La ley ya
recogía la necesidad de contar con un servicio de mediación atendido por psicólogos,
cuya función es explicar la norma a los separados y sugerirles un acuerdo para
evitar que lleguen a juicio. Esto se hizo en noviembre y se puso en marcha tras
crear nuevas plazas de psicólogos. Pero ahora lo que faltan son trabajadores
sociales, que hagan los informes que necesitan los jueces para poder emitir una
sentencia.
Tras la
entrada en vigor de la norma, la reacción de muchas personas separadas ha sido
reclamar la revisión de sus convenios. Con ello pretenden ahorrarse o reducir
las pensiones que pasan a las mujeres para la manutención de sus hijos. Sobre
todo, en plena crisis económica que ha llevado a 92.000 aragoneses al paro.
La nueva
norma da un plazo de 1 año para modificar las condiciones anteriores y
adaptarse a ellas. Los abogados matrimonialistas están recibiendo muchas
peticiones de revisión. Y para eso, los jueces necesitan pruebas periciales de
trabajadores sociales que le informen sobre las condiciones sociales y
económicas de los separados en litigio.
El juez
decano de Zaragoza, Ángel Dolado, precisa que ese plazo legal de 1 año para
amoldar las sentencias será ampliable porque es una ley más favorable para los
justiciables.
Juicios
fijados para junio
Esta falta
de profesionales está condicionando la agenda de los jueces. En concreto, el
titular del Juzgado de Familia nº 6, Javier Forcada, reconoce que está fijando
sus juicios para junio. "Si necesitamos un informe psicológico o de una
trabajadora social, hasta que no lo aporten, no se puede celebrar la
vista", explica.
El juez es
rotundo al manifestar que están sobrepasados por el exceso de trabajo.
"Está claro que ahora se ha multiplicado el nº de sentencias y nos hacen
falta más medios", señaló Forcada.
Hace 1 mes y medio, un separado preguntó en una conferencia celebrada del Colegio de
Abogados: "Soy un padre pagador de la pensión, ¿cuándo podrá aplicarse la
revisión de la separación?". Si entonces le dijeron que la fecha del
juicio para esa modificación, si no hay acuerdo entre las partes, sería para
abril, el atasco de la custodia compartida ya provoca una lista de espera de
medio año. Sería para junio.
De
cualquier modo, toda ley nueva necesita un rodaje y la llegada de la
jurisprudencia que ilumine su interpretración. Al ser una materia susceptible
de llegar a través de recursos para que se pronuncie el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón (TSJA) , no se prevé que se pueda pronunciar al menos hasta
el próximo otoño.
El presidente del TSJA, Fernando Zubiri, ha manifestado que
la Sala de lo Civil está muy dispuesta para resolver un caso de la custodia
compartida sin dilaciones.
Los 3 juzgados de Familia de Zaragoza ya superan el centenar de casos acumulados,
entre las nuevas demandas y revisiones.
Los
profesionales y afectados reclaman información y muchas conferencias
divulgativas para conocer de 1ª mano esta ley. Así se puso de manifiesto
en la conferencia del Colegio de Abogados, celebrada a finales de noviembre,
que estuvo lleno hasta la bandera. Hay tanto interés y expectación entre los
profesionales, como ignorancia entre los afectados sobre los efectos de la
norma.
"Un
cambio importante"
Ese día,
el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, Carlos Martínez
de Aguirre, no llegó a calificarla como una revolución porque era "algo
fuerte", pero sí dijo que es "un cambio importante". "Antes
de la ley, en más del 85% de los casos se daba la custodia individual a la
madre. En la actualidad, la preferencia es la custodia compartida y se notarán
las modificaciones", asumió Martínez de Aguirre.
Cuando se
aprobó, se anunció el peligro de que crecerían las denuncias por malos tratos
para evitar las custodias compartidas. El juez Forcada, un defensor de la ley
para adaptarse a la sociedad actual, no ha notado ese aumento
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