Alud de desahucios en los pisos sociales de los fondos buitres

La autonomía y el municipio de Madrid vendieron 5.000 casas públicas a inversores. Las familias se sienten «estafadas» y denuncian 'mobbing' inmobiliario.

MANUEL VILASERÓ / MADRID/Sábado, 24 de enero del 2015

La familia de Wilson, sin ingresos y con un recién nacido, se quedó ayer en la calle en el barrio madrileño de Vallecas. El día 3 de febrero le tocará a la de Rubén, con 3 hijos pequeños, en Carabanchel. Podríamos llenar la página con casos como estos. La lista es inacabable y sobre todo singular porque esta vez no son ni bancos ni pequeños propietarios agobiados por sus deudas los que impulsan los desahucios. Los protagonistas de estos dramas vivían de alquiler en casi 5.000 viviendas públicas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid que les fueron adjudicadas por sus dificultades económicas o sociales, pero ambas administraciones las vendieron en el 2013 a 2 fondos de inversión, los conocidos como fondos buitres, Goldman Sachs y Blackstone. Los mismos que ahora fuerzan su marcha.
Cuando se produjo la insólita operación, las autoridades aseguraron que los vecinos no lo iban a notar , que los inquilinos simplemente cambiaban de casero. Teóricamente se iban a respetar los contratos. Un año y medio después se han hecho realidad los peores augurios.
Los nuevos propietarios aprovechan cualquier resquicio legal para subir las cuotas, impedir la prórroga de contratos vencidos, eliminar las ayudas públicas, descuidar el mantenimiento y deshacerse así de las familias para poder vender o arrendar a precios de mercado. «Mobing inmobiliario en toda la regla. Muchos se están marchando porque no quieren pasar la vergüenza de un desahucio pero a los que no tienen ninguna alternativa los acaban echando», denuncia Arancha Mejías, presidenta de la asociación de vecinos de las viviendas sociales de la EMVS en Carabanchel.
El suyo es uno de los muchos colectivos que se han creado casi de manera espontánea para hacer frenta a lo que consideran «una estafa sin precedentes», con movilizaciones y también un amplio abanico de acciones judiciales, en el que cifran buena parte de sus esperanzas porque, además, los fondos se llevaron los pisos a «precio de ganga».
Las 2.935 casas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), las de la comunidad autónoma, fueron adjudicadas en agosto del 2013 por 201 millones de euros a Azora, un fondo de inversión del banco norteamericano Goldman Sachs. Uno de los muchos que se dedican a adquirir a sociedades endeudadas o en quiebra activos inmobiliarios a precios de saldo a la espera de sacarles partido. La compra les salió a poco más de 60.000 euros por piso, que ahora venden por mucho más del doble, entre 140.000 y 150.000 euros de precio medio.
Continua el artículo AQUI