El
fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha abogado hoy, en
referencia a la ley de tasas judiciales, por el libre acceso de todos
los ciudadanos en igualdad de condiciones a la Administración de
Justicia.
Torres-Dulce ha señalado que desea que la aplicación, tanto de esta ley como de otras, redundara siempre en el servicio de los ciudadanos y en la mejora de la Administración de Justicia.
El fiscal general ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la ley de tasas judiciales, de la que se cumplió el 1º aniversario de su aprobación el pasado día 20 de noviembre, y antes de impartir una conferencia en la Facultad de Derecho de Zaragoza.
Ha rehusado hacer cualquier valoración sobre este año de aplicación, porque según ha dicho "probablemente sería injusto y parcial", ya que no disponen en la Fiscalía General de elementos estadísticos sobre la misma.
Asimismo, ha recordado que está pendiente de decisión del Tribunal Constitucional la valoración de aspectos esenciales de la norma por lo que " hay que ser prudentes", ha afirmado.
Sin embargo, Torres-Dulce ha apelado a que, además de la mejora de la Administración de Justicia, la aplicación de la ley "no impida lo que debe de ser una base del Estado de Derecho, y es el libre acceso de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones a la Administración de Justicia".
En relación al proyecto de ley de seguridad ciudadana, ha señalado que no tiene nada que declarar porque todavía "no es carne de informe" por parte del Consejo Fiscal y que, por lo tanto, no se va a pronunciar sobre un texto que todavía puede sufrir determinadas variaciones.
Torres-Dulce ha señalado que desea que la aplicación, tanto de esta ley como de otras, redundara siempre en el servicio de los ciudadanos y en la mejora de la Administración de Justicia.
El fiscal general ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por la ley de tasas judiciales, de la que se cumplió el 1º aniversario de su aprobación el pasado día 20 de noviembre, y antes de impartir una conferencia en la Facultad de Derecho de Zaragoza.
Ha rehusado hacer cualquier valoración sobre este año de aplicación, porque según ha dicho "probablemente sería injusto y parcial", ya que no disponen en la Fiscalía General de elementos estadísticos sobre la misma.
Asimismo, ha recordado que está pendiente de decisión del Tribunal Constitucional la valoración de aspectos esenciales de la norma por lo que " hay que ser prudentes", ha afirmado.
Sin embargo, Torres-Dulce ha apelado a que, además de la mejora de la Administración de Justicia, la aplicación de la ley "no impida lo que debe de ser una base del Estado de Derecho, y es el libre acceso de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones a la Administración de Justicia".
En relación al proyecto de ley de seguridad ciudadana, ha señalado que no tiene nada que declarar porque todavía "no es carne de informe" por parte del Consejo Fiscal y que, por lo tanto, no se va a pronunciar sobre un texto que todavía puede sufrir determinadas variaciones.
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