Baleares, la que más
denuncia y la que menos condena.
La sensibilidad social y
el criterio de los juzgados difiere en función de las comunidades autónomas,
que presentan grandes diferencias en víctimas, denuncias y sentencias.
ROBERTOR. BALLESTEROS, 08.01.2017
El año 2017
empezó con tragedia. La violencia machista no dio tregua ni en Nochevieja,
cuando una vecina de Rivas Vaciamadrid fue asesinada a manos de su pareja,
un crimen que recordó a la sociedad que el año que se queda atrás había acabado
con 44 víctimas mortales en España, cifra que rebajaba en 16 el nº de
muertas respecto al año anterior pero que ponía en evidencia que el problema está
más vivo que nunca y que se torna necesaria la implantación de nuevas medidas.
El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, admitió que es urgente cerrar un
pacto de estado en esta materia.
La inhibición 3 días después del Juzgado de Instrucción 26 de Madrid a favor de los
tribunales especializados en violencia de género en relación con el caso de la
joven que murió tras precipitarse desde un balcón también la mañana del 1 de
enero elevaba a 2 el número de casos y no hacía más
que volver a golpear la conciencia de los españoles, que no tienen la misma
sensibilidad en función de si viven en una comunidad autónoma o en otra.
Tampoco los jueces responden igual, como muestran los datos proporcionados por
el Observatorio de la Violencia de Género que
coordina el Consejo General del Poder Judicial.
Baleares encabeza el 'ranking' de
comunidades en las que se registran más denuncias de víctimas de esta violencia
y el dato sigue subiendo. En 2009, la tasa de denuncias por cada 10.000 mujeres
era de 81,8, una cifra que en 2015 se incrementó un 3%, hasta las 84. Es decir,
que 6 años después se ha incrementado el nº de denuncias en un 3%. Más
llamativo, sin embargo, es el crecimiento experimentado por Extremadura en
cuanto a la cantidad de denuncias presentadas. Esta autonomía pasó de las 30,7
denuncias por cada 10.000 mujeres que registró en 2009 a las 44 de 2015, lo que
representa el mayor aumento de todo el país, un 44%.
En el lado
contrario se sitúa La Rioja, donde el nº de denuncias en los 6 años analizados baja un 27%, de las 52,3 por cada 10.000
mujeres que se presentaron en 2009 a las 38 que fueron interpuestas en 2015.
Tan solo Murcia, que baja de 85,1 a 69, experimenta una reducción que se acerca
ligeramente a la de La Rioja, con un descenso del 19%. Cierto es que la región
del sureste español venía de ser, tras Canarias (que tenía 85,4), la que más
tasa de denuncias tenía, con 85,1 por cada 10.000 mujeres. En las islas también
se ha reducido el índice en un 14%.
En términos
globales, los tribunales madrileños y andaluces —debido a la elevada población—
son los que más delitos por violencia de género han tramitado en los últimos
años, aunque en el caso de la comunidad gobernada por Susana Díaz cada vez tienen menos entre manos. En
los 6 años estudiados, estos juzgados han reducido el nº de casos en
cerca de 2.000. Otras comunidades con menos delitos de este tipo, sin embargo,
han experimentado un alza considerable. Extremadura, por ejemplo, terminó 2009
con 1.929 casos y acabó 2015 (último año computado completo) en 2.435. Algo
similar le ha ocurrido al País Vasco, que concluyó 2009 con 3.750 asuntos de
violencia de género y finalizó 2015 con más de 5.000.
Pero no solo la
sensibilidad social y el hecho de que las víctimas estén concienciadas y
denuncien es lo único relevante en este panorama de la violencia de género. Al
igual en denuncias y víctimas, los tribunales tampoco van en bloque en el
conjunto de España. Hay autonomías en las que se condena más que en otras en
proporción a la población. Los jueces de Galicia y Extremadura, por ejemplo,
son más proclives a fallar en contra de los acusados.
Baleares, Valencia, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y Madrid, por contra,
son las regiones menos dadas a declarar culpables a los imputados por violencia
de género.
Aunque no llegan
al nivel de los magistrados gallegos y extremeños —que dictaminan en contra de
más del 80% de los acusados—, los jueces que trabajan estos asuntos en Castilla
y León, Asturias, Cantabria y Andalucía también condenan
por encima de la media española. Estas diferencias, que
evidentemente tienen que ver con el hecho de que cada caso es radicalmente
diferente al resto, muestran sin embargo una cierta diferencia de sensibilidad
por parte de los magistrados, ya que se trata de porcentajes que se mantienen
en el tiempo durante los últimos años.
La conciencia
social respecto a la violencia de género ha provocado
recientes reformas legislativas, como la ley orgánica de 2004, que han tenido
consecuencias claras sobre los condenados. No en vano estos cambios han
provocado un notable "incremento de la población penitenciaria", como
señala Pilar Casado, subdirectora de Régimen Penitenciario en
Almería, en un artículo escrito en el periódico 'Enfoque', donde apunta que el
nº de inquilinos de las cárceles ha subido "hasta el punto de que los
internos condenados" por este tipo de conductas "constituyen el 3º grupo más importante en prisión".
Según datos de
Instituciones Penitenciarias, a finales del pasado noviembre —último dato
registrado—, había 3.987 reclusos condenados por
violencia de género en las prisiones españolas, por encima de
los 3.803 castigados por homicidio o alguna de sus formas. Estos datos sitúan a
los encerrados por este tipo de delitos como los 3º presos más comunes,
por detrás de los que se encuentran dentro de la cárcel por robo (u otros
atentados contra el patrimonio y el orden socioeconómico) o por los relativos a
la salud pública (drogas, etc.). Actualmente, hay 19.704 encarcelados por el 1º tipo penal y 10.818 por el 2º.
Nota: Este es el resultado de una ley política fracasada, donde la situación se mantiene en el tiempo: siguen falleciendo mujeres año tras año, los datos no coinciden entre denuncias y condenas y los partidos políticos lo utilizan como reclamo electoral. ¿España? País tercermundista o como se quiere vivir de las subvenciones.....Quien no corre...vuela
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