Todos contra la nueva ley de Justicia Gratuita de Gallardón

La abogacía se mueve para defender tu justicia.

Martín L. Aleñar Feliu/  23.07.2014 | El jueves 24 de julio de 2014 los 83 colegios de abogados de España nos concentramos en Madrid para exigir la retirada del actual proyecto de ley de justicia gratuita que se encuentra en trámite parlamentario y que, de salir adelante en sus actuales términos, va a suponer un serio retroceso en el Estado de Derecho y la aparición de nuevas trabas en el acceso a la justicia de los ciudadanos españoles.
¿Saben los ciudadanos que el servicio de orientación jurídica, es decir aquel al que se acude únicamente para recibir información, saber si se tiene o no derecho a la justicia gratuita y, en su caso, conocer la documentación que se debe aportar, va a dejar de ser gratuito? Posiblemente no, pero nosotros se lo contamos: la previsión del Gobierno es crear una tasa por la utilización de este servicio que sólo se recuperará en el caso de que el justiciable vea finalmente reconocido su derecho a la justicia gratuita, cuando todos sabemos que no serán pocas las personas que no podrán ni siquiera afrontar el pago de esa tasa y, en consecuencia, tampoco optar a la defensa de sus derechos por un abogado de oficio.
La reforma del sistema de justicia gratuita que propugna el Gobierno traspasa las líneas rojas del derecho de defensa. Aunque se diga que se han elevado los umbrales de acceso para poder obtener el beneficio, lo cierto es que en muchos casos, como es el de las personas solteras, viudas o separadas que formen unidades familiares de una sola persona, la realidad es bien distinta. Las trabas de acceso a la justicia gratuita se multiplican también en un proyecto que considera sospechoso de abusar del sistema a quien solicite el beneficio 3 veces en un mismo año, o que obliga a quien desee recurrir una decisión judicial a personarse ante el secretario judicial para volver a demostrar que sigue siendo usuario de la justicia gratuita y ratificar su voluntad de recurso.
El proyecto aumenta la burocracia y, con ello, la posibilidad de que se ralentice el reconocimiento del beneficio; olvida la gratuidad de algunas prestaciones básicas; crea desigualdades; menosprecia la labor de los abogados y no garantiza la financiación pública del sistema.
España puede presumir de un modelo de justicia gratuita que es alabado por buena parte de los países de nuestro entorno. Sin embargo, y aun cuando el nº de personas que acceden a este sistema crece año tas año, la realidad es que la inversión en justicia gratuita viene disminuyendo desde el año 2010. Y es también real que mantener un sistema que funciona de forma eficaz gracias al esfuerzo y al trabajo que realizan más de 42.500 abogados 24 horas al día, 365 días al año cuesta a los ciudadanos menos de 5 euros al año. ¿Para qué, entonces, cambiarlo a peor?
Es posible que se nos acuse de corporativismo. Quizá porque también pedimos que la remuneración que perciben los abogados de oficio por un trabajo de valor incalculable se mueva en términos de dignidad. Pero eso no es más que una aspiración legítima de los profesionales que se vuelcan en la defensa de las personas y de los colectivos más vulnerables.
No. Definitivamente no nos mueven razones corporativas. Nos mueve el único animo de exigir a igualdad de todos ante la justicia. Nos mueve la necesidad de defender tu justicia.