Aragón y la Custodia compartida que no la Liquidación de los Bienes Gananciales

La custodia compartida supera por 1ª vez la barrera del 40% en Aragón
La madre sigue obteniendo la custodia en el 54% de los casos, pero las cifras ponen en relieve una enorme diferencia respecto al resto de España.
P. P. G., Zaragoza, 25/09/2018
Aragón sigue muy a la cabeza en cuanto a la aplicación de la custodia compartida en España. El Instituto Nacional de Estadística publicó este lunes los datos de las parejas que se dieron el 'no quiero' a lo largo del 2017 y esta fórmula de 'reparto' de los hijos ha superado por 1ª vez en la Comunidad la barrera del 40%. Es decir, 4 de cada 10 parejas con hijos que se divorciaron o separaron a lo largo del año pasado compartirán en igualdad de condiciones la custodia de sus hijos.
La madre sigue obteniendo la custodia en el 54% de los casos, pero las cifras ponen en relieve una enorme diferencia respecto al resto de España, donde este año también se han batido récords en este sentido pero la custodia compartida apenas llega todavía al 30% de los casos de parejas con hijos que deciden poner fin a su relación. A nivel nacional, la madre obtiene la custodia nada más y nada menos que en el 65% de los casos.
Aragón fue pionera en 2010 al fijar la custodia compartida de los hijos como la opción preferente en estos casos. Ese año entró en vigor en la Comunidad la Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres. Una ley autonómica que perseguía de forma expresa promover el ejercicio de la custodia de los hijos de forma compartida por ambos progenitores. A día de hoy, Aragón lidera junto a Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana la implantación de la custodia compartida a nivel nacional y se mantiene muy por delante de otras regiones, como Extremadura, donde solo se aplica en el 16% de los casos de divorcios o separaciones en los que hay hijos de por medio.
La ley aragonesa configura la guarda y custodia compartida como la norma preferente a la individual por parte de uno de los padres y estipula que el juez deberá optar por esta opción "salvo que la custodia individual sea más conveniente" y siempre teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que tiene que presentar cada uno de los progenitores. Además de, por supuesto, otros factores como la edad y la opinión de los hijos, el arraigo social, la aptitud y voluntad de los padres y las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de cada uno de ellos. Para evaluar todas estas cuestiones, el juez puede recabar informes médicos, sociales y psicológicos emitidos por especialistas.
La custodia compartida se materializa en semanas o quincenas alternas de convivencia con cada uno de los padres y algunas horas de visita entre semana por parte del otro progenitor. Se dividen también las vacaciones de Semana Santa, Navidad y 1 mes de verano para cada uno. 

O bien los hijos ocupan el domicilio familiar y son los padres los que van y vienen, o bien son los hijos los que se trasladan cada semana o quincena de la casa de un progenitor a la del otro. Esta 2ª opción es la más habitual porque la 1ª implica tener tres domicilios disponibles.
En 2012, la custodia compartida en Aragón apenas se aplicaba en el 24% de las separaciones en las que había hijos de por medio. Los datos publicados esta semana demuestran que desde entonces no ha dejado de aumentar la frecuencia con la que las parejas o los jueces optan por esta alternativa.
Pensiones
Por contra, el porcentaje de hombres que deben pagar una pensión alimentaria tras un divorcio o separación es, en Aragón, superior a la media nacional. De las 1.430 pensiones alimenticias que se fijaron a lo largo del año pasado en la Comunidad, 845 las tiene que abonar el padre, 526 entre ambos cónyuges y 59 corren a cargo de la madre.
En cuanto a pensiones compensatorias, que son aquellas que se imponen en casos en los que la separación supone un evidente 'desequilibrio económico' para 1 de los cónyuges, también se fijaron algunas a lo largo del último año en Aragón. 

Un total de 255 hombres y 15 mujeres tuvieron que 'indemnizar' en este sentido a sus exparejas al significar el fin del matrimonio para ellas el un empeoramiento de su situación económica
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