La Junta de Jueces considera que su criterio es «motivado y
razonado» y que las presiones menoscaban el principio de independencia. Idoya Rey | oviedo|
El Decanato de los Juzgados de Oviedo convocó ayer una Junta de Jueces para analizar la apertura de un expediente disciplinario a la jueza de violencia contra la Mujer, Marta Iglesias López, por parte del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). Una reunión que partió «del apoyo humano y personal que corresponde dar como compañeros» y que terminó con el mismo aliento plasmado en un comunicado.
La propia Iglesias López asistió a la reunión presidida por la decana, Pilar Martínez Ceyanes, en la que la junta formada por los 36 jueces de la ciudad manifestaron su «sensibilidad con los derechos de las víctimas de la violencia de género», pero también su «compromiso con las garantías de los derechos y libertades de todos». «Corresponde asegurarlos, en cada caso concreto, a cada uno de los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales», subraya el comunicado.
El Consejo General del Poder Judicial anunció el pasado jueves la apertura del expediente disciplinario a la jueza, que puede terminar en el archivo de la investigación o en una sanción. Este paso lo dio tras recibir más de una veintena de quejas presentadas por colectivos que trabajan con mujeres maltratadas. Sostienen que en Oviedo se está privando a las víctimas de ciertos derechos, pues Iglesias López no convoca la comparecencia para dictar o rechazar las órdenes de alejamiento cuando la policía fija el riesgo como bajo.
Los colectivos aseguran que el protocolo para determinar tal riesgo viene dado por un programa informático, que además se está revisando, y que 14 de las mujeres asesinadas el pasado año por sus parejas habían sido calificados como casos de bajo riesgo.
Ese derecho a discrepar y criticar las resoluciones judiciales es «legítimo», recuerda la Junta de Jueces, pero «el procedimiento apropiado para cambiar los criterios motivados y razonados de los jueces en sus resoluciones es únicamente el de los recursos jurisdiccionales». Creen que en ningún caso pueden usarse «las vías de presión, descalificación y desprestigio profesional a la juez que fundadamente haya adoptado la resolución».
Un menoscabo a la jueza
Antes de la reunión, la decana de los Juzgados de la ciudad, Pilar
Martínez Ceyanes, defendió el buen funcionamiento de los mismos, que en
Oviedo, dijo, «es muy aceptable en tiempos de calidad de respuesta y los
tiempos de resolución al ciudadano». Se mostró preocupada por la imagen
que se está dando de los juzgados de la ciudad «que no responde a la
realidad». «Nos preocupa también que se denuncie a una compañera, no para que se castigue una infracción disciplinaria sino para que se cambie un criterio de actuación», insistió.
El comunicado conjunto de la Junta también refleja la misma preocupación «por el hecho de que las críticas, las quejas y la presión a través de los medios de comunicación frente al criterio motivado y razonado de una juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales constituyen un menoscabo de los principios de independencia e imparcialidad, necesarios en una sociedad democrática y consustanciales al ejercicio de las funciones judiciales en todas y cada una de sus decisiones».
No obstante la resolución de la Junta de Jueces no es vinculante para la decisión que vaya a adoptar el CGPJ. «Nosotros mostramos un apoyo humano y personal, que es el único que nos corresponde dar como compañeros. Su actuación profesional será valorada en otro foro distinto», insistió Ceyanes. En todo caso, Iglesias López podrá aportar el informe a su expediente y también podrá contar con asistencia letrada en el proceso.
El Observatorio Asturiano de Violencia de Genero decidió hace unas semanas instar al órgano judicial a «analizar» lo que ocurre en Asturias, la comunidad con menos órdenes de protección concedidas.
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