Irregularidades de los equipos psicosociales en Andalucia

La mitad de los trabajadores sociales de la Violencia de Género no están colegiados
El presidente de Vox en el Parlamento andaluz Francisco Serrano afirma que estos datos que pidió le dan la razón.
Romualdo Maestre, Sevilla,06/04/2019
De los trabajadores sociales de las Unidades de Violencia de Género que emiten informes para los juzgados en Andalucía, un total de 30, la mitad, 15, no están colegiados. 
En cuanto a los 45 psicólogos, 27 sí lo están y 18 no (un 40%). La obligación de colegiación de los trabajadores no es sólo una exigencia de Vox sino que lo marca la ley. 
La Junta de Andalucía intentó exonerar de este cumplimiento a este personal pero 2 informes jurídicos se lo tumbaron. Cabe recordar que esta petición del presidente del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Francisco Serrano, creó en su momento mucha polémica porque inicialmente solicitó nombre, apellidos y DNI de los trabajadores. Esto chocó frontalmente con la Ley de Protección de Datos y su propuesta fue rechazada en la Mesa del Parlamento de la Cámara. Posteriormente reformuló su propuesta y solamente quería saber si estaban colegiados o no y ahora le han dado la respuesta.
Francisco Serrano manifiesta a este periódico que estos datos facilitados por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local «nos dan la razón». «La violencia de género es un tema muy serio para que no esté en manos de profesionales; ya los Colegios de Psicólogos denunciaron el intrusismo que había en Andalucía y sólo nosotros nos hicimos eco; el lobby feminista, de la mano del PSOE, estaba colocando en esos puestos de enorme responsabilidad a personal no cualificado, con una enorme carga ideológica en temas tan delicados que requieren de una neutralidad exquisita», añade Serrano.
«Si ud se va a operar lo que quiere es ponerse en manos de un cirujano, no de alguien que han enchufado allí por el partido en el poder», añade el exjuez de Familia. Asimismo informa que los datos que le han pasado son de personal contratado directamente por la Junta, «faltan los que estén empleados por empresas de servicios externas, que pueden ser todavía peor; les pueden haber dado un curso rápido sobre violencia de género y a correr; conozco un caso de un trabajador, no afortunadamente de esta comunidad, que utilizaba el corta y pega para casos diferentes», añade el presidente del grupo Vox en el Parlamento andaluz.
Aumento de personal
Ya a mediados de marzo el vicepresidente y también consejero de Justicia, Juan Marín, anunció en comisión parlamentaria que pretendía que hubiera 2 equipos de violencia de género por cada provincia, frente a los 9 que hay actualmente; Cadiz aporta 2.
El objetivo anunciado por Marín es sumar 7 médicos, 7 psicólogos, 6 trabajadores sociales y 7 administrativos, dedicados estos últimos a los trámites necesarios en el trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Todo ello pretende sufragarlo Marín con un plan de choque de 700.000 euros procedente de los 3,9 millones que han llegado a Andalucía con motivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Juan Marín hizo hincapié en que todos los nuevos contratados tendrían que estar colegiados como marca la ley.