Tasas judiciales: afán recaudatorio

CARMEN Pérez 11/05/2013

La anunciada rebaja de un 80% de las tasas judiciales por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en febrero de este año, abrió cierta esperanza a la lógica y al sentido común. Ese tanto por ciento tiene sus condiciones aplicables al interés económico del pleito por lo que en muchos casos la reducción es mucho menor. 
Esta corrección del régimen de tasas judiciales aún pone más en evidencia el espesor y la complejidad de llevar a cabo una ley que adolece de justa, un principio ineludible para cualquier ley por lo que lo más prudente sería aplicar su derogación. 
Como van surgiendo los casos que son motivo de pleito, más se pone en evidencia su confusa aplicación. 
En el Congreso, la diputada del PSOE Susana Sumelzo defendió la supresión de tasas para las víctimas de accidentes de tráfico y familiares en proceso de reclamación de indemnizaciones, algo que, en el caso del accidente ocurrido esta semana en la avenida de Navarra, cuando un minusválido de 87 años en silla de ruedas eléctrica cruzó un paso cebra en rojo provocando un accidente con víctimas y, no, precisamente, del anciano sino del motorista que chocó con él. 
La pregunta que nos hacemos es ¿quién pagaría las tasas?, difícil de saber. 
La diputada puede intentar enmendar la farragosa ley, pero lo cierto es que no hay por donde cogerla. Aunque esta rebaja del ministro mejora la 1ª del 2012, sigue siendo injusta para un sector mayoritario de la población que tendrá pocas posibilidades de ponerse a reclamar compensaciones económicas por ser víctimas de pifias hechas por delincuentes o por malas prácticas en determinados servicios, pues les puede resultar más caro el collar que el perro. ¡Alguien se va a beneficiar!