Quiere que incluya
también la violación, acoso, matrimonios forzados o la mutilación genital.
atlantico.net/15/01/2017
La subcomisión para
articular un pacto en materia de violencia machista se constituirá previsiblemente
el próximo mes de febrero en el Congreso de los Diputados. El año pasado
concluyó con 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 8 casos en
investigación, mientras que 2017 comenzó con 1 víctima confirmada y otro caso
en investigación.
El pleno del Congreso aprobó por asentimiento el pasado 21 de diciembre la
creación de la subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, a raíz de un
acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios. "Aunque enero es un
mes inhábil, tenemos previsto empezar a trabajar, de manera informal, para
acordar el calendario de la subcomisión, la periodicidad de las reuniones y el
cupo de comparecencias", explica la presidenta de la Comisión de Igualdad,
Pilar Cancela.
La subcomisión se constituirá previsiblemente en la 1ª semana de febrero
y, a partir de esa fecha, desarrollará "un trabajo intenso y lo más rápido
posible", detalla Cancela. Su principal cometido es elaborar un informe,
en el plazo de 4 meses, con propuestas para avanzar en la erradicación de
las diferentes formas de violencia contra la mujer.
Una vez aprobado, el informe se remitirá al Gobierno para que en 2 meses lo
traslade a los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los partidos, la
Administración de Justicia, los sindicatos, los empresarios y las
organizaciones sociales.
1ª propuestas
Mientras tanto, representantes de los grupos parlamentarios mayoritarios
avanzan cuáles son sus prioridades para alcanzar el pacto. La portavoz adjunta
del Área Social del PP, Marta González, considera necesaria "una revisión
completa" de la ley integral del año 2004 para ampliar el concepto de
violencia de género a otras formas de violencia que sufren las mujeres por el
hecho de serlo, como la violación, el acoso, el matrimonio forzado o la
mutilación genital. "La ratificación del Convenio de Estambul por parte
del Estado español implica la asunción de una serie de compromisos en materia
de violencia contra las mujeres, que sobrepasan el ámbito de actuación de la
ley de violencia de género", apunta González.
La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, destaca la necesidad de
promover un plan de prevención de la violencia machista en los ámbitos de la
educación y la salud pública, subsanar las "deficiencias" detectadas
en la aplicación de la ley en el sector de la justicia y mejorar el sistema de
valoración del riesgo de las víctimas en el campo de la seguridad.
Otras de las propuestas del PSOE están orientadas a dotar de recursos
económicos a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para combatir este
fenómeno y recuperar para las entidades locales las competencias en materia de
igualdad que perdieron con la reforma local del PP.
La parlamentaria de Unidos Podemos Sofía Castañón señala que es necesario
entender la lucha contra la violencia machista como "una cuestión de
Estado", que hay que abordar de forma "prioritaria y urgente",
por lo que celebra la creación de la subcomisión. Para Castañón, las noticias
sobre las mujeres asesinadas representan la "punta del iceberg" de
"una violencia sistémica" que se origina en la brecha salarial, en el
techo de cristal, en que las mujeres no cobran lo mismo que los hombres por el
mismo trabajo, en que se asume que los cuidados son responsabilidad de las
mujeres y no de la sociedad en su conjunto y en que, a la hora de estudiar, hay
una ausencia de referentes femeninos en el currículum académico.
Desde Ciudadanos, la diputada Patricia Reyes indica que "lo fundamental es
que haya menos mujeres asesinadas, que funcione el sistema de protección y que
se ofrezcan soluciones para las víctimas de la violencia machista que no
recurren a la justicia para denunciar su situación". Entre otras medidas,
Reyes apuesta por dotar de medios a los ayuntamientos, promover campañas de
sensibilización, aumentar los recursos humanos y materiales en el ámbito de la
justicia y mejorar la formación de los agentes implicados.
Nota: ¿cambiaran el nombre a la ley después de 12 años? ¿Realmente les interesa que no existan mujeres muertas en las estadísticas? dado que es una cuestión electoral. ¿Seremos un país civilizado o seguiremos siendo tercer mundistas en la definición de la ley?
El pleno del Congreso aprobó por asentimiento el pasado 21 de diciembre la creación de la subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, a raíz de un acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios. "Aunque enero es un mes inhábil, tenemos previsto empezar a trabajar, de manera informal, para acordar el calendario de la subcomisión, la periodicidad de las reuniones y el cupo de comparecencias", explica la presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela.
La subcomisión se constituirá previsiblemente en la 1ª semana de febrero y, a partir de esa fecha, desarrollará "un trabajo intenso y lo más rápido posible", detalla Cancela. Su principal cometido es elaborar un informe, en el plazo de 4 meses, con propuestas para avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia contra la mujer.
Una vez aprobado, el informe se remitirá al Gobierno para que en 2 meses lo traslade a los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los partidos, la Administración de Justicia, los sindicatos, los empresarios y las organizaciones sociales.
Mientras tanto, representantes de los grupos parlamentarios mayoritarios avanzan cuáles son sus prioridades para alcanzar el pacto. La portavoz adjunta del Área Social del PP, Marta González, considera necesaria "una revisión completa" de la ley integral del año 2004 para ampliar el concepto de violencia de género a otras formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, como la violación, el acoso, el matrimonio forzado o la mutilación genital. "La ratificación del Convenio de Estambul por parte del Estado español implica la asunción de una serie de compromisos en materia de violencia contra las mujeres, que sobrepasan el ámbito de actuación de la ley de violencia de género", apunta González.
La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, destaca la necesidad de promover un plan de prevención de la violencia machista en los ámbitos de la educación y la salud pública, subsanar las "deficiencias" detectadas en la aplicación de la ley en el sector de la justicia y mejorar el sistema de valoración del riesgo de las víctimas en el campo de la seguridad.
Otras de las propuestas del PSOE están orientadas a dotar de recursos económicos a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para combatir este fenómeno y recuperar para las entidades locales las competencias en materia de igualdad que perdieron con la reforma local del PP.
La parlamentaria de Unidos Podemos Sofía Castañón señala que es necesario entender la lucha contra la violencia machista como "una cuestión de Estado", que hay que abordar de forma "prioritaria y urgente", por lo que celebra la creación de la subcomisión. Para Castañón, las noticias sobre las mujeres asesinadas representan la "punta del iceberg" de "una violencia sistémica" que se origina en la brecha salarial, en el techo de cristal, en que las mujeres no cobran lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, en que se asume que los cuidados son responsabilidad de las mujeres y no de la sociedad en su conjunto y en que, a la hora de estudiar, hay una ausencia de referentes femeninos en el currículum académico.
Desde Ciudadanos, la diputada Patricia Reyes indica que "lo fundamental es que haya menos mujeres asesinadas, que funcione el sistema de protección y que se ofrezcan soluciones para las víctimas de la violencia machista que no recurren a la justicia para denunciar su situación". Entre otras medidas, Reyes apuesta por dotar de medios a los ayuntamientos, promover campañas de sensibilización, aumentar los recursos humanos y materiales en el ámbito de la justicia y mejorar la formación de los agentes implicados.
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