Las tasas judiciales provocan una caída de los pleitos

...... de hasta el 21%. Los ciudadanos interponen menos demandas contra las administraciones y también civiles. Los juristas continúan su lucha para derogar este tributo, con el que se han recaudado 316 millones.

J. G. ALBALAT / BARCELONA/Viernes, 25.04.2014

La tasas judiciales impuestas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón están teniendo efectos muy disuasorios para la población y las pequeñas empresas, al limitarles el acceso a la justicia por motivos económicos, según los juristas consultados por EL PERIÓDICO. El nº de pleitos se ha reducido de forma considerable desde diciembre del 2012, cuando se empezó a cobrar las tarifas. En determinadas jurisdicciones y periodos, el descenso ha sido del 21%. 
Los abogados señalan que la bajada en ciudades como Barcelona puede llegar al 40%.
El Gobierno del PP ha reconocido en una respuesta parlamentaria al diputado de ICV, Joan Coscubiela, que la caída de la litigiosidad se debe no solo a la coyuntura económica (falta de recursos para contratar al abogado y procurador), sino también a la ley de tasas, que supone el pago de un tributo por demanda o recurso interpuesto que oscila entre los 100 y los 1.200 euros, más variables por cantidad reclamada.
Según la información facilitada por el Gobierno a ICV, en el 1º trimestre del 2013 (en el escrito pone «semestre», pero según Justicia está equivocado) se produjo un descenso de pleitos del 21% en la jurisdicción contencioso-administrativa y del 14% en el orden civil, mientras que en el social (laboral) hubo un aumento del 1,3%, en comparación con el mismo periodo del 2012. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el cómputo anual, las caídas en el contencioso y en el civil fueron del 15,5% y el 9,2%, respectivamente, mientras que en el social el incremento fue del 2,1%. En el penal, que descendió, no hay tasas.
«El Gobierno se está cargando el Estado de derecho y la tutela judicial efectiva que tienen los ciudadanos, dificultando el acceso a la justicia. Están creando una sociedad de doble rasero. Una justicia para ricos y otra más restringida para los que no tienen recursos. El acceso a los derechos básicos se limitan por una cuestión económica», aseguró a este diario Coscubiela.
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