..... al retirarle " de forma irregular" la custodia de sus cinco hijas.
Rigoberto Artiles, a la izquierda, junto a Luis Romero, durante la rueda de prensa - V. GÓMEZ.
El pasado 8 de junio, el Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla admitió a trámite la querella presentada por Rigoberto Artiles Ruiz contra el personal del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla; la delegada territorial de Sevilla de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, Francisca Díaz Alcaide; el secretario general provincial de Salud y Bienestar Social, Esteban Mellado Parreño; el director del centro de acogida inmediata Luis Toribio de Velasco, de Sevilla, Luis M. Ruiz Serrano;
así como contra una trabajadora social y un psicólogo de dicho centro
de acogida, por posibles delitos de prevaricación, falsificación
documental y estafa procesal.
Un procedimiento que este vecino de Utrera inició tras serle retirada hace 3 años la custodia de sus 5 hijas (hoy sólo 3 de ellas son menores de edad), a su juicio, «de forma irregular». Junto a Luis Romero del bufete Luis Romero & Asociados Abogados ha informado este jueves en el club Antares de su caso, unos hechos que comenzaron en enero de 2013, cuando la exmujer (actualmente en trámite de divorcio) de Rigoberto abandonó de forma voluntaria el tratamiento para el trastorno depresivo que le fue diagnosticado en 1999.
A partir de ese momento, la exmujer empezó a enviar cartas a los Servicios Sociales y a la Guardia Civil con «falsas acusaciones» sobre Rigoberto, acusándolo de maltratador y de propiciar en su hogar un ambiente negativo, a lo que acompañó de diversas denuncias de la que fue absuelto o fueron sobreseídas por falta de indicio de delito.
Sin embargo, tal y como ha señalado Rigoberto, esas misivas fueron tenidas en cuenta «y aceptadas como buenas» por el Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla y por la Junta de Andalucía, para iniciar el procedimiento de desamparo de cada una de las 5 hijas, entonces todas menores de edad. «Además de las cartas, aceptaron informes de la trabajadora social y del psicólogo del centro de acogida Luis Toribio de Velasco que se realizaron en base a apreciaciones de éstos después de entrevistas de 15 minutos a los progenitores y una visita puntual al domicilio familiar, el cual, sin hacer ningún tipo de seguimiento, fue calificado como ‘inhabitable’».
Por parte del bufete de abogados entienden «que una resolución de tal gravedad (la de desamparo) no puede tomarse a la ligera, como fue realizada en esta ocasión en base a meras alegaciones del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla. Además, éstos nunca dieron a mi mandante la posibilidad de cambiar aquello que, según ellos, no era adecuado».
Hay que tener en cuenta que una de las hijas, Marta Artiles, hoy de 18 años, entonces menor de edad, decidió quedarse con su padre y se marchó del centro de acogida. «Los trabajadores sociales fueron al colegio para llevarse a mis hijas al centro. Se opusieron y les dijeron, si no os venís esta vez, la próxima os llevaremos a la fuerza y a tu padre nos lo llevaremos detenido», cuenta Rigoberto.
Además, este padre tiene suspendidas las visitas a sus hijas tras manifestar las menores en varias ocasiones que se querían marchar con su padre.
Por todo esto, Rigoberto espera, a través de la querella interpuesta, recuperar la custodia de sus hijas menores (para las que se decretó el acogimiento familiar en vistas a ser permanente, trámite hoy suspendido hasta verse resuelto el proceso penal), para que todas las hermanas vuelvan a estar juntas, algo que no sucede desde hace 2 años, al impedirle a las mayores ver a las pequeñas en los centros de acogida.
Nota: La eliminacióm del padre de la vida familiar, desde el feminismo de género andaluz. Pisha .............
Un procedimiento que este vecino de Utrera inició tras serle retirada hace 3 años la custodia de sus 5 hijas (hoy sólo 3 de ellas son menores de edad), a su juicio, «de forma irregular». Junto a Luis Romero del bufete Luis Romero & Asociados Abogados ha informado este jueves en el club Antares de su caso, unos hechos que comenzaron en enero de 2013, cuando la exmujer (actualmente en trámite de divorcio) de Rigoberto abandonó de forma voluntaria el tratamiento para el trastorno depresivo que le fue diagnosticado en 1999.
A partir de ese momento, la exmujer empezó a enviar cartas a los Servicios Sociales y a la Guardia Civil con «falsas acusaciones» sobre Rigoberto, acusándolo de maltratador y de propiciar en su hogar un ambiente negativo, a lo que acompañó de diversas denuncias de la que fue absuelto o fueron sobreseídas por falta de indicio de delito.
Sin embargo, tal y como ha señalado Rigoberto, esas misivas fueron tenidas en cuenta «y aceptadas como buenas» por el Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla y por la Junta de Andalucía, para iniciar el procedimiento de desamparo de cada una de las 5 hijas, entonces todas menores de edad. «Además de las cartas, aceptaron informes de la trabajadora social y del psicólogo del centro de acogida Luis Toribio de Velasco que se realizaron en base a apreciaciones de éstos después de entrevistas de 15 minutos a los progenitores y una visita puntual al domicilio familiar, el cual, sin hacer ningún tipo de seguimiento, fue calificado como ‘inhabitable’».
Por parte del bufete de abogados entienden «que una resolución de tal gravedad (la de desamparo) no puede tomarse a la ligera, como fue realizada en esta ocasión en base a meras alegaciones del Equipo de Protección de Menores 5 de Sevilla. Además, éstos nunca dieron a mi mandante la posibilidad de cambiar aquello que, según ellos, no era adecuado».
Hay que tener en cuenta que una de las hijas, Marta Artiles, hoy de 18 años, entonces menor de edad, decidió quedarse con su padre y se marchó del centro de acogida. «Los trabajadores sociales fueron al colegio para llevarse a mis hijas al centro. Se opusieron y les dijeron, si no os venís esta vez, la próxima os llevaremos a la fuerza y a tu padre nos lo llevaremos detenido», cuenta Rigoberto.
Además, este padre tiene suspendidas las visitas a sus hijas tras manifestar las menores en varias ocasiones que se querían marchar con su padre.
Por todo esto, Rigoberto espera, a través de la querella interpuesta, recuperar la custodia de sus hijas menores (para las que se decretó el acogimiento familiar en vistas a ser permanente, trámite hoy suspendido hasta verse resuelto el proceso penal), para que todas las hermanas vuelvan a estar juntas, algo que no sucede desde hace 2 años, al impedirle a las mayores ver a las pequeñas en los centros de acogida.
Nota: La eliminacióm del padre de la vida familiar, desde el feminismo de género andaluz. Pisha .............
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