Lo incluye en su Ley de Igualdad autonómica y le asociará medidas administrativas –en Justicia no tiene competencias– como el pago de la renta social.
Asociaciones de juristas
defienden que si hay denuncia previa por agresión machista, estos casos
sean resueltos en juzgados de violencia sobre la mujer.
"El impago de la pensión permite a los maltratadores perpetuar la violencia. De esta forma consiguen asfixiar a la víctima una vez que se ha independizado", apunta Susana Martínez.
"El impago de la pensión permite a los maltratadores perpetuar la violencia. De esta forma consiguen asfixiar a la víctima una vez que se ha independizado", apunta Susana Martínez.
Laura Galaup|14/12/2015
"El impago de
la pensión permite a los maltratadores perpetuar la violencia. De esta
forma consiguen asfixiar a la víctima una vez que se ha independizado",
apunta Susana Martínez, abogada y presidenta de la Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres. "Es como si me llama puta,
es una agresión psicológica. Vivir todos los días pensando que no tengo
dinero para dar de comer a mis hijos me acaba ahogando", cuenta Ruth
(nombre ficticio) que ha denunciado a su expareja por impago en
reiteradas ocasiones.
El Gobierno de Baleares ha anunciado una medida pionera
para que estas mujeres no sigan dependiendo económicamente de sus
exparejas. Planea incluir el impago de las pensiones alimenticias como
violencia de género en la Ley de Igualdad que están elaborando.
Aunque hay una norma estatal que prevalece, y en Justicia y leyes
nacionales no tiene competencias, sí tiene capacidad de acción
administrativa. Por lo tanto, siempre y cuando ellas denuncien esta
situación, la Administración regional las considerará víctimas de
agresiones machista y tendrán acceso a una renta social que podrá
ascender hasta 650 euros.
"Con la entrada en vigor de
esta medida obtendrán las prestaciones sociales, económicas y técnicas
que la comunidad da a las víctimas de agresiones machistas. Por ejemplo,
tendrán plaza en casas de acogida, prioridad para acceder a viviendas
públicas o renta social", explica a eldiario.es la consejera de
Servicios Sociales, Fina Santiago. Por ahora, esta normativa forma parte
del borrador de la Ley de Igualdad que será aprobada en 2016.
Fuentes de la Consejería consultadas por eldiario.es señalan que no
creen que haya impedimentos para que esta propuesta salga adelante, ya
que el Gobierno cuenta con el apoyo de una mayoría progresista formada por PSOE, Podemos y MÉS.
"Hemos tomado esta decisión porque hay mujeres a las que el impago les
ha dejado en situaciones críticas, sin poder abonar el colegio de los
niños o el alquiler de la casa. Al final, vuelve a generar dependencia
del exmarido", añade la consejera.
"Ojalá otras
comunidades tomen esa medida", fue la respuesta de Ruth al conocer el
anuncio de la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina
Armengol. Ruth nunca denunció por violencia de género a su expareja,
aunque asegura que sufrió agresiones psicológicas durante su matrimonio y
que continuaron cuando éste dejó de pagar la pensión y la hipoteca. "El
acoso era tal que cuando mis hijos se iban con él les compraba ropa,
zapatillas, juegos... Cosas que yo no les podía dar. Pero no les dejaba
que trajesen esas cosas a casa, solo las podían utilizar cuando estaban
con él", relata.
Asociaciones de juristas
especializadas en violencia de género consideran que la propuesta del
Gobierno insular supone un gran avance, aunque plantean un punto
polémico: ¿Todo impago de pensión es violencia de género? Desde la
Consejería señalan que hacen referencia a todo impago "injustificado" y
denunciado. Sin embargo, añaden que todavía no tienen planeado qué va a
pasar si esa querella es desestimada y el Gobierno regional ya ha
reconocido a esa mujer como víctima.
Amparada por el Convenio de Estambul.
Por un lado, sobre el planteamiento del Gobierno balear de asumir como
agresión machista el impago denunciado, la presidenta de la comisión
para la investigación de los malos tratos a mujeres considera que "hay
que estar a la casuística, sin descartar la medida". "Habrá algunos
casos en los que sea violencia y otros en los que no. Se pueden dar
situaciones en los que no haya antecedentes de violencia de género y se
manifieste a través del impago", advierte Martínez.
Por otro, señala que llevan años defendiendo que los casos de impago
sean llevados por tribunales especializados en violencia machista:
"Siempre y cuando exista una denuncia previa por violencia de género",
añade Susana Martínez.
"Es necesaria la
sensibilización y conocer todas las circunstancias que rodean a la mujer
para que la decisión sea ajustada a derecho y proteja a la víctima",
apunta la portavoz de la subcomisión de violencia sobre la mujer del
Consejo General de la Abogacía, Filomena Peláez. "Queremos que estos
casos tengan un trato preferente. El sistema judicial puede ser tan
perverso que la mujer, al ver que no puede mantener a sus hijos, ceda la
custodia al maltratador", finaliza Martínez.
Además, Peláez, recuerda que el Convenio de Estambul,
ratificado por España, recoge que la violencia económica es una
agresión machista más aunque este tipo de acoso no "esté conformado como
delito en el ordenamiento jurídico español".
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