Divorcio y Violencia doméstica

HEMEROTECA: El Congreso aprueba el pacto contra la violencia de género con la abstención de Unidos Podemos
Expertos cuestionan la retirada de la custodia automática al maltratador.
BERTA GONZÁLEZ DE VEGA, Málaga, 29 ENE. 2018
Un estudio describe los problemas de la Ley de Violencia de Género en su primera década.
Mientras se negociaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, había concentraciones por cada mujer asesinada por su pareja o ex y se hacían las valoraciones políticas, un grupo de investigación del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga compuesto por José Luis Díez Ripollés, Anabel Cerezo y María José Benítez, buceaba en datos, hacía entrevistas y escudriñaba presupuestos para hacer lo que, hasta ahora, es la más completa evaluación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, publicada en el libro La política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja (2004-2014), Efectividad, Eficacia y Eficiencia. Según los autores, la ley funciona, pero con deficiencias que se podrían subsanar y con datos que abren unos debates que, por ahora, no están en la agenda mediática.
Víctimas reticentes a denunciar
Según los autores, hay víctimas que están perdiendo confianza en el sistema penal y no quieren las consecuencias que les puede acarrear, ni para sus hijos ni para el agresor. En parte se explicaría por la dependencia emocional que existe y, si el agresor es el padre de sus hijos, a veces porque no quieren que vaya a la cárcel: «Las víctimas llegan a no querer declarar o cambian sus declaraciones para impedir que sus agresores terminen entre rejas. Desean una separación amistosa sin saber que, en estos casos, es prácticamente imposible». Una recomendación es, pues, trabajar en la dependencia emocional de las víctimas hacia sus agresores y viceversa. Este tipo de relación estaría también detrás de la cantidad de órdenes de alejamiento que se incumplen con el consentimiento de las víctimas. «El asunto del alejamiento entre víctima y agresor es un tema mal resuelto, sobre el que debemos reflexionar más», ya que las mujeres que reanudan su convivencia con un agresor con orden de alejamiento, por ejemplo, podrían ser cómplices de un delito como es el quebrantamiento de condena.
Las terapias funcionan
Al principio de la aplicación de la ley, los autores recuerdan que «hubo resistencias a aplicar tratamientos a los maltratadores. Se llegó a decir que, además de ser caros, no se lo merecían», un abordaje del problema que califican de «moralizador, improcedente y poco práctico». En su libro se felicitan de que estos programas se hayan extendido en los últimos años. Y si un maltratador se puede rehabilitar, ¿tiene sentido la propuesta del PSOE de la retirada de custodia inmediata para todos los condenados por maltrato, como se propuso a raíz del caso de Juana Rivas? Los expertos creen que es mejor que esas decisiones «se tomen de forma particularizada, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, inspiradas en el mayor interés de los menores y no en el deseo de castigar a sus padres».
Atención a otros maltratos
No hay datos que demuestren que la lucha contra el maltrato de la mujer haya llevado a desatender la lucha contra la violencia sobre niños o ancianos, pero el equipo quiere resaltar «la importante victimización que niños y ancianos parecen estar sufriendo en el ámbito doméstico, quizás tan alta como la mujer». Algunos estudios que citan hablan de un 20% de maltrato físico de menores hacia sus padres, madres sobre todo.
Campañas en grupos de riesgo
En el libro se explica cómo el maltrato a la mujer es mucho más alto entre la población de origen marroquí o hispanoamericana. Los autores creen conveniente realizar campañas entre esos grupos: «Cuanto más se ciña una actuación a una situación concreta más probabilidades hay de que sea exitosa. Trabajar con factores culturales es clave para prevenir e intervenir en situaciones de maltrato». Según los datos que manejan, hay años en los que más del 20% de víctimas son iberoamericanas, un porcentaje mucho mayor de la población que representan. Lo mismo ocurre con los marroquíes.
Segmento social más castigado
Los autores demuestran que la mayoría de las denuncias y condenas recaen en personas con escasos recursos y apenas estudios. En su opinión, «las clases medias y altas disponen de recursos distintos al Derecho Penal para resolver la situación de violencia: tienen mayor capacidad argumental para afrontar el problema, la víctima tiene recursos económicos o sociales para salir de ella y se usa más la violencia psicológica».
Más presos que por drogas
«Desde 2016 los presos por delitos contra la vida y la integridad personal ya superan a los presos por delitos de tráfico de drogas. Es un dato muy relevante, pues no recordamos que eso haya sucedido desde hace décadas». Según los autores, es «un reflejo de la intensidad de la persecución de los delitos contra la mujer pareja. Casi el 50% de todos los que están en prisión por delitos contra la vida o la integridad personal lo están por delitos de violencia de género».
Reticencias de los jueces
Según el libro, algunos jueces están siendo restrictivos con ciertos supuestos penales «para evitar que se apliquen en más casos de lo que parece razonable. Por ejemplo, cuando exigen que la violencia se dé en un contexto de dominación para apreciar los preceptos específicos de violencia de género, o cuando se resisten a castigar como cómplice a la mujer que colabora en que el agresor viole la prohibición de alejamiento». Los autores creen que es una llamada de atención a la actual política, no una enmienda a la totalidad.
Agenda mediática
La agenda mediática y social sólo se ocupa simultáneamente de un número limitado de temas. Los autores explican que, «cuando un problema social inunda el ámbito mediático, reflejando una extendida preocupación social, como ha ocurrido con la violencia de género, los recursos económicos se dirigen en mayor medida a tratar aspectos de ese fenómeno. Eso es habitual, y dada la entidad del problema, nos parece acertado». Dicen no obstante que puede haber otros problemas sociales graves que requieran una gran atención «y que puedan quedar oscurecidos por la intensa atención prestada a la violencia sobre la mujer». 

El presupuesto de publicidad institucional del Ministerio de Asuntos Sociales va casi en la totalidad a la Violencia de Género.
Más educación
Los autores ponen de manifiesto que así como se han desplegado las medidas de política criminal de la ley, no ha pasado así con lo previsto en educación y abogan por integrar en los diferentes niveles «asignaturas con un fuerte componente de educación cívica». «Mientras los jóvenes no excluyan la violencia de sus relaciones poco habremos avanzado para lograr soluciones duraderas».