/13 noviembre, 2014 |
La estadística de custodias compartidas
declaradas por sentencia arroja desde 2007 la siguiente serie: 9,6% del
total, ese año; prácticamente lo mismo en 2008 y 2009; 10,46% en 2010;
12,30% en 2011; 14,60% en 2012 y 17.90% en 2013 (el INE no proporciona
datos desagregados más antiguos). Es decir, las custodias compartidas
han aumentado un 45,52% en los 2 últimos años y un 86,46 % en los
últimos 5. Es difícil encontrar otra variable sociológica que haya
experimentado en el mismo período un salto cualitativo tan acusado. Se ha querido buscar explicación a este aumento en la entrada en vigor de varias legislaciones autonómicas regulando la figura. En efecto, en 3 de las 4 regiones con normativa propia sobre el tema, su implantación se acerca rápidamente a las cifras vigentes en países (Francia desde 2002, Italia y Bélgica desde 2006…) que también derogaron la anterior preferencia por la custodia exclusiva. Así, en 2013, el 29,60 % de las rupturas en Cataluña establecieron la custodia alternada (concretamente en la provincia de Gerona, 34,90%), 29,00 % en Aragón, y 25,70 % en la Comunidad Valenciana, quedándose Navarra, con un 15,90% en cifras llamativamente inferiores a la media estatal.
El dato, siendo cierto, no es suficiente. En 1º lugar, porque tales normativas no estimulan las custodias compartidas con la intensidad que reflejan las cifras.
Las de Navarra y Cataluña se limitan a equiparar formalmente los distintos modelos, ampliando la discrecionalidad judicial y las facultades de autocomposición de los padres. Más favorables a la coparentalidad son las leyes valenciana y aragonesa, si bien por razones demográficas tienen un impacto limitado sobre los datos globales. Pero, sobre todo, la dispersión normativa no explica que parecidos aumentos se estén produciendo en casi todos los territorios sujetos en esta materia al Código Civil. Ejemplos: entre 2011 y 2013, en Baleares las custodias compartidas han subido del 18,90 al 26,10%; en el País Vasco, de 11,70 a 17,40 %; en Madrid, de 11,80 al 16,50%, todavía por debajo de la media nacional. La normalización de la figura parece por tanto tener mucho que ver con el desarrollo socioeconómico de cada territorio. Con todo, algo raro pasa en Andalucía, que con sus 8,5 M. de habitantes y sus 17,5 m. rupturas anuales, tiene peso propio para sesgar los datos: prescindiendo de los suyos, la media estatal estaría por encima del 20%. De ser ciertas las cifras, las custodias compartidas siguen allí estancadas en un 9.9 %, poco más de la mitad que la media nacional, y con un dato asombroso: en toda la serie histórica es la única región que experimentó un retroceso (de 7,4 en 2011 a 7,0 en 2012).
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Enlace con documentación muy interesante sobre Responsabilidad Parental
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