¿Existen las denuncias falsas en violencia sobre la mujer?

Saraí Alas, El Salvador, 28, julio 2018
Un informe del observatorio de violencia de género contra las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadaoreñas (Ormusa) reveló que solo el 5 % de los casos judicializados por violencia de género llegaron a juicio, entre los años 2016 – 2017 y solo el 3 % de los casos hubo condena contra los responsables del hecho investigado.
El informe señala que durante esos años, 6,326 hechos de violencia contra las mujeres llegaron a tribunales de 28,000 denuncias registradas por delitos como homicidios simples, agravados, feminicidios simples y agravados; feminicidio por inducción o ayuda y expresiones de violencia contra la mujer.
Las estadísticas indican que durante 2016 y 2017, 205 casos fueron condenados, hubo 129 absoluciones y el resto de denuncias aún están en proceso. El documento además concluye que La Unión, Ahuachapán y San Vicente son los departamentos que reportan entre el 8 y 9 % de casos que se presentaron a tribunales y tuvieron una sentencia.
Mientras que Sonsonate, San Miguel y Cabañas representan el otro extremo porque las denuncias que llegaron a tribunales y de las que llegaron solo hubo sentencias entre el 2 y 3 %.
Para el observatorio estas cifras “es una muestra del poco acceso a la justicia para las mujeres”.
Silvia Juárez, encargada del programa por una vida sin violencia de Ormusa, aseguró durante la presentación del documento que “la impunidad es un mensaje de intolerancia”, debido a que las autoridades invitan a las mujeres a denunciar sus casos, pero se sabe que los casos “no tendrán condena”.
Añadió que “decir a las mujeres que denuncien es una burla”, ya que dicha situación solo “desmoraliza a las víctimas de violencia” porque los victimarios pueden agredir sabiendo que no serán condenados.
Juárez consideró que no todos los casos de violencia de género llegan a juicio, debido a que el Estado “evita proteger a las mujeres”, porque tolera la “perpetración de violencia y actúa como simple espectador de los procesos”.
Según la encargada del programa para una vida sin violencia, para cambiar esto el Estado debe “asumir la responsabilidad por la desprotección de las mujeres y aceptar que por negligencia del mismo se han dado dichos crímenes”, solo así podrá sancionarlos.
Recomendó a las autoridades que para salvar la vida de las mujeres 1º deben de atender las causas y no “maquillar las consecuencias”, además de establecer mecanismos de vigilancia y contraloría a los servicios públicos.
Por otra parte, el estudio también señala que hay una preocupación en la impunidad de los hechos, porque las autoridades no están preparadas para atender las denuncias de las víctimas; según Ormusa, lo 1º que deben hacer las autoridades es “sensibilizar a todo el personal que brinda atención a las denunciantes para evitar revictimización en los procesos”, además de crear campañas de concientización a la población.