Inma Mora Sánchez, 02/10/2018.
En un mundo ideal, padres y madres deberían ocuparse del cuidado de sus hijos e hijas de forma corresponsable e igualitaria. Sin embargo, aún queda un largo camino hasta la igualdad real y, ante la situación de discriminación y violencia que vivimos las mujeres, todas las leyes deben plantearse desde una perspectiva de género. El actual gobierno italiano, formado por la Lega y el M5S y liderado por Salvini y Di Maio, sigue sin ser consciente de esta realidad y acaba de proponer una ley que dificulta, aún más, el proceso de divorcio y va en contra de las mujeres y de los y las menores.
En las últimas semanas, en Italia se está debatiendo la reforma del divorcio, una propuesta de ley del senador Simone Pillon, que se presenta como una medida para acabar con el inexistente “síndrome de alienación parental”. El pasado sábado, distintos grupos políticos y colectivos feministas se han manifestado en Bolonia contra esta ley y, en las próximas semanas, están previstas otras manifestaciones en distintas ciudades de Italia.
La cita más importante será el 10 de noviembre en Roma.
Son muchos los puntos que están creando polémica. Por un lado, esta reforma impone la mediación familiar obligatoria (y pagada por los padres y madres) en todas las separaciones en las que haya menores, sin tener en cuenta los casos de violencia machista (la mediación familiar en casos de violencia de género está prohibida por el Convenio de Estambul, ratificado por Italia en 2013).
Son muchos los puntos que están creando polémica. Por un lado, esta reforma impone la mediación familiar obligatoria (y pagada por los padres y madres) en todas las separaciones en las que haya menores, sin tener en cuenta los casos de violencia machista (la mediación familiar en casos de violencia de género está prohibida por el Convenio de Estambul, ratificado por Italia en 2013).
Por otro lado, también impone la equiparación de los tiempos y del cuidado de los 2 progenitores.
Además, se elimina la pensión alimenticia y el mantenimiento se realiza de forma directa. Es decir, cada padre o madre deberá especificar los gastos, en medida proporcional a la renta y a los tiempos de permanencia del menor con el padre o la madre. Además, el progenitor o progenitora que se quede en la casa familiar deberá pagar un alquiler al progenitor propietario. De este modo, se establece una custodia compartida impuesta y un doble domicilio para los menores.
Todas estas propuestas están siendo muy criticadas desde partidos de izquierdas y asociaciones y colectivos feministas, que aseguran que esta ley supone un retroceso enorme y no tiene en cuenta la situación social actual. Se ignora la discriminación laboral por motivos de género y la desigualdad económica entre hombres y mujeres. En Italia, de hecho, las mujeres tienen una de las tasas de empleo más bajas de Europa (no alcanza el 50%) y, según el informe Benchmarking Working Europe 2018, realizado por el European Trade Union Institute (ETUI), la brecha de género en el empleo es de un 18%, solo por delante de Malta (24,5%).
Las mujeres van a vivir un proceso de separación aún más complicado, caro y doloroso y salir de una situación de violencia machista será aún más difícil para aquellas mujeres que no cuenten con unos ingresos económicos propios y una renta estable.
Esta ley tampoco tiene en cuenta que, debido a esta discriminación y a la persistencia de unos roles de género muy fuertes, son las mujeres las que siguen ocupándose en mayor medida de las tareas de cuidado. Este es el principal motivo por el que, en gran parte de los casos, son las madres quienes se quedan en la casa familiar y al cuidado de los hijos e hijas tras un divorcio. Implicar a los padres en las tareas del cuidado debería ser una prioridad política, pero para ello, harían falta medidas de otro tipo como, por ejemplo, facilitar a las mujeres el acceso al mundo laboral o equiparar los permisos de paternidad y maternidad.
Actualmente, los padres solo cuentan con 4 días obligatorios (hasta 2016, era solo de 2 días). El padre puede solicitar 1 día más de permiso de paternidad, pero solo si la madre renuncia a ese tiempo de su permiso de maternidad de 5 meses. Por ello, muchas de las críticas a esta propuesta de ley señalan que es necesario alcanzar la corresponsabilidad antes de obligar a padres y madres a compartir al 50% el cuidado y los gastos de los hijos e hijas tras una separación.
Algunas críticas hablan de tratar a los hijos como “paquetes”, que van de un lado a otro, y afirman que imponer el doble domicilio puede desestabilizar, más aún, la cotidianeidad de los menores y puede aumentar los conflictos entre ambos progenitores.
El problema más grave de esta ley es que, en situaciones de violencia de género y de dependencia económica, las mujeres van a vivir un proceso de separación aún más complicado, caro y doloroso. De aprobarse esta ley, salir de una situación de violencia machista será aún más difícil para aquellas mujeres que no cuenten con unos ingresos económicos propios y una renta estable. En los casos en los que un solo progenitor tenga la custodia exclusiva (por decisión judicial), esta madre o padre deberá favorecer y garantizar la relación de los hijos o hijas menores con el otro progenitor y deberá tomar parte de las decisiones importantes que afecten al hijo o hija a no ser que un juez lo prohíba. Por eso, es necesario recordar que, debido a los falsos mitos sobre la violencia de género (como las denuncias falsas o el “síndrome de alienación parental”) y a la persistencia de unos roles machistas muy fuertes, muchas de las mujeres que denuncian situaciones de violencia no son creídas en los tribunales y pueden verse obligadas a dejar a sus hijos o hijas menores con un padre violento.
La asociación nacional D.i.Re – Donne in Rete contro la violencia (Mujeres en red contra la violencia) ha lanzado una petición online para retirar esta propuesta de ley que considera un proceso de reapropiación del poder masculino que se ha sentido amenazado por las nuevas normas transnacionales como el Convenio de Estambul y por los nuevos derechos y libertades conseguidos por las mujeres en los últimos años.
Además, se elimina la pensión alimenticia y el mantenimiento se realiza de forma directa. Es decir, cada padre o madre deberá especificar los gastos, en medida proporcional a la renta y a los tiempos de permanencia del menor con el padre o la madre. Además, el progenitor o progenitora que se quede en la casa familiar deberá pagar un alquiler al progenitor propietario. De este modo, se establece una custodia compartida impuesta y un doble domicilio para los menores.
Todas estas propuestas están siendo muy criticadas desde partidos de izquierdas y asociaciones y colectivos feministas, que aseguran que esta ley supone un retroceso enorme y no tiene en cuenta la situación social actual. Se ignora la discriminación laboral por motivos de género y la desigualdad económica entre hombres y mujeres. En Italia, de hecho, las mujeres tienen una de las tasas de empleo más bajas de Europa (no alcanza el 50%) y, según el informe Benchmarking Working Europe 2018, realizado por el European Trade Union Institute (ETUI), la brecha de género en el empleo es de un 18%, solo por delante de Malta (24,5%).
Las mujeres van a vivir un proceso de separación aún más complicado, caro y doloroso y salir de una situación de violencia machista será aún más difícil para aquellas mujeres que no cuenten con unos ingresos económicos propios y una renta estable.
Esta ley tampoco tiene en cuenta que, debido a esta discriminación y a la persistencia de unos roles de género muy fuertes, son las mujeres las que siguen ocupándose en mayor medida de las tareas de cuidado. Este es el principal motivo por el que, en gran parte de los casos, son las madres quienes se quedan en la casa familiar y al cuidado de los hijos e hijas tras un divorcio. Implicar a los padres en las tareas del cuidado debería ser una prioridad política, pero para ello, harían falta medidas de otro tipo como, por ejemplo, facilitar a las mujeres el acceso al mundo laboral o equiparar los permisos de paternidad y maternidad.
Actualmente, los padres solo cuentan con 4 días obligatorios (hasta 2016, era solo de 2 días). El padre puede solicitar 1 día más de permiso de paternidad, pero solo si la madre renuncia a ese tiempo de su permiso de maternidad de 5 meses. Por ello, muchas de las críticas a esta propuesta de ley señalan que es necesario alcanzar la corresponsabilidad antes de obligar a padres y madres a compartir al 50% el cuidado y los gastos de los hijos e hijas tras una separación.
Algunas críticas hablan de tratar a los hijos como “paquetes”, que van de un lado a otro, y afirman que imponer el doble domicilio puede desestabilizar, más aún, la cotidianeidad de los menores y puede aumentar los conflictos entre ambos progenitores.
El problema más grave de esta ley es que, en situaciones de violencia de género y de dependencia económica, las mujeres van a vivir un proceso de separación aún más complicado, caro y doloroso. De aprobarse esta ley, salir de una situación de violencia machista será aún más difícil para aquellas mujeres que no cuenten con unos ingresos económicos propios y una renta estable. En los casos en los que un solo progenitor tenga la custodia exclusiva (por decisión judicial), esta madre o padre deberá favorecer y garantizar la relación de los hijos o hijas menores con el otro progenitor y deberá tomar parte de las decisiones importantes que afecten al hijo o hija a no ser que un juez lo prohíba. Por eso, es necesario recordar que, debido a los falsos mitos sobre la violencia de género (como las denuncias falsas o el “síndrome de alienación parental”) y a la persistencia de unos roles machistas muy fuertes, muchas de las mujeres que denuncian situaciones de violencia no son creídas en los tribunales y pueden verse obligadas a dejar a sus hijos o hijas menores con un padre violento.
La asociación nacional D.i.Re – Donne in Rete contro la violencia (Mujeres en red contra la violencia) ha lanzado una petición online para retirar esta propuesta de ley que considera un proceso de reapropiación del poder masculino que se ha sentido amenazado por las nuevas normas transnacionales como el Convenio de Estambul y por los nuevos derechos y libertades conseguidos por las mujeres en los últimos años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola, solo se podra responder a los comentarios o preguntas si nos indicas un email de contacto.