.... para que no haya merma del derecho a la tutela judicial efectiva.
Sobre la base de que el concepto de tasas judiciales tiene sentido para un tipo de usuarios cualificados de nuestro sistema, el nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, destacó su compromiso de identificar en un breve plazo cual es la situación creada por su actual modelo, en especial respecto del derecho a la tutela judicial efectiva y no descartó que, si efectivamente se aprecia que se puede estar poniendo en peligro el acceso al mismo, revisarlo.
En el acto de clausura del Legal Management Forum, celebrado ayer en Madrid bajo la organización de Wolters Kluwer e Inkietos, Catalá, que se definió a sí mismo como un directivo público experto en la gestión pública, destacó la importancia de gestionar adecuadamente los recursos y las personas.
En este sentido subrayó que la Administración de Justicia española, con 48.000 trabajadores a su servicio y 1.615 millones de presupuesto para el próximo año, cuenta con los medios suficientes para llevar a cabo su tarea.
El ministro destacó también la importancia de la abogacía de los negocios, objeto principal de este Foro, como herramienta de dinamización de la economía, al facilitar la salida al exterior de nuestras empresas y la llegada de otras a nuestro país.
Esa dinamización económica requiere de una necesaria seguridad jurídica para atraer inversiones, sobre la base de un sistema normativo adecuado y una gestión eficaz de la Administración de Justicia que asegure su cumplimiento.
Para ello, destacó que su departamento está trabajando en proporcionar un marco legal adecuado para nuestra sociedad, poniendo como ejemplos su impulso a un nuevo Código Mercantil que supere las obsolescencias del actual, la implantación efectiva de la oficina judicial, el impulso de la administración electrónica y el desarrollo de nuevos mecanismos para la solución extrajudicial de conflictos, como la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria.
Finalmente destacó también la importancia de la futura Ley de asistencia jurídica gratuita, con la que se pretende aportar una mayor eficiencia, control y transparencia en la gestión de los recursos públicos dedicados a la Justicia.
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