jueves, 13 de diciembre de 2012

Violencia de género el fracaso de una ley

La violencia machista es una lacra que no cesa. 
Mientras una mujer se debate entre la vida y la muerte en Salamanca, tras ser atacada con un hacha por su compañero sentimental, un hombre que mantuvo encerrada en casa durante 1 mes a su pareja ha sido detenido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 
Son sólo 2 ejemplos de lo que ocurre cada día.

la razon/P. Rodríguez/  MADRID- 
En el terreno político y judicial se han puesto en marcha numerosas inciativas, pero no han sido suficientes. 
La Ley Integral contra la Violencia de Género está a punto de cumplir 7 años y el problema está más vivo que nunca. Desde su aprobación, 456 mujeres han perdido la vida y, lo que es peor, las víctimas siguen sin confiar en las instituciones. 
De las 54 mujeres asesinadas en 2011, sólo el 24% habían denunciado su situación.
En el Día Internacional Contra la Violencia de Género:
1)  la falta de desarrollo de la ley, 
2) la mala coordinación entre las administraciones, 
3) la escasa atención personalizada y 
4) las polémicas entre el Poder Judicial y el Ministerio de Igualdad por la imposición de pulseras antimaltrato hacen necesario un cambio de rumbo radical.
Oportunismo
A pesar de ello, el PSOE emitió ayer un comunicado para culpar del drama a «los últimos recortes» en lo políticas sociales de los gobiernos autonómicos y locales del PP, que «están afectando negativamente» a las mujeres y «hacen más difícil la lucha contra esta lacra.

En cambio, el PP ya trabaja para lograr un cambio de tendencia. 
La portavoz popular en la Comisión de Igualdad, Sandra Moneo, explicó a LA RAZÓN que hay mucho que mejorar porque «el PSOE se conformó con la aprobación de la ley pero no la desarrolló». Así, la primera medida del nuevo Gobierno será la reforma de la Ley Integral para que «haya una mayor coordinación entre las administraciones, que las valoraciones de riesgo sean más rigurosas, mejorar el trabajo policial y judicial e incluir a los menores de edad en el ámbito de protección». 
Para lograr este objetivo, el PP estudia la posibilidad de que el Ministerio de Interior asuma la violencia de género, tal y como confirmaron a este periódico fuentes cercanas al gabinete de Mariano Rajoy.
En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad y presidenta de Afammer (Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural), Carmen Quintanilla, considera que una de las prioridades es la protección de los niños. «No puede ser que los niños basen su comportamiento en estereotipos machistas. Hay 800.000 niños, el 10 por ciento del total, que sufren las consecuencias de esta violencia», dijo.

Quintanilla insistió en la necesidad de impulsar la educación en igualdad y evitar que estos episodios comiencen a reproducirse a edades muy tempranas. La diputada del PP se mostró preocupada por los resultados del estudio «Igualdad y prevención de la violencia de género en la adolescencia y juventud», de la Universidad Complutense, que concluye que el 32% de los encuestados corre el riesgo de convertirse en un maltratador. 
«El 5% de las adolescentes ha sido víctima de algún tipo de violencia física o psicológica por parte del sexo opuesto y un 19% podría ser víctima de malos tratos en el futuro porque justifican la agresión como una forma de enfrentarse a los conflictos», afirmó.
Un estudio de la Federación de Mujeres Progresistas insiste en esta preocupante realidad: el 80% de los jóvenes cree que en una relación de pareja las chicas deben complacer al chico, y que los varones son valientes y agresivos por naturaleza, mientras que las jóvenes son más tiernas o comprensivas.

Educación y Justicia
Para luchar contra esta realidad, Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ reiteró la necesidad de la educación como vacuna de la violencia: «La Justicia interviene cuando la violencia ya se ha producido. Es necesario actuar a todos los niveles de la educación para que los patrones de conducta no se reproduzcan». 
En su opinión, el trabajo judicial va por el buen camino.
 «En los 6 primeros meses del año se ha aprobado el 67 % de las órdenes de protección, y el 77 % de las denuncias acabó en condena». 

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