Justicia recauda más de 4 millones en tasas y desploma un 10% los pleitos

Los elevados gravámenes disuaden a ciudadanos y empresas de resolver sus diferencias en los tribunales. Los juzgados del partido de Zaragoza registran 2.663 demandas menos en los 1º meses de aplicación

E. BAYONA, 09/11/2013

Las tasas judiciales impulsadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, están logrando el perverso doble efecto que el Gobierno central pretendía con su implantación: llenar las arcas del Estado al mismo tiempo que reducen, por encarecer el acceso a los tribunales, el volumen de pleitos que tramitan los juzgados.
Los datos facilitados por el Decanato de la Ciudad de la Justicia revelan que en los 10 1º meses de este año --las tasas entraron en vigor el pasado 20 de noviembre para ser retocadas a la baja unos meses después-- la cifra de asuntos ha bajado en el partido judicial de Zaragoza un 10%, en relación con el mismo periodo del año anterior, en las 2 jurisdicciones en las que la presentación de demandas está sujeta al gravamen: Civil, que incluye el Mercantil, y Contencioso Administrativo. Este partido judicial genera entre el 75% y el 80% de los procesos judiciales de toda la comunidad autónoma.
En esos 10 meses, Hacienda ha recaudado en el partido judicial de Zaragoza más de 4 millones de € en concepto de tasas. Algo más de 3 corresponden a las demandas de 1ª instancia, mientras que otro --según estimaciones de los operadores judiciales, que no incluyen el coste de las reconvenciones y las oposiciones a las ejecuciones-- procede de los recursos de apelación, suplicación y casación que tramitan la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Diversas fuentes insisten en que el volumen de dinero pagado por los ciudadanos y empresas como peaje para poder pleitear puede ser el doble, o más, del que se deriva de las tasas. 
Ello se debe a la obligación de depositar el 0,1% o el 0,5% de la cuantía del pleito --1 o 5 euros por cada 1000 en discusión-- en función, respectivamente, de si el litigante es una persona física o jurídica.
Continua el artículo aquí