España es el sexto país de la UE que más desconfía de su justicia

Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid.

Ciudadanos y empresas achacan su recelo sobre el sistema judicial a la presión gubernamental y a los políticos.

SILVIA MARTINEZ / BRUSELAS| 11 de abril del 2016

¿Son los jueces y tribunales españoles independientes? A tenor de la percepción que tienen los ciudadanos la respuesta es no. El 56% de los encuestados en España, según el último informe sobre indicadores de la justicia en la UE, publicado este lunes por la Comisión Europea, tienen una opinión "muy mala" o "mala" del sistema judicial español. Se trata de un dato que sitúa al Estado español a la cola de Europa -en el puesto 23 de 28-, solo por delante de Italia (61%), Eslovaquia (61%),  Eslovenia (62%), Croacia (66%) y Bulgaria (70%), cuyos ciudadanos tienen una opinión todavía más negativa de sus respectivos sistemas judiciales. 
Los españoles achacan esa desconfianza a varios motivos. El 41% por la presión de los gobiernos o políticos, el 38% debido a interferencias, presiones económicas o de otros intereses y el 28% a que el estatus o la posición del juez no permite garantizar esa independencia. La fotografía es algo peor si la pregunta se la plantean a empresas y compañías. En este caso, el porcentaje de encuestados que consideran la situación mala o muy mala se eleva al 64%. El 54% creen que lo que más pesa son las interferencias gubernamentales, el 50% las presiones económicas y el 38% la postura del juez.

UN DESAFIO.
“La percepción de la independencia judicial sigue siendo un desafío para España. Creo que no se debe solo a casos individuales de los ciudadanos de a pie sino a casos públicos y bien conocidos en los que la gente espera una decisión justa por parte de los jueces en el país”, opina la comisaria de justicia, Vera Jourová, sobre la situación en España, aunque sin entrar a valorar casos tan mediáticos como el 'Noos' o el 'Bárcenas' y la financiación ilegal del PP.
En su opinion, no obstante, el análisis comparativo ofrece “una fuente de información muy útil” para que los políticos tomen decisiones sobre lo que deberían hacer para mejorar la situación y acercarse hacia percepciones mucho más benignas como las que tienen los ciudadanos del norte de Europa. Entre los más satisfechos con su sistema judicial destacan, por ejemplo, los nórdicos: solo el 7% de los daneses consideran que la independencia de su justicia es mala o muy mala, el 12% de los finlandeses y el 14% de los suecos. Entre las empresas, resultados similares con la salvedad de que son las luxemburguesas las que menos pegas ponen (7%), por delante de danesas (10%) y finlandesas (12%).
MARGEN PARA MEJORAR.
Más allá de la independencia judicial, el informe evalúa y compara la eficiencia de los sistemas judiciales en la Unión Europea. Es decir, el nº de asuntos pendientes o la duración de los procesos y su calidad en forma de presupuesto, formación de jueces o recursos humanos. El resultado sitúa a España en torno a la media con margen para mejorar en determinados aspectos. “En general hay margen de mejora en determinados parámetros, en particular, en los plazos para resolver los litigios civiles y comerciales y el nº de casos administrativos pendientes”, apunta la Comisión.

POCO JUECES Y MUCHOS ABOGADOS.
España no está entre los países con una justicia más rápida ni entre los más lentos. Hay justicias que caminan con mayor lentitud todavía, pero sí es uno de los Estados miembros con más casos pendientes en la vía administrativa, 0,4 por cada 100 habitantes, solo superado por Italia, Alemania, Chipre y Grecia. El informe también revela que el Estado español ocupa el puesto 12 de 28 entre los países que más gasto público dedican a la justicia -82 euros por habitante, 5 menos que en el 2011- pero el 21 en cuanto a número de jueces, 12 por cada 100.000 habitantes, la mitad que Alemania y 3 veces menos que Luxemburgo. El 0,38% de los jueces en España participan en cursos de formación. Mucho más nutrida es la presencia de abogados: 291 por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a España como el 6º país de la UE con mayor proporción de letrados.