¿Qué es la dirección electrónica habilitada?

Javier Puyol, 5 diciembre, 2017
Mediante la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) cualquier persona física o jurídica dispondrá de una dirección electrónica para la recepción de las notificaciones administrativas que por vía telemática pueda practicar las distintas Administraciones Públicas.
Debe tenerse presente que la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEH) constituye 1 de los 2 mecanismos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el ejercicio de la notificación por vía electrónica.
Este medio desarrollado para la realización de las notificaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas, y los ciudadanos de cualquier tipo, tienen su base legal en la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si bien sus antecedentes se encuentran en los art. 43.1º de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y los art. 35.2º y 38 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolló parcialmente la ya derogada Ley 11/2.007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Tal y como se justifica en la Exposición de Motivos, de la citada Ley 39/2015, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación también ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.
Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse.
Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados.
En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.

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