La ley de lucha contra la violencia de género cumple 10 años sin grandes resultados.
Daniel Roldán| 28/01/2015
Más de 60 mujeres de media han sido asesinadas desde 2004 por sus cónyuges o exparejas. La mayor cifra se dio en 2008, con 76.
El dolor comenzó a ser visible. Los nº de la tragedia, escondidos entre muchos datos o simplemente inexistentes, comenzaron a salir. Y, el 28 de diciembre de 2004, la lucha contra esa lacra comenzó a ser una lucha global. Ese día, el Congreso aprobaba la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
La 1/2004, primera norma del 1º Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Al día siguiente la publicaba el BOE con un 1º párrafo cargado de intenciones: "La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión".
Desde el 1 de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2013, han muerto a manos de sus exparejas o cónyuges 641 mujeres, a las que hay que sumar otras 71 de 2003 (cuando comenzó a contabilizarse este drama) y las 51 que se han producido durante este año. La mayor tragedia se produjo en 2008, cuando fueron asesinadas 76 personas. En 2004, 2007 y 2010, la tragedia superó las 7 decenas de finadas (72, 71 y 73, respectivamente), mientras que en 2012 se obtuvo el nº más bajo (52), seguido del año pasado (54 fallecimientos) y 2009 (56).
En cuanto a las edades, un poco menos de la mitad de las víctimas (el 49%) se situaba entre los 21 y los 40 años. También hay que señalar que 37 mujeres menores de 21 años han sido asesinadas durante esta década.
Claroscuros
Unas cifras que demuestran que todavía no se puede hablar de una tendencia a la baja. La ley es una buena herramienta y determinante, aseguran los políticos, pero hay que dar un paso más. "Ha transformado la respuesta jurídica, penal y social contra la violencia de género, pero es mejorable", apunta Marta González, portavoz popular en la Comisión de Igualdad del Congreso. "La ley es buena y ha sido ahora reconocida por Naciones Unidas como una de las mejores leyes en la materia. Lo que le falta es un buen desarrollo", añade Carmen Montón, portavoz socialista. Ese desarrollo pasa por evitar la "revictimización de las mujeres que se atreven a dar el paso de denunciar", señala Ascensión de las Heras, de Izquierda Plural. "Cuando se pone una denuncia se ponen en marcha numerosas administraciones y la coordinación es fundamental para lograr una respuesta mucho más eficaz", indica la portavoz popular.
Sin embargo, esta respuesta no se está dando, según la oposición. "Prometieron crear una ventanilla única que no se ha realizado", apunta Montón, mientras De las Heras asegura que las mujeres están "hartas" de las acciones del Gobierno. "Está haciendo una abolición encubierta de la ley, no solo por los recortes sino también por los ataques a través de otras normas, como la ley de administración local que recorta la atención en los ayuntamientos o la Lomce, donde se estudiaba Educación para la Ciudadanía. En 3 años de legislatura, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada. Ni la ventanilla única, ni la atención personalizada ni la red de casas de acogida, sino recortar el 22% en los Presupuestos Generales del Estado", argumenta la portavoz socialista.
"Trabajamos en la prevención. Se ha incorporado en el currículum de primaria y se está trabajando para incorporarse en el de secundaria. Ha desaparecido la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que adoctrinaba, y que ahora el PSOE dice que era la asignatura contra la violencia de género pero que incluía otra mucha otra materia", señala por su parte González.
Parte de esos cambios coinciden con los planteados por el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial y que se basan en una mayor agilidad de los trámites administrativos y más formación tanto de los jueces como de los policías y guardias civiles. Y, según coinciden las portavoces, trabajar en una mayor prevención, educación y apoyo de las mujeres maltratadas
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