Maltrato y regimen de visitas.

Los jueces suspenden más visitas de maltratadores a sus hijos con el fin de protegerlos . La reforma legal que pasó a considerar a los hijos de las maltratadas víctimas directas de la violencia. impulsa un 42% las suspensiones del régimen de visitas. También la doctrina jurídica empieza a primar el interés del menor sobre los derechos de paternidad, con 3 sentencias claves del Tribunal Supremo.

ECO | A. LARRAÑETA 07.03.2016 –

Durante el último trimestre de 2015 los jueces prohibieron que 257 hombres denunciados por malos tratos visitaran a sus hijos. La cifra por si sola parece menor —con 50.000 maltratadas en situación de riesgo en España y la mitad de ellas, madres— pero es relevante por la tendencia que perfila. El nº de suspensiones del régimen de visitas después del verano fue un 42% superior al de los 3 trimestres anteriores, cuando se las restringieron a 171, 179 y 181 padres, respectivamente.

El salto que revela la última estadística del Consejo General del Poder Judicial (provisional hasta su publicación oficial en abril) es el 1º efecto del cambio legal por el que los hijos de las maltradas han pasado a considerarse víctimas directas de la violencia machista. La reforma, aprobada el pasado verano, obliga a los jueces a pronunciarse preventivamente ante denuncias de malos tratos sobre la potestad, custodia y visitas de los hijos que viven en hogares con violencia. En España no existe un censo, ni siquiera un estudio oficial, sobre cuántos menores conviven con la violencia machista. Las administraciones hacen la cuenta de la vieja con el nº de denunciantes (126.000, al año), con la macroencuesta de violencia de género (que dice que más del 50% son madres) y con la media de hijos por mujer. Así, estiman que afecta como mínimo a 140.000 niños. Aunque otras instituciones elevan la cifra a 800.000 menores, considerando mayoritarios los casos que no se llegan a denunciarse. A la par que se aprobaban las reformas sobre el estatuto de víctima de los hijos de la violencia machista, la Justicia ha empezado a dar muestras de un cambio de doctrina, asumiendo cada vez con más contundencia las tesis de las asociaciones contra la violencia machista, e instituciones como el Defensor del Pueblo, que llevan años defendiendo que "un maltratador no es un buen padre, que los hijos son víctimas a las que hay que proteger de un entorno violento y que cada vez más maltratadores utilizan a los hijos para infligir daño a sus madres". Solo el año pasado 8 menores fueron asesinados por sus padres, la mitad al menos durante el régimen de visitas. "Ha habido reformas legislativas muy importantes recientemente", resume la presidenta del Observatorio contra la violencia de género del CGPJ, Ángeles Carmona. "Los niños antes estaban invisibilizados en la violencia de género. Al incluirse como víctimas dierectas en el art. 1 de la ley, esto impregna el resto de la legislación y en concreto una de las consecuencias es que haya más medidas que garanticen su protección. Ahora cuando los jueces tienen que decidir cómo proteger a una mujer es obligatorio que se cercioren de si tienen hijos o no y en caso afirmativo adopten de oficio medidas sobre las visitas o la custodia. Antes era necesario que se lo pidieran", recuerda. Sin embargo, y pese al aumento de las suspensiones del régimen de visitas tras el verano, el año pasado solo se tomó esta decisión en el 3,8% de los casos. Los jueces suspendieron en 2015 las visitas a 788 padres, por 623 del año anterior; se suspendió la patria potestad a 93 maltratadores, por 62 del año anterior; y se retiró la guardia y custodia en 1.269 ocasiones (por 1.133) del año anterior. 

Jurisprudencia del Supremo.

Carmona saluda también el incipiente cambio en la jurisprudencia, con varias sentencias del Supremo y el Constitucional en los últimos meses que avanzan en la garantía de la seguridad, la integridad y la recuperación del menor. A modo de ejemplo, la presidenta del observatorio del CGPJ blande una sentencia del pasado enero del Supremo. "Es la 1ª que dice que los hijos se ven afectados por ser testigos de violencia de género y que se pueden convertir en maltratadores". El caso es el del asesinato de una mujer a manos de su hijo de 18 años en Baleares, en 2013. La sentencia concluye que el acto criminal (cometido con una mancuerna y un cable asfixiador) fue fruto de las enseñanzas de un padre maltratador. Los ponentes hallan evidencias de que el hijo "ha estado durante toda su vida viendo a su padre maltratar a su madre y como consecuencia le imitó". "Los 1º sentimientos que todo ser humano recibe al nacer son los de amor, atención y cariño", dice el Supremo, y añade: "Nadie nace odiando, y por lo mismo, nadie nace maltratador o agresor y menos contra los progenitores. A odiar como a maltratar se aprende. Los padres dan al hijo el ser, el sustento y la condición de ser social. Cuando esa escuela inicial y fundamental que es la familia está definida por la dominación y el desprecio, el sometimiento y la vejación y la victimización, se está en el retrato negativo de lo que debe ser al familia como escuela de convivencia y respeto. Es evidente que el recurrente no solo convirtió su relación con su mujer en una situación de dominación y de miedo, sino que transmitió esos dis-valores a su propio hijo quien libre y acríticamente los acepto y los llevó a efecto de la forma trágica descrita". 

Unos meses antes, en septiembre, el Supremo sentó otro precedente al privar de la patria potestad a un maltratador con más de 10 años de condena. La sentencia en cuestión decía específicamente: "Repugna legal y moralmente mantener al padre en unas funciones respecto de las que se ha mostrado indigno, pues resulta difícil imaginar un más grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que el menor presencie el severo intento del padre de asesinar a su mujer". El caso era el de un padre que intentó matar a cuchilladas a la madre de su hija, de 3 años, en su presencia, y que la Audiencia de Guadalajara había decidido no quitarle la patria potestad por la vía penal. Poco antes del verano, era el Constitucional el que zanjaba que el interés del menor prevalece sobre la custodia compartida cuando el padre es condenado por violencia de género. El mes pasado, en febrero, otra vez el Supremo estipuló que una condena por amenazas a la madre también imposibilita la custodia compartida. Fue el caso de un hombre que le dijo a su exmujer: "Como no me den la custodia compartida te arranco la piel a tiras". Estas decisiones de los máximos órganos judiciales ponen en el disparadero, definitivamente, órdenes como la que emitió la Fiscalía en 2005, que decía sobre las custodias en casos de violencia machista que "fijar la suspensión absoluta del régimen de visitas del agresor para con los hijos puede no resultar oportuno ya que se puede romper, de manera inadecuada, una relación paterno-filial bien estructurada". 10 años después Pilar Nájera, fiscal jefe para violencia contra la mujer, considera, en conversación con 20minutos, que la doctrina ha cambiado y que las últimas sentencias "marcan el nuevo paso", un paso que roconoce lento "porque nos cuesta mucho cambiar los patrones por los cuales tomamos decisiones", pero que les está obligando a los fiscales también "a ser proactivos, a cambiar el criterio y modularlo". La fiscal considera que la sumisión del derecho de paternidad al interés del menor empieza a ser un mantra. Nájera, autocrítica, reconoce que como fiscales "estábamos fallando porque estábamos teniendo estereotipos machistas". A tal efecto cita la reciente reprimenda del comité de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres (Cedaw) en el caso de Ángela Carreño, cuya hija fue asesinada por su padre en cumplimiento de un régimen de visitas sin control pese a tener condenas previas de maltrato. Siendo la Fiscalía muy partidaria de la custodia compartida, Nájera comparte la doctrina de que es imprescindible que haya respeto mutuo entre las parejas para compartir la crianza y considera que un acto de violencia de género es precisamente lo contrario. A su juicio, todavía los fiscales pueden ser más activos de lo que lo están siendo. "Aunque es una materia muy compleja. Y no se puede aplicar los mismos cánones a la violencia continuada que a una amenaza o un insulto. No todos somos tan educados y suspender un régimen de visitas es muy grave", puntualiza. Las asociaciones feministas y de lucha contra la violencia de género celebran "el cambio absoluto de criterio" sobre los derechos de paternidad en entornos de maltrato y esperan que sean cada vez más los juzgados que se empiecen a sensibilizar. "Los niños que viven en hogares con malos tratos se bloquean, no socializan en la escuela como deberían, viven en la casa con miedo. Al padre le cuentan lo que le gusta oír. A la madre también, por miedo a generar un conflicto de lealtades. Y si hay un régimen de visitas la verdad es que tienen bastantes traumas a la hora de relacionarse con una persona que les controla o que ha agredido a su madre", resume Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión Nacional contra los Malos Tratos. Eso sí, las asociaciones continúan reivindicando que el Estado garantice una dotación económica (las reformas legales sobre los menores víctimas de violencia de género no llevan asignado ni un euro de presupuesto) que permita reabrir puntos de encuentro familiares que se cerraron por la crisis o dotar a los juzgados de equipos multidisciplinares y psicólogos especializados en infancia. 

Nota: Siguen queriendo vivir de las subvenciones Estatales, para recursos que se han visto ineficaces en cumplir sus objetivos.