www.ocu.org/13 octubre 2014
Hace 2 años el entonces ministro Gallardón sacó adelante unas tasas judiciales que obstaculizan el acceso de los ciudadanos a la justicia. El relevo en el ministerio ofrece una 2ª oportunidad para acabar con esta ley inconstitucional.
Hace 2 años el entonces ministro Gallardón sacó adelante unas tasas judiciales que obstaculizan el acceso de los ciudadanos a la justicia. El relevo en el ministerio ofrece una 2ª oportunidad para acabar con esta ley inconstitucional.
En noviembre de 2012, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), del que OCU forma parte, pidió a la Defensora del Pueblo que interpusiese un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Tasas de la Justicia.
El Gobierno acababa de aprobarla por iniciativa del entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón.
Esta Ley impuso a todos los consumidores unas tasas que obstaculizan el acceso de los ciudadanos a la justicia, vulnerando así sus derechos:
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El derecho a la tutela judicial efectiva que establece en su Art. 24 la Constitución Española.
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El principio de igualdad jurídica de la ley.
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El derecho a la protección de los consumidores mediante procedimientos eficaces.
Varios recursos de inconstitucionalidad fueron aun así presentados y seguimos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Una nueva oportunidad.
El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado su intención de analizar y mejorar las tasas judiciales, escuchando a los grupos parlamentarios y a los profesionales de la Justicia.
Para OCU, estas tasas siguen siendo inconstitucionales y violando los derechos de los ciudadanos.
Además son absolutamente ineficaces
porque no han conseguido su objetivo: en España no hay menos litigios y
estas tasas no han servido para financiar la justicia gratuita.
- OCU pide al nuevo ministro de Justicia la derogación de esta Ley.
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