El Gobierno confirma que las tasas de Gallardón no revertirán a la justicia gratuita. - Foto EFE
www.vozpopuli.com /24.03.2015
Se ha cobrado por tasas más de 560 millones.
En sólo 2 años se han
recaudado 600 millones por tasas judiciales que tenían que haber
financiado la justicia gratuita. Pero ni ha sido ni será así, según
afirma el Gobierno. Andalucía y Valencia piden financiación y en Madrid
se rebela el turno de oficio.
El Gobierno confirma que desde la entrada en vigor de
las tasas judiciales (noviembre de 2012) ha recaudado por ese concepto
casi 600 millones de euros, pero lo que no sabe es qué
ha hecho concretamente con todo ese dinero. Así se reconoce en un
documento remitido al Congreso en el que afirma que “el Ministerio de
Justicia no dispone de información al respecto. Tampoco
corresponde a la Agencia Tributaria de la Administración del Estado la
determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa”.
Según ha confirmado Vozpópuli en fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, la cantidad total recaudada por el Estado en concepto de tasas judiciales entre enero de 2013 y el 5 de noviembre de 2014 –última fecha disponible- fue de 563 millones de euros, de los que 307 millones correspondieron a 2013 y otros 256 hasta finales de octubre de 2014. Pero si lleváramos las cuentas hasta que el Gobierno puso fin a las tasas para personas físicas –hace menos de un mes- la cifra rebasa ampliamente los 600 millones de euros.
De esa cantidad, en concepto de tasas de personas físicas –uno de los grandes cambios introducidos por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en noviembre de 2012 con su Ley de Tasas- el Estado ha recaudado un total de 125,8 millones de euros, de los que 65 correspondieron a 2013 y otros 60,8 millones hasta el 5 de noviembre de 2014, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.
Las tasas judiciales, a la caja común en vez de a la justicia gratuita
Lo más curioso de todo es que, según la Ley 10/2012 de tasas judiciales, las cantidades recaudadas por ese concepto tenían que haber revertido a la Justicia y más concretamente a la justicia gratuita. Así estaba contemplado en la ley, y así lo expresó públicamente el entonces ministro Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el Gobierno reconoce ahora en el documento remitido al Congreso que esa previsión nunca se cumplió y que las cantidades recaudadas por esas tasas fueron a parar al ‘saco’ común de los ingresos del Estado, razón por la que no sabe a qué proyectos fueron destinadas.
En ese documento al que Vozpópuli ha tenido acceso se dice que “no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa”. Es un juego de palabras con el que el Ejecutivo evade destinar ese sobreimpuesto al fin supuesto para el que fue creado.
En ese sentido, en ese mismo documento –remitido al diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví- el Gobierno confirma que la previsión recogida en el art. 11 de la Ley 10/2012 dice literalmente que “la tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio”.
Es decir, que las tasas judiciales que el Gobierno de Rajoy impuso en noviembre de 2012 y que el Consejo de Ministros retiró hace apenas un mes tenían que haberse dedicado a la justicia gratuita. Al menos, los 125,8 millones de euros recaudados como tasas a las personas físicas.
Si se hubieran cumplido esas previsiones, los abogados de oficio madrileños no hubieran tenido que ir recientemente a la huelga hartos de cobrar 2 euros la hora, tal y como informó este periódico, o, por ejemplo también, Andalucía hubiera podido cobrar en tiempo y forma los 33 millones recaudados por tasas judiciales que reclama para financiar la justicia gratuita.
En ese sentido, el Gobierno de Rajoy sostiene que no tiene por qué transferir a las Administraciones Autonómicas que tienen atribuida la competencia de Administración de Justicia las cantidades reclamadas, porque “no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa”.
Es decir, que el Gobierno confirma que ni Andalucía, Madrid o Comunidad Valencia van a recibir ni ahora ni nunca las cantidades que la Administración Central cobró por tasas judiciales: no podrán contar con ese dinero para financiar la justicia gratuita en sus territorios.
Según ha confirmado Vozpópuli en fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, la cantidad total recaudada por el Estado en concepto de tasas judiciales entre enero de 2013 y el 5 de noviembre de 2014 –última fecha disponible- fue de 563 millones de euros, de los que 307 millones correspondieron a 2013 y otros 256 hasta finales de octubre de 2014. Pero si lleváramos las cuentas hasta que el Gobierno puso fin a las tasas para personas físicas –hace menos de un mes- la cifra rebasa ampliamente los 600 millones de euros.
De esa cantidad, en concepto de tasas de personas físicas –uno de los grandes cambios introducidos por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en noviembre de 2012 con su Ley de Tasas- el Estado ha recaudado un total de 125,8 millones de euros, de los que 65 correspondieron a 2013 y otros 60,8 millones hasta el 5 de noviembre de 2014, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.
Las tasas judiciales, a la caja común en vez de a la justicia gratuita
Lo más curioso de todo es que, según la Ley 10/2012 de tasas judiciales, las cantidades recaudadas por ese concepto tenían que haber revertido a la Justicia y más concretamente a la justicia gratuita. Así estaba contemplado en la ley, y así lo expresó públicamente el entonces ministro Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el Gobierno reconoce ahora en el documento remitido al Congreso que esa previsión nunca se cumplió y que las cantidades recaudadas por esas tasas fueron a parar al ‘saco’ común de los ingresos del Estado, razón por la que no sabe a qué proyectos fueron destinadas.
En ese documento al que Vozpópuli ha tenido acceso se dice que “no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa”. Es un juego de palabras con el que el Ejecutivo evade destinar ese sobreimpuesto al fin supuesto para el que fue creado.
En ese sentido, en ese mismo documento –remitido al diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví- el Gobierno confirma que la previsión recogida en el art. 11 de la Ley 10/2012 dice literalmente que “la tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio”.
Es decir, que las tasas judiciales que el Gobierno de Rajoy impuso en noviembre de 2012 y que el Consejo de Ministros retiró hace apenas un mes tenían que haberse dedicado a la justicia gratuita. Al menos, los 125,8 millones de euros recaudados como tasas a las personas físicas.
Si se hubieran cumplido esas previsiones, los abogados de oficio madrileños no hubieran tenido que ir recientemente a la huelga hartos de cobrar 2 euros la hora, tal y como informó este periódico, o, por ejemplo también, Andalucía hubiera podido cobrar en tiempo y forma los 33 millones recaudados por tasas judiciales que reclama para financiar la justicia gratuita.
En ese sentido, el Gobierno de Rajoy sostiene que no tiene por qué transferir a las Administraciones Autonómicas que tienen atribuida la competencia de Administración de Justicia las cantidades reclamadas, porque “no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa”.
Es decir, que el Gobierno confirma que ni Andalucía, Madrid o Comunidad Valencia van a recibir ni ahora ni nunca las cantidades que la Administración Central cobró por tasas judiciales: no podrán contar con ese dinero para financiar la justicia gratuita en sus territorios.
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