Filipinas es el único Estado del mundo con el
Vaticano que no ha legalizado el divorcio, lo que fuerza a los cónyuges
de matrimonios fallidos a continuar casados o solicitar una anulación,
un proceso caro y largo que muchos no se pueden permitir.
Aunque el Partido Gabriela, que lucha por la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para
legalizar el divorcio en 2010, las constantes presiones de la
Conferencia Episcopal de Filipinas, extremadamente influyente, han
impedido que salga hacia delante.
"El matrimonio es y debería ser un esfuerzo continuo. Si
facilitamos el divorcio es menos probable que una pareja intente
superar sus diferencias (...) porque va a existir una salida fácil a sus
incompatibilidades", mantiene el presidente de la organización
eclesiástica, Socrates Villegas.
La reacción es aún
más contundente ante el reciente progreso en la Cámara de Representantes
de Filipinas de una ley que reconocería el divorcio entre un ciudadano
extranjero y un filipino concedido en otro país sin necesidad de un
proceso judicial, y que permitiría a este último volver a casase.
"Esto es obra del demonio.(..) Este tipo de leyes van en contra de Dios
y son inmorales", dijo en un comunicado el arzobispo de Lipa, Ramon
Arguelles.
La Conferencia Episcopal de Filipinas
tiene muy clara su postura frente al divorcio, pero las encuestas
publicadas en los últimos meses exponen resultados diametralmente
opuestos e indican que la sociedad filipina se debate entre la
aceptación y el rechazo.
Entretanto, datos
facilitados por una representante del Partido de Mujeres Gabriela,
Luzviminda Ilagan, apuntan a un notable ascenso de solicitudes de
anulación de matrimonio, ya que en 2001 fueron 4.520, y en 2011 se
sobrepasaron los 10.500.
Este incremento se produce
pese al complicado proceso de anulación, que según varias fuentes
consultadas suele tardar entre 3 y 4 años y puede llegar a costar entre
280.000 y 500.000 pesos (de 6.000 a 10.700 dólares), una suma que sólo
los filipinos más privilegiados se pueden permitir.
Fue el caso de Ging, una filipina ahora afincada en EEUU que decidió
poner fin a su matrimonio y tuvo que alegar incapacidad psicológica de
su pareja en la petición de nulidad.
"Nos tuvimos que
someter a pruebas psicológicas y testificar en los tribunales. Después
de un proceso largo, nos dieron la nulidad matrimonial completa 3 años y
medio después", dice a Efe Ging, que prefiere no revelar su apellido
para permanecer en el anonimato.
"Sé que soy
afortunada, porque con lo difícil que es salir de un matrimonio en mi
país, muchos filipinos se ven forzados a seguir casados a pesar de estar
en una relación violenta, dañina, y sin ningún tipo de amor", afirma la
joven.
Para Isagani Espinosa, un marinero filipino
de 46 años, el procedimiento está siendo todavía más largo, puesto que
sigue esperando su nulidad matrimonial 10 años después de haberla
solicitado.
"Me separé en 2005 y presenté mi
solicitud de nulidad matrimonial, y ahora tengo otra pareja con la que
me quiero casar pero no puedo porque sigo esperando a que me la
concedan", se queja.
"Lo que tengo muy claro es que
cuando por fin la consiga, me casaré de nuevo, pero no en Filipinas, por
supuesto. Aquí es todo demasiado complicado", apunta Espinosa.
En el Estado con mayor número de católicos de Asia, los únicos que lo
tienen más fácil para romper sus matrimonios son los musulmanes, un 11
% de la población, que gracias a una ley especial aprobada en
1977 tienen permitido divorciarse.
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