El PP propone acotar la duración del estatuto de víctima de violencia de género

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha elaborado una lista de propuestas para mejorar la lucha contra la violencia de género entre las que figuran acotar la vigencia del estatuto de víctima y crear un documento específico de renuncia al empleo por motivo de malos tratos con el que una mujer pueda acreditar que renunció a su sueldo por un motivo justificado.

Estas 2 medidas forman parte de una lista de unas 20 que el PP prevé llevar a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, el próximo 10 de septiembre, cuando su departamento ha convocado al grupo de trabajo de portavoces de Igualdad en el Congreso y el Senado que desde marzo elabora iniciativas para mejorar la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Según informan a Europa Press en fuentes parlamentarias, la 1ª de las iniciativas pretende responder a un "problema para la mayor parte de las administraciones" y es fijar el límite temporal durante el que una víctima de violencia de género es considerada como tal y tiene acceso, por tanto, a todas las ayudas y ventajas sociales (como prioridad en un alquiler de vivienda protegida, por ejemplo) a las que tiene derecho por ley.

Como la Ley Integral no lo especifica, los juzgados, los abogados e incluso las administraciones públicas han ido aplicando lo que consideraban más adecuado. Las fuentes consultadas explican que "en general", se establece que el estatuto de víctima dure el mismo tiempo que la condena del maltratador. "Entendemos que eso no es lo más correcto porque puede darse la situación contraria, que la mujer sea más vulnerable precisamente cuando él sale de prisión", explican en el PP.
El objetivo es "revisar" la situación, "solventar esa laguna" y "establecer la duración" de los estatutos de víctima. En paralelo, se propone ampliar los mecanismos para acceder a esta condición, que en la actualidad acreditan o el Ministerio Fiscal o los servicios sociales del ayuntamiento. El PP pide que puedan hacerlo también los puntos de coordinación de las órdenes de protección de las distintas comunidades autónomas, es decir, el organismo autonómico que se encarga del área de Mujer.
En cuanto a la 2ª de las propuestas que avanza el PP, consiste en crear un documento de renuncia al puesto de trabajo por razón de violencia de género que tenga validez oficial, para que ella pueda probar que dejó el empleo por un motivo justificado.
Según explican las mismas fuentes, la ley obliga a la empresa a cambiar de localización geográfica a la trabajadora que por razón de malos tratos, solicite un traslado. El problema es que no todas las empresas tienen delegaciones en más de un lugar y la mujer, al no poder ser trasladada, renuncia directamente a su empleo para cambiar de ciudad.
Cuando ha renunciado a ese empleo obligada por la violencia de género y quiere percibir una ayuda, se le deniega porque se entiende que renunció a su sueldo voluntariamente. "La empresa debería emitir un documento que acredite ante las administraciones que la trabajadora no ha renunciado porque sí, sino porque era inviable un traslado", explican.
Asimismo, el documento incluye otras propuestas dirigidas a la seguridad de las víctimas y la persecución de los maltratadores, como mejorar la formación de las fuerzas de seguridad o lograr que todas las policías locales y autonómicas colaboren en la persecución y vigilancia de los casos. Para ello es necesario que firmen un convenio con el Ministerio del Interior, acuerdo que no se ha suscrito en todos los casos y que dificulta la coordinación policial.