Feminismo: Como conseguir una vivienda por "la cara"

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Un paso más contra la violencia machista en Madrid: las víctimas tendrán derecho a vivienda sin que sea necesaria una denuncia.
Este lunes se ha aprobado en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid una reforma de la Ley de Violencia de Género que permite que las mujeres que cuenten con un informe técnico que demuestre que han sido maltratadas puedan acceder a las viviendas de protección oficial, sin necesidad de haber denunciado o contar con una orden de protección. 
Beatriz Asuar Gallego, MADRID, 07/05/2018 
Las mujeres víctimas de violencia machista sólo podían acceder a una vivienda de protección oficial si contaban con una sentencia firme que las reconociera como mujeres maltratadas o con una orden de protección. Pero en Madrid esto va camino de cambiar y tendrán derecho a acceder a estas viviendas sin necesidad de haber interpuesto una denuncia cuando cuenten con un "informe técnico" de un conjunto de entidades que reconozca que han sufrido violencia de género.
Esto se ha conseguido a través de una reforma aprobada este lunes en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid de la Ley 5/2005 de violencia de género de la Comunidad de Madrid en sus art. 17 y 31, es decir, en el acceso a vivienda y en la cuestión del llamado "título habilitante".
La reforma, aprobada ya de forma unánime por todos los partidos en la Comisión de Mujer, se votará en pleno dentro de unas semanas, entrando en vigor a los 20 días. Tal y como la ha explicado la diputada de Podemos, Clara Serra, es una "victoria feminista" porque permite el acceso a ayudas y recursos al tercio de las mujeres que son víctimas de violencia machista pero que no han denunciado o no cuentan con una sentencia firme que la reconozca u orden de protección.
Serra, que también es la presidenta de la Comisión de Mujer, ha señalado a Público que la importancia de esta reforma radica en que "es un paso adelante para un cambio de marco que se ha reclamado desde el movimiento feminista desde hace muchos años". Un cambio respecto a lo que suponen las denuncias a las mujeres: "La denuncia no es un peaje para que las instituciones públicas tiendan la mano a las mujeres. Los derechos de las mujeres siempre se tienen que defender y es responsabilidad de las instituciones garantizar que las mujeres decidan si quieren empezar un proceso judicial y esto se haga en las mejores condiciones. Una mujer tiene derecho a reponerse antes de denunciar, y también a denunciar sabiendo qué y cómo quieren hacerlo porque a veces no es denunciar sólo una agresión física, también años de maltrato psicológico", reclama la diputada de la formación morada.
Por ello, al igual que se explica en la exposición de motivos del Informe en el que se detalla la reforma y al que ha tenido acceso Público, el "marco jurídico actual" no supone una "garantía adecuada para los derechos de las víctimas de violencia machista". Garantizar los derechos de las mujeres significa que no se vean obligadas a denunciar para poder acceder a los recursos que se ofrecen y con ello que se "revise las condiciones de título habilitante" para el acceso al derecho a la vivienda, dando paso a que puedan acceder a ellas todas las mujeres que, independientemente de un proceso judicial, puedan demostrar con "informes técnicos" que son víctimas de violencia machista, no como una excepción sino de forma "inmediata" y por la "vía ordinaria".
De esta forma, a partir de ahora médicos de la salud pública, profesores, personal de los servicios sociales, trabajadores de los puntos municipales de violencia, de los centros de emergencia y casas de acogida, Inspección de trabajo y otros profesionales públicos podrán elaborar estos informes.
Los que sean elaborados por los servicios sociales y redes de la Administración pública local y autonómica serán vinculantes para la Dirección general de la Mujer y supondrán un acceso inmediato al título habilitante. Mientras que en los informes del personal de la Administración pública como profesionales sanitarios, educativos o de salud mental, la Dirección General de la Mujer tendrá un máximo de 1 mes para valorar si estos informes acreditan violencia machista y aprobar el acceso al título habilitante.
Esta reforma ha sido una de las reclamaciones de Podemos desde que llegaron a las instituciones. Como explica Serra, en 2015 ya presentaron una Proposición No de Ley en la que pedían esta modificación, un tiempo después lo hicieron a través de una Proposición de Ley y, finalmente se ha llegado a ella, a través de una enmienda a la totalidad a una reforma de proyecto presentada por el gobierno regional. De aquí salió la ponencia que ya ha sido aprobada por todos los partidos y que se espera que llegue al pleno lo antes posibles. "Queremos que llegue cuanto antes, si puede ser al primer pleno porque es una reforma que de verdad cambia la situación de las mujeres", explica Serra. Un paso más contra la violencia machista.