LA LEY 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nunca fue incorporada para proteger a la mujer. Su abierto carácter inconstitucional, contrario a los derechos humanos elementales, y su larvaria ideología latente, hacen de ella una ley totalitaria que convierte a la mitad de la población en sus rehenes potenciales y, a la otra mitad, en esclavos de sus postulados caníbales.
La aberración jurídica que implica la criminalización a prioriy el reparto de condenas judiciales en función de la arbitrariedad biológica que alberga la entrepierna ha sido abrazada con vehemencia fundamentalista por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en España.
En realidad, la ley fue concebida como subterfugio frente al techo de gasto autonómico que rubricó la reforma del art.135 de nuestra Constitución, en el año 2011. El cumplimiento de dicho artículo evidenciaba el imposible saneamiento de las cuentas públicas y la actitud criminal de las autonomías y los ayuntamientos en materia fiscal. La ley 1/2004 permitió reactivar las fuentes de financiación provenientes de los fondos europeos que, en 2004, habían llegado a su fin en nuestro país. Las políticas de género se utilizaron, entonces, para salvar el escollo de la limitación del endeudamiento público a través del negocio del reparto de dividendos europeos, bajo obscena lacrimocracia ensayada. Así, los quebrados ayuntamientos recibirían fondos en relación al número de denuncias realizadas por violencia contra la mujer.
La izquierda, armada de probidad moral, junto con la derecha, reducida a cenizas por su connivencia degradante con los linchamientos morales de la progresía, llevan 14 años desviando fondos millonarios europeos (22.000.000.000 de euros anuales, según la U.E.) para proteger a esas mismas mujeres a las que apenas llega un 3% de esas ayudas. Cuando sobreviven.
El ardid es infalible porque los eslóganes de la izquierda son moralmente irrenunciables y ocultan amablemente su carácter salvaje, esto es, la pulsión fanática de eliminar desavenencias entre gobierno y ciudadanos a través de leyes-cepo y financiación oculta de redes clientelares, donde recae el restante 97% de las ayudas.
El indecente colaboracionismo de casi todos los medios de información con la política de instrumentalización de muertes por asesinato a cargo de varones, se debe al cobro millonario de publicidad institucional para proteger a aquellas mujeres cuya estadística de asesinatos evidencia el fracaso de la Ley 1/2004.
Este es el verdadero debate que está teniendo lugar estos días en Andalucía.
En realidad, la ley fue concebida como subterfugio frente al techo de gasto autonómico que rubricó la reforma del art.135 de nuestra Constitución, en el año 2011. El cumplimiento de dicho artículo evidenciaba el imposible saneamiento de las cuentas públicas y la actitud criminal de las autonomías y los ayuntamientos en materia fiscal. La ley 1/2004 permitió reactivar las fuentes de financiación provenientes de los fondos europeos que, en 2004, habían llegado a su fin en nuestro país. Las políticas de género se utilizaron, entonces, para salvar el escollo de la limitación del endeudamiento público a través del negocio del reparto de dividendos europeos, bajo obscena lacrimocracia ensayada. Así, los quebrados ayuntamientos recibirían fondos en relación al número de denuncias realizadas por violencia contra la mujer.
La izquierda, armada de probidad moral, junto con la derecha, reducida a cenizas por su connivencia degradante con los linchamientos morales de la progresía, llevan 14 años desviando fondos millonarios europeos (22.000.000.000 de euros anuales, según la U.E.) para proteger a esas mismas mujeres a las que apenas llega un 3% de esas ayudas. Cuando sobreviven.
El ardid es infalible porque los eslóganes de la izquierda son moralmente irrenunciables y ocultan amablemente su carácter salvaje, esto es, la pulsión fanática de eliminar desavenencias entre gobierno y ciudadanos a través de leyes-cepo y financiación oculta de redes clientelares, donde recae el restante 97% de las ayudas.
El indecente colaboracionismo de casi todos los medios de información con la política de instrumentalización de muertes por asesinato a cargo de varones, se debe al cobro millonario de publicidad institucional para proteger a aquellas mujeres cuya estadística de asesinatos evidencia el fracaso de la Ley 1/2004.
Este es el verdadero debate que está teniendo lugar estos días en Andalucía.
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