido, Francesco Arcuri, custodio de los niños por orden del juez, sufrían constantes agresiones por parte del padre.
Arcuri, que se ha resistido generalmente a tomar medidas legales contra la madre, llegó en ese tiempo, ante las constantes denuncias de ella sin sustento probatorio, a facilitar a las autoridades audios de lo que él consideraba que eran sus hijos explicando cómo su madre les inducía a quejarse de supuestas agresiones de su padre.
Durante esos meses, Rivas acudió constantemente a un hospital de Cagliari (Cerdeña) los lunes, cuando debía devolver a sus hijos al padre, a denunciar lesiones que para Fiscalía no estaban probadas. Ante la pasividad de la Fiscalía, Rivas activó en Italia una solicitud de medidas urgentes de protección para los menores, y dicha petición es la que fue valorada ayer por el tribunal de Menores.
En primavera, el tribunal nombró una mediadora entre los 2 padres, una abogada, y fue entonces cuando los servicios sociales fijaron la posición que ayer quedó a consideración del juez: limitar aún más el contacto de Rivas con sus hijos, que sólo se produjeran en presencia de profesionales, y evitar que viajara a España con los menores para que no se pudiera repetir la sustracción por la que ya ha sido condenada en España por 2 instancias, a falta de lo que diga el Supremo en casación.
Así, los servicios sociales públicos ha pedido más límites a Rivas para ver a sus hijos por la capacidad manipulatoria atribuida a ella por la que es hasta ahora la clave de la difícil situación procesal de la ciudadana española en Italia: el informe de la psicóloga imparcial que la tacha de «peligro» para sus propios hijos, y que la atribuye un «funcionamiento mental patológico».
Tras ese informe el juez de Familia le otorgó la custodia definitiva al padre, y con base a ese informe los servicios sociales de Carloforte pidieron ayer que las visitas de Rivas a sus hijos sean controladas y supervisadas, para que no cause daño a los menores.
PETICIÓN DE MEDIDAS URGENTES
Ese informe produjo ayer un efecto más ante el tribunal de Menores que revisó la petición de medidas urgentes de protección por parte de la madre: la mediadora nombrada por el tribunal en la pasada primavera, una abogada encargada de facilitar la comunicación entre los padres, verbalizó en la vista, según ha podido saber este diario, que lo lógico sería, de entrada, que se cumpliera la sentencia del juzgado de Familia y que Rivas superara los trastornos que la llevan a «confundir sus intereses con los de sus hijos», como señaló el informe psicológico -es decir, que la madre supere 1º sus problemas, y luego se decida la situación de los niños-.
De resultas de aquel informe, de hecho, Rivas fue condenada a seguir tratamiento semanal, en Granada, para superar su «funcionamiento mental patológico», con el objeto de que dejara de causar problemas a sus hijos predisponiéndoles contra el padre.
En realidad, la postura de los servicios sociales italianos no hacía otra cosa que apoyarse en la sentencia del juzgado de Familia y de la Fiscalía, que han manifestado de forma constante que la madre no es capaz de cuidar de los menores y que les perjudica, pese a la intercesión de la ministra Dolores Delgado en favor de Juana Rivas, trasladando a su homólogo italiano la «preocupación» de esta por la situación de los menores -para Delgado, Rivas es una madre preocupada por sus hijos; para Italia, la española es un problema para ellos-.
La vista de ayer, no obstante, no tuvo efecto alguno: el tribunal de Menores, según la información recabada por este diario, se manifestó no competente en la cuestión de la protección de los menores porque la sentencia del juzgado de Familia que le otorgó la custodia de los niños al padre está recurrida en apelación por Juana Rivas. Es en esa instancia, la de la apelación, donde debe dirimirse si la situación actual de los niños es potencialmente peligrosa, porque es además ahí donde se tienen todos los elementos probatorios, señaló el tribunal, dejando pues la custodia de los menores y el régimen de visitas como están actualmente.