España es el país de la Unión Europea donde se produce mayor desigualdad y su tasa de pobreza es mayor que la media europea.
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Por Rosana Costa Navarro, responsable del Sector de Intervención Social de FSC-CCOO | 20 Febrero 2014
Después de 5 años de
crisis y de la sucesiva aplicación de reformas y recortes socialmente
injustos y económicamente contraproducentes, la pobreza ha aumentado en
toda Europa y el número de “trabajadores pobres” también. España, antes y
después de la crisis, siempre ha destacado en las estadísticas porque
la tasa de pobreza siempre ha sido sensiblemente mayor que la media
europea.
Actualmente el 28,2% de la población española vive en situación de pobreza, superamos en 5,2 puntos a la UE-15 y en 3 puntos a la UE-28. Igualmente el porcentaje de personas que trabajan y son pobres (12,3%), es 3,2 puntos superior a la media europea.
Y puestos a destacar, hablemos de desigualdad. España somos el país donde se produce mayor desigualdad, siendo los ingresos del 20% de la población más rica 7 veces superior a los ingresos del 20% de la población más pobre. 2 puntos más que la media europea.
¿No tendrá eso alguna relación con los datos macroeconómicos que el Gobierno no para de exhibir como exitosos?
Lo cierto es que mientras en el conjunto de Europa el índice de desigualdad disminuyó en 2012 con respecto al año anterior, en España en esas mismas fechas no solo aumentaba la pobreza, sino también la desigualdad, alcanzando 35 puntos del coeficiente Gini*.
No hay justicia social en las decisiones y políticas que adopta el Gobierno popular. No puede haberla mientras toda la acción política gire entorno a un único objetivo: el cumplimiento del déficit y deuda pública establecido por Europa. Introducir parámetros socialmente justos, pasa por acompasar simultáneamente objetivos y medidas encaminadas a la armonización fiscal y a la equiparación del volumen del gasto social público de España, con respecto a Europa.
No hay justicia social en unos presupuestos que incrementan nuestro déficit histórico en gasto social, reduciendo intensidad protectora y coberturas en materia sanitaria, en servicios sociales de atención a la dependencia, en protección por desempleo, en becas de estudio, en programas de prevención y promoción social. Presupuestos que abocan a la destrucción de miles de puestos de trabajo y a la precarización del empleo publico y privado restante, que configura el conjunto del sector público.
No hay justicia social en las reformas de los sistemas de bienestar, que dejan de ser instrumentos clave de una política redistributiva y compensadora de desigualdades, al limitar el acceso universal a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. Reformas encaminadas a establecer de sistemas duales y mercantilizados donde el acceso a servicios suficientes y de calidad y el ejercicio de derechos esenciales, deja de estar garantizado para todos y queda supeditado a la capacidad adquisitiva de las personas.
No hay justicia social cuando se desregulan derechos y se recorta protección social. Sirva como ejemplo la agresión al sistema público de servicios sociales:
1) Destrucción de la red municipal de atención primaria de servicios sociales, utilizando la reforma de la Administración Local.
2) Reforma del sistema de atención a la dependencia reduciendo coberturas, endureciendo requisitos de acceso y sustituyendo el acceso a la red de servicios mediante oferta pública, por la prestación de ayudas económicas para su adquisición en el mercado, siempre y cuado la economía de las personas con dependencia les permita pagar la diferencia entre la ayuda y el coste real del servicio.
* El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
Actualmente el 28,2% de la población española vive en situación de pobreza, superamos en 5,2 puntos a la UE-15 y en 3 puntos a la UE-28. Igualmente el porcentaje de personas que trabajan y son pobres (12,3%), es 3,2 puntos superior a la media europea.
Y puestos a destacar, hablemos de desigualdad. España somos el país donde se produce mayor desigualdad, siendo los ingresos del 20% de la población más rica 7 veces superior a los ingresos del 20% de la población más pobre. 2 puntos más que la media europea.
¿No tendrá eso alguna relación con los datos macroeconómicos que el Gobierno no para de exhibir como exitosos?
Lo cierto es que mientras en el conjunto de Europa el índice de desigualdad disminuyó en 2012 con respecto al año anterior, en España en esas mismas fechas no solo aumentaba la pobreza, sino también la desigualdad, alcanzando 35 puntos del coeficiente Gini*.
No hay justicia social en las decisiones y políticas que adopta el Gobierno popular. No puede haberla mientras toda la acción política gire entorno a un único objetivo: el cumplimiento del déficit y deuda pública establecido por Europa. Introducir parámetros socialmente justos, pasa por acompasar simultáneamente objetivos y medidas encaminadas a la armonización fiscal y a la equiparación del volumen del gasto social público de España, con respecto a Europa.
No hay justicia social en unos presupuestos que incrementan nuestro déficit histórico en gasto social, reduciendo intensidad protectora y coberturas en materia sanitaria, en servicios sociales de atención a la dependencia, en protección por desempleo, en becas de estudio, en programas de prevención y promoción social. Presupuestos que abocan a la destrucción de miles de puestos de trabajo y a la precarización del empleo publico y privado restante, que configura el conjunto del sector público.
No hay justicia social en las reformas de los sistemas de bienestar, que dejan de ser instrumentos clave de una política redistributiva y compensadora de desigualdades, al limitar el acceso universal a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. Reformas encaminadas a establecer de sistemas duales y mercantilizados donde el acceso a servicios suficientes y de calidad y el ejercicio de derechos esenciales, deja de estar garantizado para todos y queda supeditado a la capacidad adquisitiva de las personas.
No hay justicia social cuando se desregulan derechos y se recorta protección social. Sirva como ejemplo la agresión al sistema público de servicios sociales:
1) Destrucción de la red municipal de atención primaria de servicios sociales, utilizando la reforma de la Administración Local.
2) Reforma del sistema de atención a la dependencia reduciendo coberturas, endureciendo requisitos de acceso y sustituyendo el acceso a la red de servicios mediante oferta pública, por la prestación de ayudas económicas para su adquisición en el mercado, siempre y cuado la economía de las personas con dependencia les permita pagar la diferencia entre la ayuda y el coste real del servicio.
* El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
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