Varios países de nuestro entorno ni siquiera cuentan con datos relacionados con este tipo de delito porque todavía no ha sido definido como concepto.
Laura Albor, @lauralbor, 07/02/2018
Al menos 491 mujeres fueron asesinadas en 2015 en manos de sus parejas o exparejas en Europa. Son más del triple de las personas que perdieron la vida ese mismo año en los atentados de París. Sin embargo, pese a la dureza del dato, éste podría ser aún mayor si tenemos en cuenta que estas últimas cifras, ofrecidas por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), no recogen las muertes por violencia de género de todos los países que componen la Unión.
«Los datos sobre muertes de mujeres por violencia de género son limitados y, en muchos casos, poco rigurosos por diferentes motivos: criterios dispares en la recogida, países con inexistencia de datos, conceptos diversos sobre violencia de género…», afirman Laura Román y Neus Oliveras, profesoras de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona.
Así, aunque algunos Estados cuentan con organismos específicos de recopilación de la cifras y estadísticas en este ámbito como el Observatorio de Violencia Doméstica en España, el MIPROF en Francia o la Línea de Ayuda en Grecia, existen países donde el concepto de violencia de género y doméstica no se encuentra aún definido, o al menos, no con la contundencia procesal con la que lo hace la Directiva Europea que regula este aspecto.
España, pese a ello, teniendo en cuenta los datos de los que se disponen, tal y como se ve en el mapa superior, contaría con uno de los ratios más bajos de la Unión en lo que a asesinatos por violencia de género se refiere.
«Cualquier nivel de violencia de género es un elemento negativo para un país democrático», señala Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED . «España debe trabajar para reducir drásticamente su índice. La situación en otros países cercanos que, incluso, superan la ratio española, no debe llevarnos al conformismo».
A tenor de los datos, serían los países bálticos los que muestran unos mayores indices de este tipo de asesinatos. «Uno de los motivos, aunque seguramente no el único, sería una legislación penal que no ha prestado suficiente atención a este tipo de delitos», explica la catedrática de la UNED.
Para la integrante de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, Milagros Alario, resulta «obvio» que existe una correlación entre el desarrollo de un país y la gravedad que puede alcanzar el problema. «Pero no es tanto un desarrollo económico estrictamente sino un desarrollo social. Cuanto más madura y evolucionada es una sociedad, más respeto a los derechos personales de su ciudadanía y más conciencia sobre el problema de la desigualdad de género, una desigualdad que alcanza su máxima gravedad en el número de mujeres y menores asesinados».
«Los datos sobre muertes de mujeres por violencia de género son limitados y, en muchos casos, poco rigurosos por diferentes motivos: criterios dispares en la recogida, países con inexistencia de datos, conceptos diversos sobre violencia de género…», afirman Laura Román y Neus Oliveras, profesoras de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona.
Así, aunque algunos Estados cuentan con organismos específicos de recopilación de la cifras y estadísticas en este ámbito como el Observatorio de Violencia Doméstica en España, el MIPROF en Francia o la Línea de Ayuda en Grecia, existen países donde el concepto de violencia de género y doméstica no se encuentra aún definido, o al menos, no con la contundencia procesal con la que lo hace la Directiva Europea que regula este aspecto.
España, pese a ello, teniendo en cuenta los datos de los que se disponen, tal y como se ve en el mapa superior, contaría con uno de los ratios más bajos de la Unión en lo que a asesinatos por violencia de género se refiere.
«Cualquier nivel de violencia de género es un elemento negativo para un país democrático», señala Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED . «España debe trabajar para reducir drásticamente su índice. La situación en otros países cercanos que, incluso, superan la ratio española, no debe llevarnos al conformismo».
A tenor de los datos, serían los países bálticos los que muestran unos mayores indices de este tipo de asesinatos. «Uno de los motivos, aunque seguramente no el único, sería una legislación penal que no ha prestado suficiente atención a este tipo de delitos», explica la catedrática de la UNED.
Para la integrante de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, Milagros Alario, resulta «obvio» que existe una correlación entre el desarrollo de un país y la gravedad que puede alcanzar el problema. «Pero no es tanto un desarrollo económico estrictamente sino un desarrollo social. Cuanto más madura y evolucionada es una sociedad, más respeto a los derechos personales de su ciudadanía y más conciencia sobre el problema de la desigualdad de género, una desigualdad que alcanza su máxima gravedad en el número de mujeres y menores asesinados».
«Las causas de la violencia contra las mujeres son muy complejas y pueden ser analizadas desde muy diversas perspectivas», reflexionan las doctoras Román y Oliveras. «Está constatado que la violencia se produce en cualquier entorno cultural, social, económico…porque no es más que la manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres que se reproduce de forma estructural en todas las sociedades. Ahora bien, en determinadas comunidades esta desigualdad está más asumida y normalizada, por lo tanto la violencia es mayor y está más extendida y socialmente más aceptada».
Violencia contra la mujer
Según la última encuesta que analizaba esta temática a nivel europeo, realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en 2014, entre las mujeres que tenían o habían tenido una relación con un hombre, de media, el 22 % había sufrido violencia física y/o sexual por parte de éste.
Violencia contra la mujer
Según la última encuesta que analizaba esta temática a nivel europeo, realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE en 2014, entre las mujeres que tenían o habían tenido una relación con un hombre, de media, el 22 % había sufrido violencia física y/o sexual por parte de éste.
En el siguiente mapa se muestra el porcentaje de cada país:
En este aspecto, España se sitúa a la cola con un 13% de mujeres que declaran haber sufrido abusos físicos o sexuales por parte de un hombre. El dato es similar al de Croacia, Polonia o Austria. Sin embargo, no hay lugar para el optimismo, ya que los expertos advierten de que en los países del norte las mujeres pueden mostrarse más propensas a la hora de denunciar su caso cuando son preguntadas.
Los datos son aún más duros cuando se trata el tema de la violencia psicológica, ya que 2 de cada 5 mujeres (43 %) asegura haber sufrido este tipo de maltrato por parte de su pareja actual o de la anterior. La proporción incluye, por citar solo algunos ejemplos, un 25 % de mujeres cuya pareja la menospreció o humilló en privado, un 14 % cuya pareja le amenazó con agredirla físicamente, y un 5 % cuya pareja le prohibió salir de casa, le quitó las llaves del coche o la encerró.
La protección
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE señalaba en su informe que un número importante de mujeres seguía siendo vulnerable a los abusos después de una relación violenta. Por ello, aludía a que era necesario ofrecerles una protección.
Precisamente, con el fin de ofrecer seguridad a las víctimas de violencia de género, Europa lanzó la Orden Europea de Protección (Directiva 2011/99/EU), una norma que fue impulsada a instancia de España cuando nuestro país accedió a la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea en enero de 2010. Gracias a ésta, se asegura que el amparo que se haya establecido para una victima en un Estado miembro debe continuar aplicándose en cualquier otro país al que pueda desplazarse.
«España ha sido un referente en relación a la normativa estatal y autonómica en este ámbito. Nuestras leyes estatales sobre violencia (ley Orgánica 1/2004) e igualdad (ley 3/2007) fueron pioneras en el tratamiento integral de las desigualdad de género y de la violencia», señalan las profesoras Román y Oliveras. Así, explican, nuestra norma no sólo aborda el aspecto punitivo sino también otros temas «esenciales» como «la educación en igualdad, el papel de los medios de comunicación, el ámbito sanitario o los derechos de las víctimas».
Sin embargo, lamentan la expertas, todos estos avances son «limitados». «La ejecución y puesta en práctica de la legislación requiere no solo de una voluntad política clara y firme, sino también de una dotación presupuestaria importante y constante que no dependa de cambios políticos».
¿La solución?
49 mujeres fueron asesinadas en España en 2017, 44 en 2016, 60 en 2015..., en total, desde el año 2003, 923 mujeres han perdido la vida en manos de sus parejas o ex parejas. Una cifra que supera, por ejemplo, a las personas asesinadas por la banda terrorista ETA en sus más de 50 años de actividad.
¿Qué hacer para acabar con esta lacra social? Para la doctora Gómez, la solución pasa por recurrir a «acciones preventivas»: «es necesaria la educación de toda la población e, inevitablemente, la acción eficaz de la justicia».
Por su parte, Román y Oliveras reclaman un cambio de «paradigma cultural», que aseguran, solo será posible a través de la «educación en igualdad». «A esta empresa deben contribuir no solo las instituciones educativas, sino todos los agentes: administraciones, empresas, medios de comunicación social, familias…», reflexionan.
«No vale con alertar de muertes y dar cobertura mediática sino analiza las causas profundas e intervenir para corregirlas», subraya Alario. «Las mujeres hemos asumido nuestros derechos como ciudadanas y nuestro perfil como personas con vida y capacidad de gestión autónoma (personal, sentimental y laboral) pero entre los hombres hay un colectivo que entiende esta plenitud de derechos de las mujeres como un 'desequilibrio del orden tradicionalmente establecido' (patriarcal) y en ese colectivo hay que trabajar especialmente desde la infancia», sentencia.
En este aspecto, España se sitúa a la cola con un 13% de mujeres que declaran haber sufrido abusos físicos o sexuales por parte de un hombre. El dato es similar al de Croacia, Polonia o Austria. Sin embargo, no hay lugar para el optimismo, ya que los expertos advierten de que en los países del norte las mujeres pueden mostrarse más propensas a la hora de denunciar su caso cuando son preguntadas.
Los datos son aún más duros cuando se trata el tema de la violencia psicológica, ya que 2 de cada 5 mujeres (43 %) asegura haber sufrido este tipo de maltrato por parte de su pareja actual o de la anterior. La proporción incluye, por citar solo algunos ejemplos, un 25 % de mujeres cuya pareja la menospreció o humilló en privado, un 14 % cuya pareja le amenazó con agredirla físicamente, y un 5 % cuya pareja le prohibió salir de casa, le quitó las llaves del coche o la encerró.
La protección
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE señalaba en su informe que un número importante de mujeres seguía siendo vulnerable a los abusos después de una relación violenta. Por ello, aludía a que era necesario ofrecerles una protección.
Precisamente, con el fin de ofrecer seguridad a las víctimas de violencia de género, Europa lanzó la Orden Europea de Protección (Directiva 2011/99/EU), una norma que fue impulsada a instancia de España cuando nuestro país accedió a la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea en enero de 2010. Gracias a ésta, se asegura que el amparo que se haya establecido para una victima en un Estado miembro debe continuar aplicándose en cualquier otro país al que pueda desplazarse.
«España ha sido un referente en relación a la normativa estatal y autonómica en este ámbito. Nuestras leyes estatales sobre violencia (ley Orgánica 1/2004) e igualdad (ley 3/2007) fueron pioneras en el tratamiento integral de las desigualdad de género y de la violencia», señalan las profesoras Román y Oliveras. Así, explican, nuestra norma no sólo aborda el aspecto punitivo sino también otros temas «esenciales» como «la educación en igualdad, el papel de los medios de comunicación, el ámbito sanitario o los derechos de las víctimas».
Sin embargo, lamentan la expertas, todos estos avances son «limitados». «La ejecución y puesta en práctica de la legislación requiere no solo de una voluntad política clara y firme, sino también de una dotación presupuestaria importante y constante que no dependa de cambios políticos».
¿La solución?
49 mujeres fueron asesinadas en España en 2017, 44 en 2016, 60 en 2015..., en total, desde el año 2003, 923 mujeres han perdido la vida en manos de sus parejas o ex parejas. Una cifra que supera, por ejemplo, a las personas asesinadas por la banda terrorista ETA en sus más de 50 años de actividad.
¿Qué hacer para acabar con esta lacra social? Para la doctora Gómez, la solución pasa por recurrir a «acciones preventivas»: «es necesaria la educación de toda la población e, inevitablemente, la acción eficaz de la justicia».
Por su parte, Román y Oliveras reclaman un cambio de «paradigma cultural», que aseguran, solo será posible a través de la «educación en igualdad». «A esta empresa deben contribuir no solo las instituciones educativas, sino todos los agentes: administraciones, empresas, medios de comunicación social, familias…», reflexionan.
«No vale con alertar de muertes y dar cobertura mediática sino analiza las causas profundas e intervenir para corregirlas», subraya Alario. «Las mujeres hemos asumido nuestros derechos como ciudadanas y nuestro perfil como personas con vida y capacidad de gestión autónoma (personal, sentimental y laboral) pero entre los hombres hay un colectivo que entiende esta plenitud de derechos de las mujeres como un 'desequilibrio del orden tradicionalmente establecido' (patriarcal) y en ese colectivo hay que trabajar especialmente desde la infancia», sentencia.
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