...... que Gallardón lanzó para compensar las tasas.
Introduce sus principales medidas mediante una batería de recursos presentados a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El PP ha renunciado a impulsar en el Congreso de
los Diputados la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que impulsó el
exministro Alberto Ruiz-Gallardón para 'compensar' la creación de nuevas
tasas judiciales y que ampliaba los beneficiarios que pueden acogerse a
este servicio.
El partido del Gobierno ha optado por
no tramitar la norma, que llevaba más de 1 año congelada en la cámara
baja, e introducir, a cambio, una batería de enmiendas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aprobada este miércoles y que será remitida al
Senado.
Los 'populares' meten así en esta otra norma
la mayoría de las disposiciones de peso del proyecto lanzado por
Gallardón, que amplía los colectivos que pueden beneficiarse de este
servicio, incluye dos tipos de destinatarios: quienes no tienen recursos
suficientes para litigar y quienes tienen este derecho con
independencia de su nivel de renta.
El Ejecutivo ya
aprobó en febrero de 2013 un decreto ley por el que modificaba la
polémica ley de tasas judiciales y anticipaba la aplicación de puntos
esenciales de la Justicia Gratuita para que los nuevos beneficiarios
pudieran acogerse desde ese mismo momento. Entre ellos, se encontraban
todas las víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos, de
terrorismo, de accidentes graves, así como menores o discapacitados que
hayan sufrido abusos o maltrato.
Según recogía el
anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros, el umbral para acceder a
la justicia gratuita pasaría, en términos generales, de 2 veces el SMI
(14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33) y en las familias de
4 ó más miembros la referencia pasa a ser el triple del IPREM
(19.170,39 euros).
En las unidades familiares de
4 ó más miembros, el umbral de referencia pasará a ser de 1.597
euros brutos anuales, lo que supone una subida de un 20% respecto a los
1.242 vigentes. La norma tendrá en cuenta además las circunstancias o de
salud del solicitante.
ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS
La Ley de Enjuiciamiento Civil incluirá, una disposición que permitirá a
las asociaciones de víctimas del terrorismo disfrutar de justicia
gratuita con independencia de sus recursos económicos. El partido del
Gobierno plantea modificar la norma de 1996 que regula la asistencia
gratuita para ampliar este derecho a los colectivos que tengan como fin
"la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo".
El decreto ley de 2013 ofrecía ya cobertura a las víctimas de violencia
de género, individuales de terrorismo, de trata de seres humanos y los
menores de edad y discapacitados psíquicos que sufran abusos y maltratos
cuando el proceso esté vinculado a su condición de víctima.
Ahora, asociaciones como la AVT o Dignidad y Justicia quedarán exentas
del pago de las costas y resto de los costes, como los servicios de
abogado y procurador. Tendrán derecho al asesoramiento previo y a
atención jurídica especializada cuando interponen una denuncia, mientras
que los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia
pericial especializada.
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