El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha confirmado este miércoles que el Ejecutivo Central revisará el sistema de tasas judiciales y «aumentará el número de beneficiarios de la justicia gratuita».
Rajoy ha realizado esta confirmación - del anuncio que hizo en su toma de posesión el ministro de Justicia, Rafael Catalá- en su visita a las obras del nuevo Palacio de Justicia de La Rioja.
Un recorrido que ha hecho acompañado del presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y del delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, entre otras personalidades.
Rajoy ha dicho que las reformas en justicia que ha
emprendido su Gobierno «ya están dando resultados y están destinadas a
dar más y mejores resultados todavía».
También ha informado de que, «en muy breve plazo, se
aprobará el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial», que cree que
«reforzará el papel vertebrador de la justicia a la hora de hacer país y
será una mejora visible en términos de acceso a la justicia y rapidez de los órganos judiciales».
Ha asegurado que su Gobierno ha concedido una «atención
prioritaria» a la justicia, que «en la España de hoy es un baluarte de
nuestro bienestar, una garantía de nuestro progreso y un activo para
nuestro desarrollo».
Ha subrayado que las reformas en justicia que ha emprendido su Gobierno «ya están dando resultados y están destinadas a dar más y mejores resultados todavía».
Rajoy ha precisado que la reforma de la justicia es «una de
las más importantes, ambiciosas y complejas» que ha hecho su Ejecutivo y
ha resaltado la importancia de «tener una Administración de Justicia
mejor dotada en medios humanos y materiales».
Ha subrayado que «se están aumentando las garantías de los derechos de los ciudadanos y dotando al Estado de nuevos instrumentos
para combatir ciertos delitos, como los de odio, una lucha más eficaz
contra la violencia de género o la implantación de medidas más estrictas
para combatir la corrupción».
Rajoy se ha referido, además, a que «una justicia lenta no
es justicia», por lo que «desatascar los juzgados y agilizar la
instrucción judicial es una de las prioridades del Gobierno».
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