Una víctima de violencia de género denuncia a España ante la ONU

Ángela González cree que hubo una "completa negligencia judicial y policial" en su caso y busca que "se declare a las autoridades responsables de la muerte" de la menor

EFE Madrid 21/09/2012

Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.

Ángela González Carreño, la madre de una niña de 7 años que fue asesinada en 2003 por su marido durante los trámites de separación, ha anunciado que ayer presentó una demanda contra España ante Naciones Unidas porque considera que en su caso hubo una "completa negligencia judicial y policial".
En un acto en el Colegio de Abogados de Madrid, la mujer, que fue víctima de violencia machista a manos de su marido -quien se suicidó tras el crimen de Andrea, la hija de ambos-, ha recordado hoy que España tenía, como Estado, "el deber de proteger a la menor y no al maltratador, contra el que puso 40 denuncias que no fueron tenidas en cuenta".
"Para mí es terrorismo de género" porque la Justicia "pone por encima de los derechos de los menores los de los maltratadores", sentenció Ángela, que ha decidido llevar "la cadena de vulneraciones de derechos fundamentales" que ha sufrido ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
"Quiero que un caso como el mío no vuelva a suceder", ha pedido -entre lágrimas- Ángela González, que ha asegurado que los maltratos y agresiones que sufrió por parte de su pareja -"manipulador y celoso compulsivo"- comenzaron desde que se quedó embarazada de una niña y no de un varón.
El crimen tuvo lugar la tarde del 24 de abril de 2003, el mismo día en que se celebró una vista oral para definir a quién correspondía el disfrute de la vivienda familiar.  
El hombre amenazó a su mujer con una acción como la que llevó finalmente a cabo antes de quitarse la vida.
Su abogada, Ana María Ruiz Tagle, ha relatado que la pequeña murió a manos de su progenitor de 2 disparos en la cabeza durante una visita abierta dictada por un juez que "no tuvo en cuenta" que se podía producir ese fatal resultado. La letrada ha dicho que fue una "muerte anunciada y cruel" y que todos los escritos que han presentado ante el Ministerio de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional han tenido como respuesta que se trató de "errores" o que se produjo un "conjunto de decisiones (...) que resolvieron lo que estimaron lo más conveniente para canalizar una buena relación entre una niña y su padre".

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