El Parlamento vasco aprobará el próximo martes la ley impulsada por Kidetza que obligará a los jueces a considerar esta fórmula si lo solicita uno de los progenitores y no supone un perjuicio para el menor.
EFE
Bilbao
24/06/2015
El Parlamento Vasco ha aprobado hoy, con el apoyo de PNV, PP y UPyD,
la abstención de PSE-EE y el rechazo de EH Bildu, el dictamen de la ley
que va a regular la custodia compartida de los hijos de parejas
separadas o divorciadas, normativa que previsiblemente va a ser aprobada el próximo martes.
De este modo, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Federación de Madres y Padres Separados de Euskadi, Kidetza, y registrada en la Cámara autonómica en 2011, ha superado su último trámite antes de convertirse en ley.
La futura norma de Relaciones Familiares en Supuestos de Separación o Ruptura de los Progenitores y Progenitoras, que llegó a la institución avalada por 85.000 firmas, tiene por objeto "garantizar, salvo circunstancias excepcionales, las relaciones continuadas de los progenitores con sus hijos e hijas y de estos con sus hermanos o hermanas, abuelos y otros parientes y personas allegadas".
Para ello, recoge que cada uno de los cónyuges por separado o de común acuerdo podrá solicitar al juez, "en el interés de sus hijos", que la guardia y custodia de los menores sea ejercida de forma compartida o sólo por uno de ellos. Esta redacción modifica la incluida en la ILP en la que se planteaba la custodia compartida como régimen preferente.
De salir adelante la actual redacción, el juez deberá valorar la concesión de esta fórmula de convivencia siempre que lo pida una de las partes.
En este sentido, el texto señala que el juez, a petición de parte, aplicará la custodia compartida, "siempre que no sea perjudicial para el interés del menor" y cuando el caso reúna una serie de circunstancias detalladas en el dictamen.
Así, el juez deberá analizar aspectos como la vinculación afectiva de los niños a cada uno de sus progenitores, la edad de los menores y su opinión, el arraigo social, escolar y familiar de los hijos, o la ubicación de la residencia habitual, entre otros aspectos.
Nota: Eso ya existe en la actual legislación española.
La futura ley impide que se otorgue la custodia compartida en caso de que uno de los dos progenitores haya sido condenado penalmente por sentencia firme por un delito de violencia doméstica o de género contra su pareja o contra sus hijos.
En cuanto a la vivienda familiar, el dictamen determina que cuando se aplique la custodia compartida y su uso no fuera atribuido de manera alterna a cada uno de los progenitores, el juez la dejará en manos del que "objetivamente" tuviera "mayores dificultades de acceso" a un piso, "si ello fuera compatible con el interés superior de los hijos".
El disfrute de la vivienda por razones de necesidad se hará con carácter temporal, por un máximo de 2 años, y será revisable para comprobar si se mantienen o no las circunstancias que motivaron la decisión del magistrado.
En el debate y en las votaciones de hoy en comisión ha quedado en el aire si las medidas recogidas en este dictamen tendrán o no carácter retroactivo para parejas ya separadas y con regímenes de custodia definidos ya, en caso de que alguna de sus partes quisiera pedir la custodia compartida.
Los grupos apurarán hasta el martes para tratar de alcanzar un acuerdo sobre esta posibilidad, que el PP quiere acotar para que se determinen los supuestos en los que podría darse esta situación.
Desde el PNV, Amaia Arregi ha defendido que la custodia compartida es el régimen que "mejor vela" para que los niños puedan seguir relacionándose con sus 2 progenitores.
Del mismo modo, Laura Garrido (PP) ha subrayado que posibilita "un régimen más equitativo", mientras que Gorka Maneiro (UPyD) ha insistido en que la futura ley "evitará situaciones injustas".
Por su parte, Diana Urrea (EH Bildu) ha mostrado su oposición al texto al defender que no se puede aplicar el mismo criterio en todos los casos de separaciones de parejas con hijos, sino que "es necesario hacer un traje a medida para cada caso".
La socialista Miren Gallastegi ha explicado que la abstención de hoy se debe a que "la precipitación y las prisas" en la redacción del texto "no permite saber cuál va a ser su alcance definitivo". Por ello, el PSE-EE esperará al pleno del martes para fijar su posición definitiva.
De este modo, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la Federación de Madres y Padres Separados de Euskadi, Kidetza, y registrada en la Cámara autonómica en 2011, ha superado su último trámite antes de convertirse en ley.
La futura norma de Relaciones Familiares en Supuestos de Separación o Ruptura de los Progenitores y Progenitoras, que llegó a la institución avalada por 85.000 firmas, tiene por objeto "garantizar, salvo circunstancias excepcionales, las relaciones continuadas de los progenitores con sus hijos e hijas y de estos con sus hermanos o hermanas, abuelos y otros parientes y personas allegadas".
Para ello, recoge que cada uno de los cónyuges por separado o de común acuerdo podrá solicitar al juez, "en el interés de sus hijos", que la guardia y custodia de los menores sea ejercida de forma compartida o sólo por uno de ellos. Esta redacción modifica la incluida en la ILP en la que se planteaba la custodia compartida como régimen preferente.
De salir adelante la actual redacción, el juez deberá valorar la concesión de esta fórmula de convivencia siempre que lo pida una de las partes.
En este sentido, el texto señala que el juez, a petición de parte, aplicará la custodia compartida, "siempre que no sea perjudicial para el interés del menor" y cuando el caso reúna una serie de circunstancias detalladas en el dictamen.
Así, el juez deberá analizar aspectos como la vinculación afectiva de los niños a cada uno de sus progenitores, la edad de los menores y su opinión, el arraigo social, escolar y familiar de los hijos, o la ubicación de la residencia habitual, entre otros aspectos.
Nota: Eso ya existe en la actual legislación española.
La futura ley impide que se otorgue la custodia compartida en caso de que uno de los dos progenitores haya sido condenado penalmente por sentencia firme por un delito de violencia doméstica o de género contra su pareja o contra sus hijos.
En cuanto a la vivienda familiar, el dictamen determina que cuando se aplique la custodia compartida y su uso no fuera atribuido de manera alterna a cada uno de los progenitores, el juez la dejará en manos del que "objetivamente" tuviera "mayores dificultades de acceso" a un piso, "si ello fuera compatible con el interés superior de los hijos".
El disfrute de la vivienda por razones de necesidad se hará con carácter temporal, por un máximo de 2 años, y será revisable para comprobar si se mantienen o no las circunstancias que motivaron la decisión del magistrado.
En el debate y en las votaciones de hoy en comisión ha quedado en el aire si las medidas recogidas en este dictamen tendrán o no carácter retroactivo para parejas ya separadas y con regímenes de custodia definidos ya, en caso de que alguna de sus partes quisiera pedir la custodia compartida.
Los grupos apurarán hasta el martes para tratar de alcanzar un acuerdo sobre esta posibilidad, que el PP quiere acotar para que se determinen los supuestos en los que podría darse esta situación.
Desde el PNV, Amaia Arregi ha defendido que la custodia compartida es el régimen que "mejor vela" para que los niños puedan seguir relacionándose con sus 2 progenitores.
Del mismo modo, Laura Garrido (PP) ha subrayado que posibilita "un régimen más equitativo", mientras que Gorka Maneiro (UPyD) ha insistido en que la futura ley "evitará situaciones injustas".
Por su parte, Diana Urrea (EH Bildu) ha mostrado su oposición al texto al defender que no se puede aplicar el mismo criterio en todos los casos de separaciones de parejas con hijos, sino que "es necesario hacer un traje a medida para cada caso".
La socialista Miren Gallastegi ha explicado que la abstención de hoy se debe a que "la precipitación y las prisas" en la redacción del texto "no permite saber cuál va a ser su alcance definitivo". Por ello, el PSE-EE esperará al pleno del martes para fijar su posición definitiva.
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